Desmalvinización: La hijaputez de la justicia argentina

Malvinas: luchar conta la mentira

Seguir invocando la figura de delito de lesa humanidad es sumarse a una peligrosa moda adoptada de manera irresponsable para defender lo indefendible


La Nación





Un veterano de Malvinas ondea la bandera argentina en el cementerio de Darwin, donde yacen más de 200 soldados
FELIPE TRUEBA - EFE

“La banalidad del mal” fue la frase acuñada por Hannah Arendt en su libro Eichman en Jerusalén donde aborda el juicio al genocida y ahonda en su personalidad, destacando la ausencia de rasgos criminales o antisemitas en el condenado y atribuyéndole su accionar al deseo de ascenso de un simple burócrata. Bien podría aplicarse dicha expresión a la insistencia de algunos fiscales del fuero federal que continúan peticionando la calificación de lesa humanidad para hechos de supuesto maltrato a conscriptos en la guerra de Malvinas.

El fiscal de Río Grande, Marcelo Rapoport, pidió la detención de 10 militares por supuestos hechos registrados en 1982. Afirma que “las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos”.

La gran mayoría de los casos denunciados que se pretende encuadrar dentro de esta categoría involucran inmovilización y “estaqueamientos” –o “calabozo de campaña”– del subalterno ante actos de grave indisciplina, insubordinación, robos o de cobardía, como modalidad del arresto o sujeción ante la inexistencia en el terreno de un establecimiento donde mantener prisionero al infractor.

Los denunciantes y el fiscal invocan esa calificación con el indisimulable propósito de burlar la prescripción de hechos supuestamente acaecidos hace más de 40 años, garantía que no opera para los delitos definidos en el Estatuto de Roma como de “lesa humanidad”. La prescripción es una institución nacida del Derecho Romano hace más de 20 siglos que impide accionar judicialmente cuando hubiere transcurrido un determinado lapso fijado por las leyes. Actúa para dotar de orden y celeridad a los procesos judiciales y como garantía individual ante persecuciones injustas o irrazonables. Las primeras denuncias sobre maltrato en Malvinas se radicaron 25 años después de los hechos, cuando ya había operado la prescripción, violando también la garantía que asiste a los acusados de ser juzgados en plazo razonable.

Los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad se celebraron en 2006 tras la reapertura de las causas ligadas a delitos cometidos por agentes estatales en la lucha armada de los 70. Estos fallos contra militares y fuerzas de seguridad dieron lugar al fabuloso negociado de millonarias indemnizaciones repartidas por el gobierno a cualquier persona que alegara haber sido víctima de brutalidad policial o militar antes o durante la última dictadura militar, en muchos casos sin probanzas y en otros en juicios amañados que se prolongan aún en el presente, como el denominado “Subzona III” iniciado días atrás en Mar del Plata.

Agrupados en organizaciones de excombatientes, apoyadas por el gobierno kirchnerista, y acompañados por las tan ideologizadas como cuestionadas organizaciones de derechos humanos argentinas, con su carga de odio y venganza hacia las Fuerzas Armadas, los reclamantes sostienen que los hechos constituyeron una continuidad de los métodos ilegales con que las FF.AA. reprimieron el terrorismo guerrillero. La descabellada afirmación parte de considerarlas una organización delictiva, una cuestión que ya abordamos en otras columnas editoriales al mencionar que la Corte Suprema de Justicia había determinado la improcedencia de la apertura de una causa penal por hechos de hace cuatro décadas.

Entre las sustanciales diferencias que vuelven inadmisibles, por absurdos, esos argumentos. la más notoria es que en los casos hoy planteados falta la clandestinidad. A diferencia de los métodos por los que fueron condenados los comandantes del Proceso, los arrestos en Malvinas obedecieron a órdenes emanadas de superiores perfectamente identificados y, en todos los casos, fueron la respuesta ante actos de indisciplina o delitos cometidos por subalternos, contemplados en los reglamentos militares y agravados por haber ocurrido en un escenario de guerra.

Seguir invocando la figura de delito de lesa humanidad es sumarse a una peligrosa moda adoptada irresponsablemente por distintos agentes para defender una tan perversa como redituable matriz. El artículo 7° del Estatuto de Roma establece claramente que para que el homicidio, la tortura o una privación ilegal de la libertad pueda ser considerada delito de lesa humanidad debe haber sido cometida “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Las supuestas víctimas de los hechos bajo investigación denunciados en Malvinas no eran “población civil”, sino ciudadanos sujetos normativamente al estado militar en tiempos de guerra.

Hannah Arendt usaría la frase del comienzo para destacar los procederes de quien seguía órdenes y daba instrucciones sin reflexionar sobre sus consecuencias. En esta banalidad ha caído el representante del Ministerio Público Fiscal, que insiste en su ilegal postura hacia oficiales y suboficiales de las FF.AA. combatientes en las islas, postura que fue acompañada en su momento por las secretarías de Derechos Humanos nacional y de la provincia de Buenos Aires.

Es de esperar que el procurador general de la Nación y las máximas autoridades de ambas secretarías de Estado instruyan a sus subordinados para que cesen en este peligroso extravío lógico, ideológico y jurídico, detrás del cual se esconden nefastas intenciones que nada tienen que ver con el ideal de justicia y, mucho menos, con el Derecho que nos rige.

La economía argentina durante el conflicto

A 40 años de Malvinas, cómo fue la verdadera economía de guerra que enfrentó la Argentina: causas y consecuencias

El plan del ministro Roberto Alemann para ordenar las cuentas fiscales y mantener una buena relación con los acreedores externos se quebró ante el inicio del conflicto en las islas; las tratativas con el FMI, los bancos en Nueva York y la detención de un funcionario por pagar la deuda
Por Martín Kanenguiser || Infobae

El ministro de Economía en 1982, Roberto Alemann

A 40 años del inicio del conflicto, ¿cuáles fueron los ejes de la política económica que intentó llevar adelante el gobierno militar durante la guerra de Malvinas, qué pudo hacer y cuáles fueron las consecuencias de sus acciones?

La primera parte de la pregunta está respondida en un documento que preparó el entonces ministro de Economía Roberto Alemann pocos meses después del final del conflicto armado cuyo 40 aniversario se cumple este año.

En “La política económica durante el conflicto Austral”, presentado ante la Academia Nacional de Ciencias Económicas en 1982, Alemann admitió que, luego de la crisis que determinó el final de la “Tablita cambiaria” de Martínez de Hoz y la fallida experiencia de Lorenzo Sigaut, antes del inicio de la guerra “estaba en marcha una política encaminada a estabilizar la moneda, erradicando de cuajo las fuentes de inflación monetaria, sin alterar el funcionamiento ordenado de los mercados”.

Sin embargo, la operación encarada por el general Leopoldo Galtieri para recuperar poder, “planteó problemas absolutamente nuevos e imprevistos”, señaló el economista, que falleció en marzo del 2020.

“El objetivo principal de la política económica que por entonces consistía en abatir la inflación para desembocar en la reducción del sector público, cedió después del 2 de abril a la necesidad de preservar las reservas monetarias. El Banco Central contaba con activos externos de alrededor de USD 5.000 millones, pero las reservas disponibles eran considerablemente inferiores”, admitió Alemann, en una referencia que podría ser asimilada al presente.

El presidente Galtieri saluda al general Jofré en Malvinas

La primera decisión fue implementar un cepo cambiario al limitar “el mercado de divisas a compras exclusivamente para vencimientos comerciales y financieros con cierta fecha”. La intención, explicó, era contar con “efectivo” para la compra de armamento durante el conflicto.

En materia cambiaria, detalló, trató de demorar la inevitable devaluación generada por el aumento de la desconfianza, hasta que permitió un salto del 25% a principios de mayo, a cambio de colocar derechos de exportación, un instrumento que curiosamente varias décadas después fue reinterpretado como progresista.

En cuanto a la deuda externa, Alemann afirmó que se logró “la renovación de los vencimientos hasta que se superara el conflicto” con el consentimiento de los bancos comerciales, que eran los principales acreedores del país.

En Wall Street consideran que la Argentina fue el primer país en caer en default en los inicios de los 80, aún antes de México, en el inicio de la denominada “década perdida”

Sin embargo, en Nueva York consideraban que la Argentina fue el primer país en caer en default en los inicios de los 80, aún antes de México, en el inicio de la denominada “década perdida”.

Esto se debe a que el gobierno argentino no le pagó a los bancos británicos por la guerra de Malvinas. A fines de 1981, con una deuda externa pública de USD 20.024 millones que apenas se podía pagar, el gobierno militar se hallaba en pleno proceso de desgaste como producto de la crisis económica y por el lento pero progresivo avance del diálogo político, luego de los años más duros de la represión.

Con urgencia para captar fondos, el ministro partió hacia la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Cartagena de Indias para acordar la refinanciación de los compromisos de la deuda soberana de 1982.

Heridos luego de una batalla en Monte Longdon (AFP)

El plan oficial consistía en contratar unos USD 3.500 millones en créditos sindicados a largo plazo y renovar otros USD 7.200 millones. Desde el 26 de marzo, ajeno a los planes bélicos del gobierno, el funcionario comenzó a tejer en el Caribe colombiano la delicada operación para sacar a la Argentina de la cornisa de la cesación de pagos.

A cambio, Alemann se comprometió a mantener la deuda pública y a reducir el déficit fiscal en un 2% durante ese año. La realidad rompería con su juramento, ya que a fines de 1982 los pasivos externos del Estado ascenderían a USD 28.626 millones.

Con menos reparos que José Martínez de Hoz para aplicar un programa de ajuste con el objetivo de reducir la inflación, el ministro diseñó un esquema de “racionalización” del gasto público junto con la secretaría de Hacienda, que había intentado la misma tarea sin éxito desde 1976 a las órdenes de Juan Alemann. Así, Alemann dispuso un congelamiento de los salarios y el recorte de los subsidios a las empresas estatales.

Ante el inicio del conflicto, el equipo económico buscó girar las reservas del Banco Central al FMI, el BIS y otros bancos en los que no pudieran ser embargadas

Tras lograr un rápido “compromiso verbal” para la refinanciación de la deuda, el ministro decidió adelantar su regreso dos días con una escala en Bogotá, para arribar el 30 de marzo a Buenos Aires. Sin embargo, las rutas aéreas no favorecieron sus planes y debió penar durante 25 horas entre un avión y otro para llegar al país a través del Brasil.

Finalmente, aterrizó la tarde del jueves en el aeropuerto de Ezeiza, donde, ansioso, lo esperaba Manuel Solanet para explicarle que el enlace de la Fuerza Aérea con el Ministerio de Economía le había anticipado la noche anterior que el 2 de abril habría novedades importantes en relación con las islas del Atlántico Sur.

Al tanto de la operación militar, en Hacienda se le ordenó al presidente del Banco Central, Egidio Ianella, que girara las reservas internacionales del Banco Central que estaban depositadas en el Banco Central de Inglaterra y en los bancos comerciales de los Estados Unidos. El nuevo destino sería el Banco Internacional de Pagos de Basilea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Reserva Federal de Nueva York, lejos del alcance de un eventual embargo británico.

Margaret Thatcher

Agotado por el extenso viaje desde Colombia, Alemann le dijo a Manuel Solanet en el aeropuerto que nada pasaría en relación con Malvinas y que necesitaba dormir una siesta en su casa para recuperar fuerzas. A las 19, su colaborador lo despertó por teléfono para reafirmar sus temores, pero Alemann volvió a pedirle calma, hasta que a la una de la mañana del viernes convocaron al ministro a una reunión de urgencia del gabinete nacional a las 7 de la mañana en la Casa de Gobierno para analizar una invasión que él desconocía.

Enojado y confundido, Alemann sintió que en un instante su castillo de naipes se derrumbaba: la ansiada lucha contra el déficit y la inflación dejaban paso al gasto militar como prioridad de la política económica.

En la economía de guerra, Alemann limitaría la compra de divisa para evitar la fuga de capitales

Mientras el ministro tomaba conciencia del cambio de escenario, Ianella se aseguraba de que la operación de rescate de las reservas resultara “prácticamente” exitosa, ya que aún restaban 50 millones de libras esterlinas que por cuestiones operativas sólo podrían ser liberadas el viernes 2 de abril. El Ministerio de Economía aprovechó la lentitud del gobierno británico para reaccionar —la premier Margaret Thatcher presuntamente se había enterado de la operación militar argentina a través de la inteligencia norteamericana la madrugada del viernes e impuso el control de capitales recién el sábado— para salvar ese dinero remanente.

Sin embargo, puertas adentro del sistema financiero inglés quedarían congelados durante toda la guerra unos USD 1.450 millones de residentes argentinos, incluidos 70 millones pertenecientes a la comisión de compra de armas de la Armada Argentina, que un integrante de esa fuerza aún menos informado que Alemann se olvidó de retirar.

En la economía de guerra, Alemann limitaría la compra de divisa para evitar la fuga de capitales, el mercado cambiario volvería a desdoblarse, el peso se devaluaría, crecerían las retenciones a la exportación y se adoptarían otras medidas impositivas para enfrentar el crecimiento de los recursos militares, que consumieron USD 450 millones de gasto corriente, más los fondos destinados a la compra de aviones.

Ronald Reagan con Alexander Haig

A pesar del apoyo retórico del sector privado a los planes del ministro, la fuga de un 4% de los depósitos totales del sistema financiero local registrada durante la primera semana de abril demostró los nervios del mercado ante la guerra contra la principal potencia marítima del planeta.

Mientras los argentinos retiraban sus depósitos de los bancos en Buenos Aires y obligaban al BCRA a bajar los encajes para combatir la situación de iliquidez en el mercado, en pleno corazón del conflicto bélico la administración militar lograba mantener cierta confianza en la población de las islas.

En este sentido, la gobernación militar prometió no incautar los bienes de los kelpers y de mantener la estabilidad, a través de un régimen bimonetario con un tipo de cambio fijo (a 20.000 pesos por cada libra malvinense) instaurado luego de un viaje de un funcionario de Economía a Puerto Argentino a mediados de abril, cuando la mediación diplomática del gobierno norteamericano, conducida por Alexander Haig, ya había fracasado.

El ministro Alemann no aceptó las posturas más duras del gobierno militar, pero aceptó suspender los pagos de la deuda, reconociendo una situación de default de facto que estaba latente por la falta de recursos del país

Mientras tanto, con el apoyo de sus aliados de la OTAN y de la Comunidad Económica Europea, Gran Bretaña dispuso el congelamiento de los fondos argentinos y el embargo de las importaciones de origen nacional. En la Argentina el sector más duro de la Junta Militar pidió como represalia la confiscación de los bienes británicos.

Alemann no aceptó, pero sin dudarlo suspendió el pago de los vencimientos de capital de la deuda externa para preservar el nivel de reservas del Banco Central, generando una reacción de histeria entre los banqueros de todo el mundo. Si bien el ministro aseguró que la medida se basaba en el contexto bélico, sus colaboradores más estrechos sabían que la guerra permitiría esconder un default que estaba latente, porque no había dinero más que para pagar uno o dos meses de vencimientos.

El Lloyds Bank del Reino Unido era el principal acreedor individual del país y la Argentina había tomado una buena parte de sus créditos a través de préstamos sindicados, que todos los bancos cobraban a través de una sola ventanilla. Si no cobraba uno, no cobraba nadie.

Alemann comprendió entonces la ineficacia de los mensajes a distancia y viajó a una reunión del Fondo Monetario Internacional en Helsinki, donde el 12 de mayo intentó sin demasiado éxito obtener el respaldo del titular del organismo, el francés Jacques de Larosiére, para lograr un programa de asistencia con la complicada promesa de continuar con un ajuste. Desanimado, dejó Finlandia y comenzó sin pausa una gira por Zurich, París y Nueva York para ofrecerles a los acreedores privados no británicos la posibilidad de cumplir en forma efectiva con los vencimientos del pago de intereses a través de una cuenta en la Unión de Bancos Suizos (UBS). En forma paralela, se habilitaría una escrow account para asentar los compromisos con los bancos ingleses sin pagarles, hasta que Londres levantara las sanciones contra el país.

Un soldado argentino

Esta solución se le ocurrió al abogado Richard Davis, socio del estudio neoyorquino Weil, Gothsam & Manges, ex subsecretario de Finanzas del Tesoro durante la administración de James Carter y experto en sanciones económicas internacionales, contratado por el Ministerio de Economía por el temor a que el gobierno de Reagan cediera a la presión de Thatcher de embargar los bienes argentinos en territorio norteamericano.

En realidad, Davis sólo se limitó a recomendarle al gobierno argentino una fórmula parecida a la que utilizaron los iraníes durante la toma de los rehenes en la embajada de los EEUU en Teherán, para eludir el congelamiento ordenado por el Tesoro en aquel entonces. Davis comenzó su trabajo con una visita a Buenos Aires, antes de que las tropas inglesas llegaran al Atlántico Sur, en la que sugirió reducir al mínimo los incentivos de los bancos para declarar un default formal.

Mientras el represor Alfredo Astiz se rendía sin presentar combate en las Georgias del Sur, el ministro se tranquilizó cuando los bancos no británicos se resignaron a aceptar la propuesta argentina, que hasta recibió elogios del Tesoro de los Estados Unidos.

Un juez ordenó la detención del presidente del BCRA Julio González del Solar por autorizar el pago de la deuda argentina a los bancos extranjeros, un hecho que generó nervios importantes en Nueva York

Sin embargo, puertas adentro del país, Alemann tuvo que soportar la reacción antisemita de algunos integrantes de la Junta Militar, indignados por los fuertes vínculos del estudio Weil, Gothsam & Manges con la comunidad judía de Nueva York.

El 14 de junio de 1982 los militares argentinos se rindieron ante sus pares británicos en Puerto Argentino. La dictadura sellaba su suerte en forma definitiva a costa de la muerte de 649 soldados argentinos en una guerra que Galtieri buscó ganar con la ilusión de recibir la ayuda de los Estados Unidos.

Junto con la derrota en el campo de batalla, el país acumulaba al final de la guerra unos USD 2.000 millones de atrasos en el pago de la deuda que debió empezar a renegociar al día siguiente de la rendición en el Atlántico Sur.

Sin embargo, Alemann afirmó que “los mercados funcionaron normalmente y las medidas de política económica contribuyeron a su mejor funcionamiento, excepción hecha con el comercio y con los pagos al exterior, donde las sanciones injustas de otros países nos obligaron a responder puntualmente sin afectar el crédito argentino en el exterior ni el funcionamiento de la economía argentina en su conjunto”.

Raúl Alfonsín (Télam/jcp)

Luego de aquella trágica experiencia en Malvinas, Galtieri renunció y asumió Reynaldo Bignone, en una gestión desordenada desde el punto de vista económico, con continuas negociaciones con los acreedores para salir del default.

El 4 de octubre de 1983, 26 días antes de los comicios que marcaron el retorno democrático y el ascenso de Raúl Alfonsín al gobierno, el presidente del Banco Central, Julio González del Solar fue detenido cuando regresaba de Washington acusado de “traición a la patria”, por disposición de Oscar Pinto Kramer, un juez de Río Gallegos que se hizo eco del enojo de la Fuerza Aérea porque el gobierno había tomado a Aerolíneas Argentinas como caso testigo para la reestructuración de la deuda de las empresas públicas, de acuerdo con el programa de asistencia firmado a principios de ese año con los bancos del exterior.

El 21 de septiembre los pilotos militares habían expresado su “unánime desagrado por la forma en que se renegoció la deuda de Aerolíneas”, mientras González del Solar y el ministro de Economía, Jorge Wehbe, le rogaban al comité de acreedores que postergaran el ultimátum contra la Argentina, debido a que el gobierno no había cumplido con sus pagos en todo el año.

El juez basó la orden de detención del titular del Central en dos cláusulas del acuerdo: una que otorgaba una garantía oficial para la reestructuración y la otra que cedía la competencia para resolver cualquier diferencia judicial a los tribunales extranjeros.

Con cierto temor por la decisión judicial, el steering committee postergó su intimación al gobierno. El 6 de octubre González del Solar fue liberado por decisión de la Cámara Federal, que acusó a Pinto Kramer de colocar al país “al borde de un default”, que en realidad ya tenía más de un año de vigencia en términos prácticos y que, en los hechos, se prolongaría casi una década más hasta que la Argentina firmó el plan Brady a principios de la década del 90.

En 1985 un jurado declara inocente a un servidor civil británico por fuga de información sobre el crucero Belgrano

El jurado libera a un funcionario en la fuga de secretos de guerra de las Malvinas

GRAHAM HEATHCOTE


Clive Ponting

LONDRES (AP) _ Un jurado dio un duro golpe el lunes 11 de febrero de 1985 contra las duras leyes de secreto de Gran Bretaña al absolver a un funcionario de conducta ilegal al filtrar documentos sobre el hundimiento del crucero argentino General Belgrano en la Guerra de las Malvinas de 1982.

Las aclamaciones aumentaron en el Tribunal Penal Central de Old Bailey cuando el jurado de ocho hombres y cuatro mujeres regresó de casi tres horas de deliberación para anunciar que Clive Ponting era inocente.

Ponting, secretario asistente del Ministerio de Defensa, declaró que filtró la información porque el gobierno del Partido Conservador de la primera ministra Margaret Thatcher había estado esquivando la "vergüenza política" al negarse a responder preguntas en el Parlamento sobre el hundimiento del buque de guerra.

El Belgrano, que fue torpedeado por un submarino británico y cayó con la pérdida de 368 vidas, es el legado más controvertido de la Guerra de las Malvinas. Los críticos dicen que no representa una amenaza para las fuerzas británicas y fue atacado para frustrar una iniciativa de paz peruana y permitir a la Sra. Thatcher librar una guerra total contra los argentinos que habían invadido las Malvinas, una colonia británica en la costa sur de Argentina.

Surgieron informes después de la guerra de tres meses que terminó el 14 de junio de 1982, que los servicios de inteligencia británicos sabían que Belgrano se había alejado de la fuerza de tarea británica y se dirigía hacia Argentina 11 horas antes de que fuera torpedeado.

Ponting, de 38 años, le dijo a la corte durante el juicio de 11 días que pasó los documentos al legislador opositor del Partido Laborista Tam Dalyell porque le interesaba al estado conocer los hechos.

En su resumen, el juez Sir Anthony McCowan dijo que los intereses del estado "eran las políticas de cualquier gobierno que estuviera en el poder".

Después de abrazar a su esposa, Ponting dijo a los periodistas: "Hice lo que creía que era lo correcto en julio pasado y, a pesar de todas las presiones de la fiscalía en el manejo de este caso, 12 personas comunes y corrientes me han mostrado que tenía razón".

Llamó al juicio un "enjuiciamiento descaradamente político por parte del gobierno" y dijo que "era un caso de prueba importante para demostrar que los ministros tienen que rendir cuentas ante el Parlamento".

Denzil Davies, portavoz de defensa de los laboristas, calificó el veredicto como "un gran golpe para la conciencia y la justicia".

El juez aceptó una solicitud de Bruce Laughland, el abogado de Ponting, de que los costos legales no revelados de la defensa deben ser pagados con ″ fondos centrales ″ por los contribuyentes.

Press Association, la agencia de noticias nacional de Gran Bretaña, dijo que los ministros del gobierno "fueron tomados por sorpresa por el veredicto".

Ponting fue suspendido con la mitad del pago desde que fue acusado el año pasado y ahora regresa al pago completo de un secretario asistente de 23,194 libras - $ 25,281 - "en espera de una decisión sobre su futuro", dijo un comunicado del Ministerio de Defensa.

Ponting fue acusado en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1911 y procesado en virtud de la Sección 2, que permite acciones contra cualquier persona que brinde información que el estado quiere ocultar.

Desmond Wilson, presidente de la Campaña por la Libertad de Información, dijo que el veredicto fue una "derrota devastadora e histórica para los últimos defensores solitarios de la Sección 2."

La sección se utilizó el año pasado para imponer una sentencia de seis meses de prisión a la empleada del Ministerio de Relaciones Exteriores Sarah Tisdall, de 23 años, quien fue condenada por dar a un periódico la fecha fijada para la llegada de los misiles de crucero estadounidenses a Gran Bretaña.

VGM: Jueza ordena pago de retroactivo y crea precedente

Un histórico fallo que benefició a un veterano de Malvinas podría establecer un precedente para miles de reclamos

La jueza federal Alicia Braghini ordenó pagar la pensión a un ex combatiente de manera retroactiva, tomando como inicio del beneficio el día que finalizó la guerra, en 1982, y no el de la sanción de la ley que lo estableció, en 1991

Por Fabio Ferrer || Infobae



El fallo puede sentar un importante precedente para más reclamos de veteranos de Malvinas

La jueza federal Alicia Braghini, a cargo del Juzgado de la Seguridad Social nro. 7, hizo lugar al reclamo de un combatiente de Malvinas y ordenó que se le pague el retroactivo de la pensión de veterano de guerra desde que terminó el conflicto –el 14 de junio de 1982– hasta el 31 de marzo de 1991, fecha en que se sancionó la ley que modificó el modo de cálculo del beneficio.

Jorge Roque Leiva, el ex combatiente que presentó el reclamo, alegó que la norma que otorgó la pensión vitalicia a los conscriptos en reconocimiento a su participación en el conflicto bélico del Atlántico Sur debe entenderse que lo hizo desde el mismo comienzo de las hostilidades. Además planteó la inconstitucionalidad de uno de los artículos del decreto reglamentario que limitaba la liquidación de la pensión vitalicia a partir de la presentación de su solicitud. Asimismo cuestionó que la norma establezca que, para el caso de veteranos fallecidos, la fecha a tener en cuenta para comenzar a percibir la pensión es la del deceso, discriminando de esa manera a los ex combatientes sobrevivientes.

La jueza Braghini le dio la razón a Leiva y sostuvo que la pensión tuvo la finalidad de reconocer al veterano de guerra. Y agregó que “es aquí donde centramos la cuestión conceptual: desde cuándo se es veterano de guerra y por ende desde cuándo corresponde el beneficio".

En ese sentido, la magistrada remarcó que “es evidente que la finalidad de la ley del año 1991 fue establecer un reconocimiento y reivindicación históricos, y ello carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que se considerara veterano de guerra a partir del día de la presentación de solicitud y no desde el mismo día en que cesó el conflicto”.


 

En los considerandos del fallo, Braghini dejó en claro que “se es veterano de guerra desde el mismo momento en que cesó el conflicto”. Por esas razones, declaró la inconstitucionalidad del decreto reglamentario por entender que “han sido desnaturalizados tanto el verdadero objetivo cuanto la intención del legislador, que no fue otra que reconocer y reivindicar a quienes participaron de la guerra, a través de una pensión honorífica de carácter no contributivo". El fallo de Braghini es de primera instancia y ahora la ANSES apelará a la Cámara Federal de la Seguridad Social, por lo que no será de aplicación inmediata.

Sin embargo, sienta un precedente relevante porque se da en momentos en que también se está llevando adelante en tribunales un reclamo colectivo por parte de la Confederación de Combatientes de Malvinas contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En noviembre del año pasado, el titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social nro. 2, Fernando Strasser, reconoció el planteo de miles de veteranos como una acción colectiva y ordenó a todos los juzgados previsionales del país que le remitieran cualquier causa relacionada con el tema. En la práctica, este reconocimiento implica que una vez que el juez Strasser dicte sentencia tendría aplicación para todos los veteranos, que suman unos 24.000.

Según Walter Di Giussepe, abogado de la Confederación de Combatientes, entre haberes mensuales y aguinaldos no pagados a cada veterano se le adeudan alrededor de 130 meses de pensión, sumando a esto las actualizaciones e intereses, es decir, una erogación muy alta que debería hacer la ANSES.

Otra jueza que rompe las pelotas con el pasado

Militares deberán responder si en Malvinas enterraron y estaquearon soldados

Diario Uno




La jueza federal de la ciudad de Río Grande, Mariel Borruto, indagará entre el 5 y 6 de diciembre a cuatro ex militares, por hechos que incluyen haber ordenado o ejecutado el enterramiento y estaqueamiento de un grupo de soldados que habían carneado una oveja para soportar la situación de hambruna y frío que a las que fueron sometidos durante la Guerra de Malvinas.

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Los primeros cuatro ex integrantes de las Fuerzas Armadas que fueron citados a declarar (de un total de 18 imputados) son Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino y Gustavo Adolfo Calderini.

Según testimonios que obran en el expediente, el ex mayor Garde y el ex subteniente Gassino aparecen vinculados a un episodio ocurrido "aproximadamente el 1 de mayo de 1982", cuando "comenzó a evidenciarse (en las tropas argentinas) la falta de armamento, vestimenta adecuada y alimentación", lo que hizo que "muchos soldados bajaran de peso y que incluso algunos sufrieran desnutrición".

En ese contexto, un grupo de seis conscriptos ingresó a la propiedad de un habitante de la isla y se llevó una oveja a la que después carnearon y se la comieron.

"Los primeros días recibíamos comida, pero después dejaron de traernos. Incluso no teníamos agua. Empezamos a pasar hambre", describió uno de los conscriptos denunciantes.

Ese mismo soldado contó que cuando la sustracción de la oveja fue conocida por oficiales argentinos, dispusieron un castigo.

VGM arrestado por mostrar bandera argentina en Darwin

Ex combatiente fue detenido en Malvinas por mostrar una bandera argentina

Urgente 24



El ex futbolista Luis Alberto Escobedo viajó a las Islas Malvinas para honrar a sus compañeros fallecidos, y estuvo dos días preso por mostrar símbolos argentinos. "Vivimos una situación muy tensa", relató.

Luis Alberto Escobedo en las Islas Malvinas, antes de ser detenido (Foto: Clarín).
Contenido
Luis Alberto Escobedo tiene 57 años y es ex futbolista (pasó por muchos equipos del fútbol argentino: del ascenso, Los Andes, Temperley y Dock Sud; y de Primera División como Vélez, Belgrano de Córdoba y Colón). Cuando tenía 19 años, mientras hacía el servicio militar, fue trasladado a las Islas Malvinas y combatió contra las fuerzas británicas. La semana pasada viajó por tercera vez a las Malvinas, junto a otros siete ex combatientes, para rendirle homenaje a los soldados argentinos que fallecieron en la guerra. Y pasó dos días detenidos.

"El martes pasado fuimos al Cementerio de Darwin, que está en una zona inhóspita y desértica, a unos 60 km de la ciudad. Hicimos un minuto de silencio y después cantamos el Himno argentino y lanzamos frases como ¡Viva la Patria!... Además, exhibí una bandera que llevo siempre con la imagen de las Islas y la frase Territorio Argentino. En ese momento estaba en el cementerio un periodista austríaco que había llegado en un auto manejado por un kelper, que nos miraba atentamente", le contó Escobedo a Clarín.

Al día siguiente, mientras Escobedo y sus compañeros dormían, llegó la Policía. "Bien temprano vino la policia y, pieza por pieza, nos sacaron los pasaportes, los celulares, las cámaras de foto, la ropa y otras cosas personales. Nos tuvieron detenidos dos días y nos trataron como si fuésemos delincuentes. Nos tomaron las impresiones digitales y nos sacaron fotos de frente y de perfil. Todo porque el chofer kelper nos había denunciado por "ofensas e insultos". Pero nada que ver, solamente honramos la memoria de los nuestros sin ofender a nadie", dijo, aún conmovido, el ex futbolista.

"Despues de declarar durante esos dos días, y con la incertidumbre de que podíamos seguir presos más tiempo, nos absolvieron. El juez desechó la denuncia, pero vivimos una situación muy tensa", relató el ex futbolista que actualmente juega en el equipo Senior de Temperley y en la Selección Argentina de mayores de 50 años.

Escobedo dijo que "los militares ingleses nos entendieron y no dieron la razón y hasta aconsejaron que el Gobierno argentino debería hablar con los kelpers para que bajen los decibeles. Por suerte terminó todo bien, pero esto no tiene que pasar más. Queremos que no vuelva a ocurrir y que otros argentinos que vengan no tengan que pasar lo mismo que nosotros".

Investigan a oficiales y suboficiales por maltratos a soldados

Investigados por crímenes de lesa humanidad, 18 oficiales y suboficiales serán indagados en Tierra del Fuego.

La Justicia de Tierra del Fuego citó a declaración indagatoria a 18 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, acusados de torturar a soldados durante la Guerra de Malvinas.



Ellos son: Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva, Gustavo Adolfo Calderini, Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur y Raúl Antonio Linares.

El juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, decidió citarlos en función de “cuantiosos elementos probatorios” que “permiten sospechar la comisión de delitos”. La causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra ocurrida en 1982.

El fiscal federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) solicitó en mayo de este año la “detención e indagatoria” de 26 militares. El juez Calvete, quien actúa como juez subrogante de la causa, solo hizo lugar a 18 declaraciones, y en lugar de las detenciones dispuso que se notifique personalmente a cada uno de los imputados en sus respectivos domicilios, antes de establecer la fecha en que deberán presentarse en Tierra del Fuego.

El caso todavía tiene pendiente una discusión judicial paralela, acerca de si se trata de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no sujetos a prescripción. El juzgado de primera instancia y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideraron que son crímenes de lesa humanidad, pero aún resta por resolver un recurso de queja presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal.

De acuerdo a la Fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas “habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos ‘estaqueamientos’ y ‘enterramientos’- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida”. Desde el CECIM sostienen que en la causa hay 105 hechos de torturas denunciados y 95 militares mencionados.

Con información de Clarin

Los 3 del patíbulo: Presos que quisieron zafar yendo a luchar a las islas

La historia jamás contada de los ladrones y asesinos que pidieron ir como voluntarios a la guerra de Malvinas

¿Patriotismo o fría especulación? De Robledo Puch a Valor, los presos que se anotaron para ir a las islas para combatir contra los ingleses

Por Rodolfo Palacios |  Infobae



Carlos Eduardo Robledo Puch (Gentileza Mondadori/Diego Sansdtede)

En la soledad de su celda, cuando casi todos dormían, Carlos Eduardo Robledo Puch escribió una carta de puño y letra. Estaba fechada en 1982 y el remitente decía: "Presidente Leopoldo Fortunato Galtieri".

"Me ofrezco como voluntario para combatir en Malvinas", escribió el asesino que en 1972 mató a once personas por la espalda o mientras dormían. Pero el dictador nunca le respondió esa carta.


La tapa del diario Clarín en abril de 1982

Su caso no fue el único: cientos de presos pidieron combatir como voluntarios en la guerra de Malvinas.

"Conozco a varios muchachos que se anotaron, yo no quise anotarme. Estaba preso en Devoto durante esa época. Muchos lo hacían por la Patria y otros para que les bajaran la condena. Lo que sí hice fue donar sangre para los heridos en la Guerra", dice Rubén Alberto de la Torre, ex ladrón de bancos y de blindados.


Luis Valor (Foto Maximiliano Vernazza)

El Gordo Luis Valor, ex líder de la superbanda que robaba bancos y blindados en los años ochenta y noventa, le dijo a Infobae que estuvo en una lista de voluntarios.

-¿Se anotó por patriotismo o para que le bajaran la pena?

-Antes que ladrón soy patriota –dijo Valor. Por mi país soy capaz de dar mi vida. Cuando se cumple una fecha de Malvinas me emocionan las historias de los héroes. Porque está claro que hubo más héroes que cobardes. Cobarde fue el canalla de Astiz.

-No me respondió la pregunta…

-Iba a pelear por la Argentina, pero no soy tonto: si existía alguna posibilidad de que me bajaran los años de prisión, no hablar.

-¿A quién le pidió combatir?

-Con unos compañeros de Olmos armamos una lista que se proponía como escuadrón para ir a combatir. Fue justo cuando pidieron voluntarios para combatir, antes de la guerra. Nos anotamos más de 500: piratas, robabancos, secuestradores, asesinos. Expertos en armas y en asesinatos.

-¿Y qué pasó?

-Nada. El director del penal ni siquiera mandó el pedido a los milicos. "Más que a Malvinas, ustedes van a ir a Sierra Chica a picar piedras", nos dijo el botón. Sé que en otros penales hicieron algo parecido. Y mandamos cosas para los soldados que nunca les llegaron. No entiendo por qué no nos mandaron a la guerra.

-¿No cree que hubiese sido arriesgado alistar a ladrones y asesinos en un Ejército?

-Otros países llevan a criminales. Y otra cosa: yo nunca maté a nadie. Y no hablemos de asesinos porque no hubo peores asesinos que Galtieri y muchos de los militares que mandaron a los pibes. Capaz que los milicos tenían miedo de que se armara una revuelta.

-¿Recuerda que otros presos se anotaron en esa lista?

-Me acuerdo de algunos. Había ladrones con mucho códigos, tipos pesados. Pero no los puedo nombrar, usted me entiende.


Beto De la Torre

En su libro "2922 días: Memorias de un preso de la dictadura", Eduardo Jozami da cuenta de esta movida de los presos.

"La ocupación de Malvinas produjo conmoción en la cárceles. En parte porque la mayoría de los presos apoyó la reivindicación de las Islas, actitud entusiasta que se potenció ante la rápida comprensión de que la guerra introducía una coyuntura que podía ser favorable para la salida en libertad", escribe Jozami.


La tapa de Crónica el 2 de abril de 1982

"Sé que en la Unidad 9 de la Plata se ofrecieron varios internos para combatir. Había muchos presos políticos que tras el apoyo de Montoneros a la guerra quisieron ir a las islas", dice Jozami a Infobae.

El famoso asesino Robledo Puch, que lleva preso poco más de 46 años, le contó hace diez años al autor de esta nota que otros 10 compañeros del pabellón donde estaba alojado pidieron ir a la guerra.

"En 1982 yo tenía 29 años. Le mandé una carta al presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri. Me ofrecí para combatir. No fui el único. Estaba preparado para eso. Sabía usar armas y cómo combatir al enemigo. Hubiese dado la vida por el país. Mi madre habría estado orgullosa de su hijo patriota. Morir por la Patria debe ser incomparable. Hice lo imposible por participar en la guerra de Malvinas. Además quería evitar que murieran jóvenes con un futuro por delante. A cambio no iba a pedir nada. Iba a ir al frente por solidaridad, con mis compañeros de celda donamos la poca ropa que teníamos. Les escribimos cartas a los soldados. Pero no llegó nada. Hubo gente que donó mucho dinero y comida, pero a los pibes no les dieron nada. Los dejaron morir como ratas. Siempre me gustó ayudar".

CC 602: Losito avanza en la cárcel

VGM apresado políticamente por el kirchnerismo se recibe de abogado

El comando Horacio Losito sigue combatiendo en primera línea. Ayer le fue entregado el diploma de abogado, que pudo conquistar estudiando en la carcel, donde injustamente fuera recluido por los esbirros del kirchnerismo. Al jurar por Dios, la Patria y Los Santos Evangelios, rodeado por sus familiares, por los integrantes de la patrulla con la cual combatió hasta desangrarse en Top Malo House, por sus camaradas del Liceo Militar y por nosotros, sus fieles amigos y admiradores, la emoción inundó el salón de la Universidad de Salta en Buenos Aires. También en esto nos debe inspirar el integrante de la Compañía de Comandos 602. Un verdadero héroe de la Patria demostró una vez más que con tesón y decisión no hay nada imposible en la vida, cualquiera sea la situación o la edad. Ahora solo falta que el gobierno haga cumplir la ley y libere a este arquetipo de lo que es un hombre de honor. Gloria al comando de Malvinas Horacio Losito!

Nicolás Kasanzew

El VGM Coronel Horacio Losito, hoy juro nuevamente por la patria, esta vez como abogado.
Un ejemplo de Pertenencia siempre.
Patria es la tierra regada por la sangre de los padres, este hombre en Malvinas se desangró combatiendo, vuelto a la vida por los ingleses y encarcelado por los argentinos por cumplir un mandato dado por un gobierno constitucional.
Fuerte abrazo MALVINERO!

Isleño obtiene documento argentino

Pidió el DNI argentino porque "en las Malvinas violaron sus derechos humanos"

Le concedieron el documento de identidad nacional en julio de este año.




La Nueva

   Jamie Falkland Anderson nació hace 43 años en Dunbar, una pequeña y remota isla al noroeste del archipiélago que constituye las Malvinas, y el 3 de julio de este año obtuvo su documento nacional de identidad, el DNI.

   Desde entonces es otro de los isleños que en los hechos reconoce con su acto la jurisdicción argentina sobre las islas cuya soberanía se disputa con el Reino Unido.

Su historia

   Jamie está en pareja desde 2014 con Linsey Trevaskis. Jamie y Linsey viven hoy juntos en Gales, desde donde denuncian que la hija de la mujer le fue sustraída injustamente por el servicio social de las islas cuando tenía 11 años -hoy tiene 15- y que desde entonces la reclaman sin que nadie los oiga.

   Ambos pidieron al gobierno argentino que la niña también obtenga su DNI no por sangre de la madre ni del padre -que no es Jamie-, sino por haber nacido en las Malvinas.

  “Anderson tramitó y obtuvo su DNI en el consulado en Londres porque nació en la Argentina y reside en Gales. Los trámites de documentación de la hija de su pareja, que habría nacido en Malvinas, están siendo realizados en la Argentina porque la chica nació y reside en territorio argentino donde el consulado en Londres no tiene competencia.", señaló una fuente consular en la sede diplomática en Londres.

  Cuando dice que la chica es argentina, es en una alusión a que toda persona nacida en las Malvinas tiene por ley el derecho a obtener su documento nacional de identidad.

  Al mismo tiempo, fuentes del Gobierno afirmaron al diario Clarín que el caso de la niña lo sigue el Ministerio del Interior pero que debería salir desde la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, a la que le fue conferida la "hipotética" jurisdicción de Malvinas si el continente las administrara verdaderamente.

   Anderson manifestó que su enojo con el gobierno y la sociedad de las islas, y su decisión de tramitar el DNI fue porque en el archipiélago un "grupo de personas manejan la opinión pública, también la que es contraria a la Argentina". Dijo que son "siempre los mismos que gobiernan" y apuntó contra consejeros.



   "Quiero justicia, la quiero porque mis derechos humanos fueron violados, vulnerados y también la quiero para Lindsey y a su hija. Ello no escucharon mi verdad. Me dijeron que yo debería haber tenido remordimiento por cosas que no he hecho. La quiero para Lindsey y su hija porque está condenada sin condena. Lo que le hicieron fue una caza de brujas porque ella y yo cuestionamos toda la integridad del sistema de seguridad de las Islas Falkland", dijo.

   Contó que ha tenido muchos trabajos, fue capataz, empleado de mantenimiento, y que en las islas estuvo el área de exploración petrolera. Que en 2000 fue a vivir al Reino Unido y que se quedó a vivir allí como muchos jóvenes. Que al momento de tener que comparecer en Gran Bretaña ya estaba en las Malvinas, adonde se reencontró con su ex compañera de colegio, Linsey. Fue en 2014. Desde entonces están juntos. La causa le generó a Anderson problemas en la islas, pero adonde según él comenzó su "pesadilla" y la de su actual pareja, mamá de la nena Skye, a la que le quieren otorgar el DNI argentino.

   "Las Falklands son un lugar en el que se perdieron las tradiciones. Hoy hay empleados contratados que están en las islas por dos años, y se quedan sin nuestro historial. Ellos usaron el servicio social de las islas para sacarle su hija a mi mujer (contó que la nena estaría en un hogar para jóvenes)", aseguró Anderson. (Clarín y La Nueva.)

VGM asesinado por su esposa para quedarse con pensión

Una mujer mató a su ex marido, un héroe de Malvinas, para quedarse con su pensión

La mujer planificó el crimen junto a quien es su actual pareja y un tercer cómplice. Fue condenada a prisión perpetua por el homicidio.



Héctor Jesús Barraza creyó que había vivido los peores momentos de su vida cuando participó en el conflicto bélico de Malvinas, cuando con 20 años tuvo que vivir desde adentro del dolor y el sufrimiento de la guerra.
En 2014, su ex mujer, Estela del Valle Figueroa lo traicionó de la peor manera y lo sedujo intentando simular una reconciliación entre ambos para asesinarlo y posteriormente beneficiarse con su pensión de ex combatiente.
La mujer aprovechó la ayuda de Javier Ponce Luque, de 28 años, quien es su nueva pareja y Néstor “Sal Fina” Jar, un hombre de 26 años que trabajaba en un campo y entre los tres lo ejecutaron. Primero lo secuestraron y luego lo llevaron a un descampado, lo encerraron en un baúl y lo prendieron fuego hasta carbonizarlo.



La mujer fue condenada a prisión perpetua por “homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en carácter de coautores”, según la sentencia del Tribunal Oral N°2 de Quilmes.

“La condena es muy cercana a lo que la fiscalía entendía que se podía probar. La participación secundaria de Jara era una de las posibilidades, porque fue quien facilitó el acceso al lugar donde cometieron el crimen”, dijo Sebastián Videla, el fiscal del juicio, respecto de los diez años de pena que dieron a Jara. “Lo más importante, lo que más coincidencias tenía con la prueba, fue todo el armado de Figueroa para planear el homicidio. Ella era la que conocía del dinero de la víctima, la que simuló la reconciliación ante todo el mundo, e incluso se lo hizo creer a él. Su nuevo novio, Ponce Luque, entendemos que fue el autor material del hecho, pero en complicidad y coautoría con ella”, aclaró.
La pensión que recibía Barraza por haber sido ex combatiente de Malvinas era de 100 mil pesos y Estela, que estuvo casada con Héctor durante 15 años, hasta que se separaron en 2007, lo sabía.
“Como mi hermano tenía tanto amor hacia ella, siempre hizo lo que le decía. Nosotros sabíamos de la supuesta reconciliación y nos pusimos contentos por él, porque siempre quiso volver con ella. Varios meses estuvieron visitándose y esas cosas, pero no vivían juntos. Tres o cuatro días antes de que lo mataran, ella se quedó a dormir con él”, recordó Rosa Barraza, hermana de la víctima.

Las llamadas a Malvinas se tienen que cobrar como nacionales

Malvinas: condenan a Telecom por cobrar "llamada internacional" a las Islas
La Justicia falló a favor de un abogado que denunció que la empresa no reconocía como argentinas a las Malvinas, luego de llamar a un amigo tres veces en 2012.
Perfil



Las Islas Malvinas estuvieron a un paso de entrar en los planes de política exterior de Estados Unidos.

La justicia jujeña condenó a la empresa Telecom por facturar como internacional una llamada desde la localidad de San Pedro hacia las Islas Malvinas y obligó a la compañía a aclarar en los diarios de mayor circulación locales y nacionales que "la conexión con el archipiélago se cobra como local interurbana", informaron fuentes judiciales.

La demanda contra la empresa Telecom fue ganada por el abogado Juan Giusti, quien en diciembre de 2012 llamó desde el teléfono fijo de su casa tres veces a un amigo en las Malvinas y luego recibió la factura donde le cobraban la tarifa internacional.

Por ello, la Cámara en lo Civil y Comercial del Centro Judicial de San Pedro condenó el viernes a la multinacional a "emitir una nueva factura corrigiendo el error y a publicar en los dos diarios locales de mayor circulación (El Tribuno de Jujuy y Diario Pregón) y en los diarios nacionales Clarín y La Nación una aclaración sobre la soberanía del archipiélago", advirtiéndole que "de lo contrario se le cobrará 50.000 pesos por día como multa".

"El fallo es impecable", aseguró Giusti a Télam, quien destacó que "lo importante es que Telecom es una empresa concesionaria de un servicio público y al haber facturado como internacional la llamada es como si el Estado argentino reconociera que las Malvinas no son argentinas".

El tribunal aseguró en el fallo que la empresa "ha violado la ley de defensa del consumidor al calificar la llamada efectuada por el actor como internacional".

"Me hirvió la sangre al ver la factura", relató el abogado, quien comentó que demandó a la telefónica por "no admitir la soberanía argentina sobre el archipiélago, reconocida en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional y por violar la resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que establece que 'las comunicaciones a las Islas Malvinas se facturarán como clave 12 interurbana con un descuento del 50 por ciento'".

"No lo hice por la plata, porque en ese momento no eran más de tres pesos, pero me indignó que no se reconozca a las Islas como argentinas, no se puede convalidar eso", afirmó Giusti y contó que, de percibir dinero por las multas, las donará a entidades de bien público de San Pedro.

Al rechazar la demanda, Telecom argumentó que "el usuario tendría que haber reclamado dentro de los 60 días y que nunca hizo el reclamo administrativo ante Defensa del Consumidor".

Sin embargo, la justicia jujeña obligó a la compañía a facturar de nuevo la tarifa de diciembre de 2012 y a publicar en los medios a partir "de un día domingo y por cinco días consecutivos" el siguiente texto: "Telecom Argentina S.A., por orden judicial, rectifica toda facturación o comunicado en el cual tratara las llamadas telefónicas realizadas a las Islas Malvinas como internacionales, aclarando que las llamadas a las Islas Malvinas son locales interurbanas y el costo de dicha llamada se encuentra reducido en un 50 por ciento'".

Asimismo, la Sala IV de esa Cámara exhortó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y a la Comisión Nacional de ex Combatientes de Malvinas a que "controlen la publicación".

Por último, los jueces descartaron que se haya incurrido en un "daño moral" sobre Giusti porque entendieron que el reclamo por la soberanía de las Malvinas es de todo el pueblo y no una "reserva individual".

"Un error en la facturación, como se dijo en los apartados anteriores implica la violación de normas reglamentarias, el desconocimiento de normas territoriales, más no tiene entidad suficiente para afligir el espíritu del accionado al grado tal que pueda llegar a constituir un daño moral", arguyeron.

"Consentir sin consecuencia alguna el desconocimiento de las Malvinas como parte del territorio nacional, implica incumplir el mandato permanente e irrenunciable del pueblo argentino respecto de la recuperación y ejercicio pleno de la imprescriptible soberanía que la Nación Argentina tiene sobre las Islas Malvinas", concluyó la Cámara.

VGM británico fue preso por posesión de arma de guerra

Ex combatiente inglés en Malvinas quiso presumir de un "trofeo de guerra" y terminó preso
Pretendía ganarse una pinta de Guinness. Sin embargo, fue condenado por una corte de Nottinghamshire



Albert Patterson combatió en la Guerra de Malvinas en 1982. Robó un arma a un oficial argentino como “trofeo”, presumió de él 34 años después y terminó preso Albert Patterson combatió en la Guerra de Malvinas en 1982.

Un ex combatiente inglés de la Guerra de Malvinas (1982) fue detenido y condenado a 15 meses de prisión por posesión de arma de guerra, según reportaron diversos medios británicos. Albert Patterson quiso presumir del "trofeo de guerra" frente amigos ansioso por ganarse una pinta de cerveza Guinness. Sin embargo, lejos de eso, el ex paracaidista de Nottinghamshire fue arrestado por la imprudencia que cometió.



La sentencia fue impuesta en abril pasado, pero trascendió por estos días, luego de que varios políticos y ex jefes de las fuerzas armadas británicas se quejaran del trato que recibió "el héroe de guerra".

Patterson señaló que la pistola 9 mm fue sustraida a un "oficial argentino" durante el conflicto que tuvo lugar entre abril y junio de 1982 en el Atlántico Sur por la disputa que ambos países todavía mantienen por la soberanía de las Islas Malvinas. El ex paracaidista indicó que la mantuvo consigo para recordar a los 22 amigos que cayeron en esa guerra.



La guerra del Atlántico Sur enfrentó al Reino Unido y la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas que aún están en disputa (Télam) La guerra del Atlántico Sur enfrentó al Reino Unido y la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas que aún están en disputa (Télam)
En la actualidad las islas están bajo el domino británico, aunque la Argentina insiste ante organismos internacionales sobre la legitimidad de su reclamo (Télam) En la actualidad las islas están bajo el domino británico, aunque la Argentina insiste ante organismos internacionales sobre la legitimidad de su reclamo (Télam)
Luego de que permaneciera en prisión por semanas desde su sentencia, Patterson podrá gozar de su libertad mucho antes de lo esperado. En los primeros días de agosto volverá a las calles, aunque ya sin su "trofeo". "Me quedé impresionado por todo el apoyo que recibí, peores cosas pueden pasar. Estaré fuera en agosto, así que la Guinness puede esperar hasta entonces", indicó en declaraciones al diario The Sun.



El apoyo del que habla Patterson se refiere a las declaraciones hechas por ex veteranos de guerra y políticos que salieron en su defensa en lo que consideraban un abuso de autoridad sobre el hombre de 65 años que sirvió 22 entre el cuerpo de paracaidistas y la Fuerza Aérea Especial (SAS, por sus siglas en inglés).



El General Julian Thompson, quien comandó la Brigada Comando 3 durante Malvinas dijo que si "fuera un miembro de la mafia en Londres, entonces condenenlo, pero no lo es. Cometió un error y ellos deberían darle una sentencia en suspenso, o una multa. La prisión está fuera de proporción, no debió ser tratado como un criminal".

El diputado Johnny Mercer también rechazó la condena al indicar que pudo usarse el "sentido común" para tratar el caso de Patterson teniendo en cuenta su "ejemplar trayectoria como militar".

Sin embargo, a pesar de las presiones que recibió, el juez Christopher Plunkett dijo que había visto las estadísticas del ex paracaidista al servicio de la corona, pero que la legislación le indica que debía enviar al ex combatiente a prisión."En las manos equivocadas estas armas podrían ocasionar la muerte de oficiales de policías o causar otro tipo de violencia. Ese es el riesgo que les preocupa a los parlamentarios", subrayó durante su sentencia.

Soldado del SAS arrestado por posesión de armas

1982 Royal Marine Commandos marchar hacia Puerto Stanley en las Islas Malvinas
Forces.tv

El ex soldado SAS encarcelados por una de pistola trofeo


Un ex soldado SAS ha sido encarcelado durante 15 meses para los delitos de armas de fuego.

Albert Patterson, que sirvió en el ejército británico durante 22 años, había admitido posesión ilegal de una pistola de 9 mm de auto-carga y 177 cartuchos de munición adecuada para ser utilizada con él. También tenía cuatro pistolas Enfield, cinco cargadores de municiones y una parte rifle de auto-carga.

Patterson, que había servido primero con el Regimiento de Paracaidistas y más tarde en las Fuerzas Especiales, dijo que había tomado la pistola de 9 mm a partir de un oficial argentino capturado en la Guerra de las Malvinas. Él dijo al tribunal que lo haya mantenido con el fin de recordar 22 de sus amigos y colegas que habían muerto en el conflicto.



En su defensa Albert Paterson agregó que se había pasado la mayor parte de los últimos 20 años de trabajo en el extranjero y no había entregado las armas en porque las ocasiones en que estaba de vuelta en el Reino Unido no había coincidido con armas de fuego de cualquier amnistía.

Su abogado de Scott Coughtrie dijo a la corte que su cliente "pasó una gran cantidad de tiempo en el extranjero la protección de nuestro país y de nuestra forma de vida."

"Estas armas nunca fueron cargados o se utilizan en el Reino Unido y nunca habían estado en el dominio público".

El caché había sido descubierto por la policía que investiga un robo en el antiguo domicilio conyugal, de 65 años de edad, divorciada de veteranos.

En sentenciar juez Christopher Plunkett dijo al tribunal que había sido un privilegio ver hoja de servicios del Sr. Patterson, sino que la ley no le dejaba otra opción que imponer una pena privativa de libertad:

"En las manos equivocadas estas armas podrían conducir a la muerte de los agentes de policía o causar todo tipo de caos. Es este riesgo es por lo que el Parlamento está preocupado".

Patterson, quien recientemente había estado viviendo en Tailandia, también tendrá que completar libertad condicional supervisada de un año, una vez liberado de la prisión.

Ya hay sin embargo pide que sea liberado, sobre todo desde el Coronel Richard Kemp. El ex comandante de las fuerzas británicas en Afganistán diciendo: "Este es otro ejemplo de nuestras tropas que están siendo perseguidos por un gobierno y los tribunales obsesionados con la corrección política.

"Un héroe SAS que arriesgó su vida para defender nuestro país no debe ser tratado como un traficante de drogas del sur de Londres. Él debe ser liberado inmediatamente. El país debería estar agradecido por lo que hizo ".

No hay pensión para civiles

Malvinas: fallo en contra de siete civiles
La Corte les negó acceder a los beneficios de los combatientes. Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com



Río Grande, desde la base aeronaval partieron varias misiones contra los buques ingleses.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda que habían iniciado en nuestra ciudad siete agentes civiles de la Armada Argentina, quienes reclamaban los beneficios de los combatientes de Malvinas, pese a haber actuado operativamente en el continente, sin pisar las islas durante el conflicto bélico de 1982.

De esta manera, el más alto tribunal nacional, con los votos de los jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Higthon de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, revocó una sentencia anterior de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y aceptó el recurso extraordinario planteado por el Estado Nacional.

En fallo dividido, la Cámara local había considerado que la Base Aeronaval de Río Grande -donde los peticionantes prestaron funciones entre el 2 de abril y el 14 de junio-, formaba parte del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), porque desde allí había partido la mayor parte de las misiones aéreas de ataque dirigidas al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM).

Sin embargo, para el Estado Nacional la interpretación de los camaristas bahienses -hubo disidencia, ya que los doctores Néstor Luis Montezanti y Angel Alberto Argañaraz votaron a favor de los demandantes, mientras que su colega Pablo Candisano Mera opinó en sentido contrario- fue incorrecta y que la normativa que habilita los beneficios "apunta a reconocer a quienes participaron activamente en la guerra" y que los siete peticionantes "no satisfacen el requisito de 'acción'",porque la condición de "combatiente", a los fines debatidos, requiere haber estado destinado en el TOM o haber entrado en acción en el TOAS.

La Corte le dio la razón al Estado Nacional, a partir de otras resoluciones análogas y citó la causa "Arfinetti, Víctor Hugo c/Estado Nacional", con sentencia del 7 de julio pasado.

Los jueces remarcaron que los decretos aludidos exigen que los combatientes hayan cumplido "funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados TOM y TOAS)" y según el artículo 1 del decreto 509/88, la jurisdicción del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur fue determinada "...el 7 de abril de dicho año (1982) y que abarcaba la plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espació aéreo correspondiente".

"(...) Los actores no han cumplido funciones en ninguno de los lugares mencionados. Por el contrario, como efectivamente indican en su demanda, lo hicieron en la Zona de Despliegue Continental que no se encuentra contemplada a los efectos de obtener los beneficios en cuestión", apuntó la Corte.

Tampoco les cabe el complemento mensual ya que se estableció que excombatiente es aquel que "hubiera participado efectivamente en las acciones bélicas de combate desarrolladas en el TOAS.

Lorenzetti, Highton y Maqueda remarcaron que los beneficios son para "reinvindicar y otorgar un reconocimiento" a quienes participaron de manera efectiva en el conflicto bélico.

La Nueva

Tribunal fueguino embarga a petroleras británicas por 156 millones USD

La Justicia ordenó embargos contra petroleras extranjeras que operan en Malvinas
La jueza federal de Río Grande hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas. La cifra asciende a los 156 millones de dólares. 
Perfil


Imputaron penalmente el 21 de abril a las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc. |

Una jueza federal de Río Grande ordenó embargos por más de 156 millones de dólares sobre bienes y activos de empresas británicas y estadounidenses denunciadas por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

Los embargos fueron dispuestos por la jueza federal Lilian Herraez al admitir un pedido de los fiscales Marcelo Rapoport, de Río Grande, Adrián García Lois, coordinador de distrito de Tierra del Fuego, y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Los funcionarios imputaron penalmente el 21 de abril a las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.

Filmus denunció exploración petrolera "ilegal" en MalvinasSegún el Ministerio Público, la imputación fue por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", dado que no cuentan "con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".

Herraez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó embargos por más de 156.432.000 millones de dólares. La medida incluye el secuestro de buques, de una plataforma semisumergible y cuentas bancarias de empresas británicas y estadounidenses.

Además, la magistrada ordenó el cese inmediato de la exploración y explotación en territorio argentino, medida que se había solicitado en el requerimiento de instrucción debido a los graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas.

La orden judicial será notificada a la Cancillería para que, por vía diplomática y en cumplimiento de los pactos de cooperación internacional en materia judicial, sea derivada para su ejecución ante los tribunales de cada país en los que se encuentren radicados los activos identificados. Asimismo, la jueza autorizó al Ministerio Público Fiscal a realizar medidas tendientes a poner en conocimiento de lo decidido a los organismos internacionales correspondientes para hacer efectiva algunas de estas medidas, entre otras destinadas al embargo de bienes, cuentas bancarias y acciones, mediante la articulación de mecanismos internacionales.

Cuatro petroleras británicas no podrán invertir en Argentina hasta 2033

Al momento de presentar la denuncia, Gonella, mencionaba que "cualquier persona física o jurídica, cualquier Estado que desee realizar actividades de esta naturaleza en nuestro territorio, tiene que contar con la autorización de las autoridades estatales". "En este caso –por tratarse de recursos naturales sometidos a la soberanía del Estado- y como se detectó a partir de una investigación de Cancillería que buques extranjeros de empresas extranjeras estaban haciendo este tipo de actividades sin contar con autorización, se iniciaron ya en el año 2010 sumarios administrativos y se sancionó a estas empresas", según la web de fiscalías nacional.

El fiscal advirtió que "como no cesaron con esta actividad, se presentó una denuncia penal en el marco de la ley 26.659 que regula estos delitos".