Documento chileno de 1982 reconociendo los derechos argentinos
1/5 — MALVINAS: UN DOCUMENTO CHILENO QUE MERECE SER LEÍDO
Me han señalado un documento verdaderamente notable conservado en los archivos de la Presidencia chilena de Patricio Aylwin (1990-1994). Se titula Notas sobre la posición de Chile en la cuestión de las Islas Malvinas-Falkland y forma parte del fondo presidencial depositado en la Universidad Alberto Hurtado.
Son apenas cinco paginas, sin fecha precisa, pero de extraordinario interés para comprender cómo se analizaba la cuestión de las Malvinas en determinados círculos diplomáticos chilenos.
Lo primero que sorprende es que el documento reconoce la existencia de una corriente favorable a los argumentos británicos entre personalidades vinculadas a la diplomacia chilena durante la guerra de 1982.
Sin embargo, menciona también un informe reservado de la Dirección Jurídica de la Cancillería chilena, fechado el 24 de mayo de 1982, que concluía, después de estudiar el principio del uti possidetis, que los títulos jurídicos argentinos eran superiores a los británicos sobre las Malvinas.
El informe introducía una reserva respecto de las Georgias del Sur, Sandwich del Sur y otras islas atlánticas. El autor de nuestra nota critica precisamente esa distinción y considera que puede perjudicar los intereses territoriales y antárticos de Chile.
Lo interesante es que no estamos ante un alegato argentino, sino ante una reflexión chilena sobre los fundamentos jurídicos de su propia política exterior.
Y sus conclusiones son bastante mas complejas de lo que suele leerse en las polémicas nacionalistas de nuestras redes sociales.
Documento: Notas sobre la posición de Chile en la cuestión de las Islas Malvinas-Falkland. Archivo Presidencial 003136, referencia 37-2-13. Fondo Patricio Aylwin, Universidad Alberto Hurtado, Chile.
Transcripción del documento chileno:
Aide-mémoire
Notas sobre la posición de Chile en la cuestión de las Islas Malvinas-Falkland
1. Durante la llamada "Guerra de las Malvinas" aparecieron en la prensa chilena testimonios de personalidades vinculadas a la Cancillería, tales como los ex embajadores Raúl Bazán, Oscar Pinochet, Guillermo Lagos y Sergio Gutiérrez. Con la excepción del último de ellos, sus opiniones se inclinaban a aceptar una cierta legitimidad (i.a., prescripción) de la presencia británica en las Malvinas. Posteriormente, el historiador Oscar Espinoza y el almirante (R) Carlos Chubretovich han escrito obras en defensa de la posición británica.
2. La Cancillería recabó de su Dirección Jurídica una opinión (Informe Reservado n.º 65/82) emitida con fecha 24 de mayo de 1982. Este concluye, tras un erudito análisis del uti possidetis, en la superioridad de los títulos jurídicos argentinos, salvo en lo que se refiere a las actuales dependencias de las Malvinas (Georgia del Sur, Sandwich del Sur y otras islas atlánticas). Esta última conclusión proviene del desconocimiento de todos los tratados posteriores al de Tordesillas, mediante los cuales España y Portugal negociaron su demarcación territorial en América.
3. Ocasionalmente, la Cancillería ha emitido circulares a nuestras Misiones Diplomáticas, en que recoge esta equivocada distinción entre las Malvinas y las demás islas (distinción que por cierto no es hecha ni por el Reino Unido ni por Argentina) y que puede perjudicar nuestra posición al alentar tesis de "defrontación" sobre la Antártida. Aún más delicado es el hecho que algunas de dichas circulares reflejan el deseo de aminorar el apoyo a las tesis jurídicas argentinas con una ambigua expresión de reconocimiento de la presunta importancia de la autodeterminación presunta de los habitantes del archipiélago en términos que no se compadecen con la doctrina de Naciones Unidas sobre la materia.
2/5 — CUANDO CHILE RECONOCÍA LOS ACTOS ARGENTINOS DE SOBERANÍA SOBRE MALVINAS
Otro de los aspectos de interés histórico-jurídico del documento es el examen de los antecedentes coloniales y de la conducta posterior de Chile frente al ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
El autor reconoce que determinados documentos de la administración española podrían haber servido de fundamento para una eventual controversia entre Chile y Argentina respecto de los derechos territoriales derivados del uti possidetis iuris de 1810.
Entre esos antecedentes menciona referencias a las islas Sebaldas, identificadas con las Malvinas, en documentos correspondientes al antiguo Reino de Chile. También alude a instrucciones reales de 1769 vinculadas con las disputas entre España y Gran Bretaña por la posesión del archipiélago.
Sin embargo, el documento distingue entre la existencia de antecedentes coloniales susceptibles de diferentes interpretaciones y la conducta efectivamente observada por los Estados después de la independencia.
En este sentido, el autor señala un hecho significativo: Chile no formuló reclamaciones territoriales frente a los actos de posesión y administración ejercidos por las autoridades argentinas en las Malvinas a partir de 1820.
Esta circunstancia adquiere relevancia porque, durante ese período, las Provincias Unidas del Río de la Plata comenzaron a ejercer públicamente actos de autoridad sobre el archipiélago, en continuidad con los derechos territoriales que consideraban heredados de la Corona española.
El documento recuerda, además, la reacción chilena ante el ataque de la corbeta estadounidense USS Lexington contra el establecimiento argentino de Puerto Soledad, ocurrido en diciembre de 1831. En aquella oportunidad, el periódico oficial chileno El Araucano manifestó su solidaridad con la Argentina, reconociendo así el carácter argentino de los intereses afectados por la intervención estadounidense.
El episodio resulta particularmente significativo por haberse producido antes de la ocupación británica de enero de 1833 y en un momento en que la presencia administrativa argentina en las islas constituía una realidad conocida por los gobiernos de la región.
El autor también menciona una sugerencia de Bernardo O'Higgins, formulada en 1831, favorable a una eventual ocupación chilena de las Malvinas. Sin embargo, atribuye a este antecedente un valor limitado frente a la ausencia de reclamaciones oficiales chilenas y a las manifestaciones públicas de apoyo a la Argentina.
La distinción tiene consecuencias jurídicas. Una referencia cartográfica o administrativa del período colonial no equivale necesariamente a un título territorial exclusivo, especialmente cuando existen antecedentes contradictorios sobre las jurisdicciones de la antigua monarquía española. Del mismo modo, una propuesta individual de ocupación no constituye, por sí misma, un acto de soberanía ni una reclamación formal del Estado.
Por el contrario, la conducta diplomática posterior a la independencia permite examinar cómo los nuevos Estados interpretaron en la práctica la distribución territorial heredada de España.
En el caso de las Malvinas, el autor considera que la falta de protestas chilenas frente al ejercicio de autoridad argentina, junto con las manifestaciones de solidaridad de 1831, constituye un antecedente favorable al reconocimiento de los derechos de las Provincias Unidas del Río de la Plata sobre el archipiélago.
Ello no significa que el silencio de Chile, considerado aisladamente, baste para establecer la soberanía argentina. Su relevancia reside en que puede interpretarse conjuntamente con los títulos históricos invocados por Argentina, los actos de administración realizados desde 1820 y los posteriores acuerdos territoriales entre ambos países.
De esta manera, el documento no desconoce la existencia de antecedentes coloniales que podrían haber dado lugar a interpretaciones diferentes. Los examina, pero concede mayor importancia a la conducta efectiva de Chile durante las primeras décadas de vida independiente.
La conclusión es que los derechos argentinos sobre las Malvinas no encuentran sustento únicamente en la sucesión de los títulos coloniales españoles, sino también en el ejercicio público de autoridad sobre las islas y en la ausencia de reclamaciones territoriales contemporáneas por parte de Chile.
Desde esta perspectiva, el reconocimiento chileno de la posición argentina aparece como el resultado de una continuidad histórica y jurídica que se remonta al período posterior a la independencia y precede a la ocupación británica de 1833.
3/5 — EL TRATADO DE 1881: ¿POR QUÉ CHILE CONSIDERABA ARGENTINAS LAS MALVINAS?
Uno de los aspectos jurídicos más relevantes del documento es el análisis de los tratados de límites celebrados entre Chile y Argentina y sus consecuencias para la cuestión de las Islas Malvinas.
El autor sostiene que la posición chilena no debe fundamentarse exclusivamente en el principio del uti possidetis iuris y en los títulos territoriales heredados de España, sino también en los acuerdos mediante los cuales ambos países reconocieron y delimitaron sus respectivas jurisdicciones.
En primer lugar, recuerda el acuerdo provisional negociado en 1878 entre Diego Barros Arana y Rufino de Elizalde, cuyo artículo X hacía referencia a las islas del Atlántico situadas al norte del Estrecho de Magallanes como territorios argentinos. El instrumento contenía, además, un compromiso de defensa conjunta frente a eventuales ocupaciones extranjeras de los territorios sometidos a arbitraje.
Aunque se trataba de un acuerdo provisional, su contenido resulta significativo como antecedente de las posiciones territoriales sostenidas por ambos países durante las negociaciones limítrofes del siglo XIX.
El documento examina posteriormente el Tratado de Límites de 1881 y las interpretaciones formuladas por Chile y Argentina durante el arbitraje del canal Beagle.
En ese procedimiento, Chile sostuvo que la denominada «cláusula de las islas», contenida en el artículo III del Tratado de 1881, comprendía también las Malvinas y otros archipiélagos del Atlántico Sur, incluidas las Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Argentina, en cambio, fundamentaba su interpretación en la adjudicación territorial de la Patagonia y en el principio de división entre los espacios atlántico y pacífico.
El tribunal arbitral consideró más plausible la interpretación chilena de aquella cláusula, aunque su pronunciamiento no tenía por objeto resolver la controversia de soberanía sobre las Malvinas.
La importancia de estos antecedentes reside en que, pese a sus diferencias interpretativas, las posiciones de ambos países partían del reconocimiento de que las Malvinas correspondían a la Argentina dentro del ordenamiento territorial establecido entre ellos.
Esta coincidencia posee un interés histórico-jurídico particular. Los tratados y las posiciones diplomáticas examinadas permiten sostener que el reconocimiento chileno de los derechos argentinos sobre las Malvinas no dependía exclusivamente de consideraciones políticas circunstanciales, sino que encontraba antecedentes en la propia historia de las negociaciones limítrofes entre ambos Estados.
Naturalmente, los acuerdos celebrados entre Argentina y Chile no pueden, por sí mismos, determinar la soberanía sobre un territorio frente a un tercer Estado que no participó en ellos. Sin embargo, constituyen antecedentes relevantes para establecer cómo ambos países entendían sus respectivos derechos territoriales y qué consecuencias jurídicas atribuían a los límites acordados.
Desde esta perspectiva, el autor considera que el reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Malvinas es coherente tanto con los títulos heredados de la administración colonial española como con los compromisos territoriales asumidos posteriormente por Chile.
La conclusión enlaza con el argumento central del documento: la defensa de los derechos argentinos sobre las Malvinas no constituye solamente una expresión de solidaridad regional, sino también una posición compatible con los fundamentos históricos y jurídicos sobre los cuales Chile ha construido y defendido sus propios derechos territoriales.
4/5 — MALVINAS, ANTÁRTIDA Y PUNTA ARENAS: LOS INTERESES CHILENOS
El documento adquiere especial interés cuando examina las consecuencias geopolíticas de una eventual restitución de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
El autor señala que Chile posee intereses propios en el Atlántico Sur y la Antártida, especialmente por la superposición de las reivindicaciones territoriales chilena, argentina y británica. En consecuencia, considera que la cuestión de las Malvinas no puede interpretarse como un conflicto completamente ajeno a los intereses chilenos.
La ubicación estratégica del archipiélago influye sobre las comunicaciones con la Antártida, la investigación científica, el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo económico de los puertos australes.
En este contexto, el documento recuerda que Punta Arenas había mantenido históricamente relaciones comerciales con las Malvinas. Sin embargo, durante el conflicto de 1982, el Gobierno chileno desalentaba las comunicaciones aéreas y marítimas con las islas. El autor cuestiona esta política por considerar que perjudicaba los intereses económicos de la región de Magallanes sin obtener beneficios equivalentes de Argentina.
Esta observación permite comprender que el documento no constituye una manifestación de solidaridad incondicional con Buenos Aires. Su autor procura conciliar el reconocimiento de los derechos territoriales argentinos con la defensa de los intereses económicos y estratégicos de Chile.
A partir de este razonamiento, propone una solución que contempla la neutralización, desmilitarización y desnuclearización del archipiélago. Para ello, sugiere considerar algunos mecanismos inspirados en el Tratado Antártico, que permitan reducir las tensiones militares y facilitar la cooperación científica y comercial, sin impedir una negociación posterior sobre la soberanía.
La propuesta distingue, por tanto, entre la cuestión jurídica de la titularidad territorial y las condiciones políticas y estratégicas necesarias para alcanzar una solución pacífica. El reconocimiento de los títulos históricos argentinos no excluiría la posibilidad de establecer acuerdos internacionales destinados a garantizar la seguridad regional y proteger los intereses legítimos de los países vecinos.
Desde esta perspectiva, las Malvinas podrían dejar de constituir un foco de confrontación militar para integrarse en un sistema de cooperación en el Atlántico Sur, con participación de los Estados directamente interesados.
El interés histórico del documento reside en que, aun reconociendo los fundamentos jurídicos de la posición argentina, su autor propone abordar las consecuencias de una eventual transferencia de soberanía mediante acuerdos que contemplen también la seguridad, las comunicaciones y el desarrollo económico del extremo austral de América del Sur.
5/5 — POR QUÉ CHILE DEBERÍA DEFENDER LA SOBERANÍA ARGENTINA SOBRE MALVINAS
La conclusión de mayor relevancia histórico-jurídica del documento se encuentra en su punto 16, donde el autor sostiene que la soberanía sobre las Islas Malvinas corresponde a la República Argentina, conforme a los títulos territoriales derivados de la dominación española, los tratados de límites celebrados entre Chile y Argentina y la interpretación de los acuerdos históricos entre las coronas de España y Gran Bretaña.
El fundamento de esta posición reside en el principio del *uti possidetis iuris*, conforme al cual los Estados hispanoamericanos, al alcanzar su independencia, sucedieron a la Corona española en los derechos territoriales correspondientes a sus respectivas jurisdicciones coloniales. Bajo esta interpretación, la soberanía argentina sobre las Malvinas no constituye una pretensión territorial originada con posterioridad a la ocupación británica de 1833, sino un derecho preexistente, derivado de la sucesión de los títulos que España ejercía sobre el archipiélago.
Desde esta perspectiva, la cuestión fundamental no consiste en determinar cuándo comenzó la reivindicación argentina, sino en establecer la titularidad de la soberanía al producirse la emancipación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La posición favorable a la Argentina sostiene que los derechos españoles sobre las Malvinas fueron transmitidos al nuevo Estado por sucesión territorial, sin que la posterior ocupación británica pudiera, por sí misma, extinguir esos títulos.
El autor sintetiza el alcance de su razonamiento mediante una afirmación particularmente significativa:
«No se trata de un gesto de mera solidaridad con Argentina».
Esta observación permite comprender que la defensa de los títulos argentinos no responde exclusivamente a consideraciones de afinidad política o solidaridad regional. Por el contrario, se fundamenta en la necesidad de preservar la coherencia de los principios jurídicos que rigieron la formación territorial de los Estados surgidos de la independencia hispanoamericana.
Para Chile, esta cuestión reviste una importancia particular. El reconocimiento de los derechos argentinos sobre las Malvinas, sustentado en la sucesión de los títulos coloniales españoles, resulta congruente con los fundamentos históricos y jurídicos que el propio Estado chileno ha invocado para establecer y defender sus límites territoriales. Una interpretación que relativizara la eficacia de aquellos títulos podría introducir dificultades doctrinarias para la fundamentación de sus propias posiciones, especialmente en aquellas controversias donde la delimitación de las antiguas jurisdicciones coloniales constituye un antecedente relevante.
En este sentido, el documento plantea una relación directa entre la cuestión de las Malvinas y la consistencia del orden jurídico territorial sudamericano. Si la sucesión de los derechos de la Corona española constituye uno de los fundamentos de la soberanía de las repúblicas hispanoamericanas, la aplicación de ese principio debería mantener una razonable uniformidad, sin quedar subordinada a las circunstancias políticas particulares de cada controversia.
El razonamiento adquiere especial interés cuando se considera la posición geográfica y estratégica de Chile respecto del Atlántico Sur y la Antártida. El autor advierte que determinadas interpretaciones favorables a la posición británica, así como algunas distinciones entre las Malvinas y sus dependencias, podrían producir consecuencias jurídicas desfavorables para los propios intereses territoriales chilenos. En particular, señala los riesgos derivados de las denominadas tesis de «defrontación» antártica y de aquellas formulaciones que atribuyen a la autodeterminación de los habitantes del archipiélago una relevancia incompatible, según su interpretación, con el tratamiento de la controversia en las Naciones Unidas.
De este modo, el reconocimiento de los títulos argentinos aparece vinculado a una cuestión doctrinaria más amplia: la preservación de los principios de sucesión territorial, continuidad de los títulos soberanos e integridad territorial frente a pretensiones fundadas en ocupaciones posteriores.
Corresponde señalar que el texto constituye una nota de análisis conservada en los archivos presidenciales chilenos y no una declaración oficial de política exterior. Sus conclusiones deben atribuirse, por tanto, al autor del documento y no necesariamente al Gobierno de Chile. Esta distinción no disminuye su interés como fuente histórica, puesto que permite identificar una línea de argumentación jurídica presente en el ámbito diplomático chileno durante la Guerra de Malvinas de 1982.
El documento tampoco omite las dificultades que podría suscitar una eventual restitución de la soberanía argentina. Considera las preocupaciones chilenas en materia de seguridad, las consecuencias económicas para Punta Arenas y la conveniencia de una participación diplomática más activa de Chile para resguardar sus propios intereses. Sin embargo, estas consideraciones pertenecen al terreno de la política exterior y no alteran, en el razonamiento del autor, la cuestión relativa a la titularidad jurídica originaria del territorio.
La distinción resulta fundamental. Los efectos económicos, militares o estratégicos de una modificación del control efectivo sobre las islas pueden justificar negociaciones y mecanismos de cooperación, pero no constituyen por sí mismos títulos de soberanía capaces de desplazar derechos territoriales anteriores.
En consecuencia, la posición examinada no propone que Chile favorezca a la Argentina por razones meramente circunstanciales. Sostiene, antes bien, que el reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Malvinas se corresponde con una interpretación del derecho territorial hispanoamericano que también resulta relevante para la defensa de los propios derechos de Chile.
Esta es la principal aportación histórico-jurídica del documento. La controversia de las Malvinas aparece vinculada a los procesos de sucesión de Estados posteriores a la disolución del Imperio español en América y a la continuidad de los títulos territoriales originados durante el período colonial. Desde esa perspectiva, la ocupación británica de 1833 no constituye el punto de partida de la controversia, sino un episodio posterior que debe examinarse a la luz de los derechos preexistentes.
Por consiguiente, la defensa de los títulos argentinos sobre las Islas Malvinas puede formularse como una posición jurídicamente coherente con el principio del *uti possidetis iuris* y con la tradición territorial de los Estados hispanoamericanos. El interés del documento reside precisamente en que esta interpretación procede de un análisis elaborado desde la perspectiva de los intereses chilenos, y no desde la argumentación diplomática argentina.
En definitiva, el autor considera que reconocer los derechos argentinos sobre las Malvinas no implica una concesión política ni un simple acto de solidaridad entre Estados vecinos. Constituye, según su razonamiento, una consecuencia de aplicar de manera consistente los principios históricos y jurídicos sobre los cuales se asentó la sucesión territorial de las antiguas posesiones españolas en América y que continúan formando parte de los fundamentos de la soberanía de las repúblicas sudamericanas.
