Los acuerdos de Madrid cumplen con las consignas de Lord Shackleton
SAEEG
César Augusto Lerena*
En 1848 Sir William Molesworth, quien en 1855 sería el
secretario de Estado para las Colonias del Reino Unido, decía: «En las
miserables islas Malvinas, no se da el trigo, no crecen árboles, están abatidas
por los vientos; desde 1841 nos costaron 35 mil libras, sin retorno ni
beneficio alguno. Decididamente, soy del parecer que esta inútil posesión se
devuelva, desde luego, al Gobierno de Buenos Aires, que justamente la reclama».
Pasarían 128 años
para que los británicos se dieran cuenta que la riqueza estaba en el mar y no
en las islas, cuestión, que los gobernantes argentinos siguen sin entender. El 3 de
enero de 1976 llegaba a Malvinas Lord Shacketon y seis meses después, el 21 de
julio, el Foreign Office
presentaba en 450 páginas el relevamiento sobre la pesca, la producción lanera,
el petrolero y la minería, informando que en un radio de 200 millas de Malvinas
podrían encontrarse “uno de los mayores recursos mundiales de proteínas” y
decía que solo la “pescadilla
azul” representa el volumen total de la pesca del Reino Unido. Para
ese entonces en las islas ya se pescaba bacalao, polaca, merluzas varias,
abadejo y calamares; especies que, hasta nuestros días, son explotadas
ilegalmente en Malvinas, extrayendo un promedio de 250 mil toneladas anuales.
Las recomendaciones de Shackleton
fueron suficientemente estimulantes para justificar la continuidad de la
invasión británica en Malvinas, ya que si bien la actividad pesquera argentina
en el continente estaba iniciando su producción industrial y el comercio
exterior, las capturas nacionales en el extremo sur eran casi inexistentes. El
total de las exportaciones pesqueras argentinas en 1976 alcanzaban solo las 113
mil toneladas, mientras que el promedio de extracción pesquera de los buques
extranjeros en Malvinas ―como dijimos― ya era de 250 mil toneladas/año.
Todo estaba por hacerse en materia
pesquera en la Argentina y el informe inglés ya lo precisaba respecto a
Malvinas. Podríamos mencionar, sin demasiado detalle, que a falta de pescado el
rey de España Carlos IV en 1789 había establecido una pesquera en Puerto
Deseado. Por su parte, en 1904 comenzó a operar la Compañía Argentina de
Pescado S.A. en la isla San Pedro (Georgias del Sur) para la caza de ballenas;
en 1914 se instaló la primera fábrica de conservas de pescado en Puerto Madryn
y hacia 1948 se iniciaba esta actividad en Mar del Plata. Con el aporte de
familias belgas, italianas y españolas en la década del 60 se incrementaba el
consumo de pescado en el país y en la década del ‘70, como producto de la
demanda externa, la exportación de productos pesqueros congelados provocó la
construcción de plantas de fileteado, cámaras, etc., y el cambio de buques
costeros por fresqueros de altura y congeladores y aún, con vaivenes, se inició
el gran desarrollo industrial y exportador desde Mar del Plata, comenzando a
radicarse también industrias en la Patagonia.
José Enrique Greño
Velasco, al respecto nos dice: «Para el Reino Unido, ante el fracaso de poner
el pie en el continente, Malvinas representa su único punto de apoyo para la
continuación de los empeños en lograrlo». Por su parte, Oscar Cosentino,
entiende: «Es todavía más importante negar al enemigo el uso de estas Islas».
¿Ignorancia de la diplomacia
argentina? En Ginebra en 1988, el Canciller Caputo y el embajador García del
Solar con el embajador británico Crispín Tickell (todos fallecidos) acordarían
en las negociaciones previas a “los Acuerdos de Madrid” ―que cerró en 1989/90
Cavallo― no hacer mención a la cuestión pesquera, la que consideraban una
cuestión menor. Craso error. Sobre ello el director británico de pesca en
Malvinas John Burton expresó: “sin
la pesca no hubiésemos subsistido en las islas” (El Cronista, 14/03/2012).
No parece que ninguno de los negociadores argentinos, hubiesen leído el Informe
Shackleton ni conociesen las estadísticas pesqueras publicadas por los isleños,
ni tampoco este documento, que promovía “convocar a una Convención
Internacional para controlar las pesquerías en el Océano Austral”.
La delegación argentina no tuvo
expertos en pesca. A Cavallo lo acompañó el embajador Aldo Dadone, vinculado al
affaire IBM-Nación. En un extremo la posición británica, que tomaba posesión
del lugar y trabajaba para que su ocupación sea sustentable y en el otro los
funcionarios argentinos, ignorantes y/o sumisos, sellaron los execrables
Acuerdos de Madrid que contribuyeron, desde 1989 hasta ahora, a consolidar la
posición británica en Malvinas y, llamativamente, ninguno de los Cancilleres y
sus sucesivos Secretarios del área se han animado o querido denunciarlos, a
pesar del avance territorial marítimo e insular argentino por parte del Reino
Unido, que la lleva a tener invadidos 1.639.900 Km2 de los
11.410 Km2 que ocupaban en 1982 y a explotar a través de licencias
ilegales otorgadas a buques extranjeros nuestros recursos pesqueros, a la par
de realizar exploraciones petroleras y mineras. Todo ello, en abierto atentado
a la Constitución Nacional, la ley 17.094 y pesqueras de esa época y, muy
importante, el Reino Unido violaba la Resolución de la ONU 31/49 (1/12/1976)
que instó a las partes a abstenerse “de adoptar decisiones que entrañen la
introducción de modificaciones unilaterales mientras las islas estén
atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones de la ONU” y en
relación a la Res. 37/9 del 9/11/1982, posterior a la guerra de Malvinas, que
reiteró “el pedido de reanudar las negociaciones a fin de encontrar una
solución pacífica a la disputa de la Soberanía”.
Respecto a los hidrocarburos, el
experto Richard Johnson, del equipo de Shackleton, confirmó la presunción de
existencias de petróleo en el área y, precisó que “por encontrarse en una zona
política y, por el elevado costo de producción, sería necesaria la cooperación
argentina, porque existiría escasa probabilidad comercial en la emisión
unilateral de licencias del Gobierno británico” y recomendó el traspaso a la
corona británica de los derechos mineros y “de la plataforma continental” y
propició asociarse a la Unión Europea previo a cualquier negociación con
Argentina. Todo, ejecutándose. Hoy el Reino Unido, efectúa exploraciones
petroleras, licita la explotación de oro; nos disputa 1.430.367 km2 de la plataforma continental extendida y controla el
Atlántico suroccidental, los accesos a la Antártida y los océanos Pacífico e
Índico.
El informe también aconseja vuelos
directos a Malvinas y una estrecha cooperación con Argentina y entiende que «cualquier nuevo programa de desarrollo
económico de las islas, especialmente en lo relacionado con los recursos
marinos, deberá buscarse la cooperación e incluso la partición de Argentina».
Ello se alcanzaría con la Declaración conjunta de Argentina y el Reino Unido de
los Acuerdos de Madrid I y II.
Este último consejo de Shackleton es
muy llamativo, porque la Argentina ya venía dando fuertes muestras de cooperación unilateral
desde el gobierno de facto de Lanusse, a partir de la Declaración Conjunta del
1° de julio de 1971 argentino-británica ―con participación de los isleños― que
establecía la provisión de documentos sin nacionalidad, la exención de
impuestos, servicios marítimos británicos y aéreos de LADE entre las islas y el
territorio continental, la construcción argentina del aeropuerto y un servicio
transitorio de vuelos con hidroaviones, servicios de correos y abastecimientos
de productos de YPF y otros aportes de Argentina, que además cooperaría en
materia agropecuaria y de salud y otorgaría becas y asientos en las escuelas
del continente a residentes de las islas. Un “plan que aprobaría José Martínez
de Hoz ante la Confederación de la Industria Británica” (José Enrique Greño Velasco, 1977)
y que también ponderaría el miembro del Consejo Nacional de Malvinas (Ley
27.558) Marcelo Kohen que en 2018 propuso a los isleños un referéndum de soberanía.
Estos aportes no contaron con ninguna
contraprestación británica y se ratificaron en los Acuerdos de Madrid donde,
entre otras cosas, se investigó en forma conjunta la pesca; el Pacto de
Foradori-Duncan de 2016 que habilitó vuelos a San Pablo, uno de los centros de
mayor consumo y distribución de alimentos al mundo y el ofrecimiento de la
Cancillería “consensuado por el Consejo Nacional de Malvinas” (así refiere el
Comunicado de Prensa de Cancillería 08/12/2021) de vuelos humanitarios en 2021
desde Malvinas al territorio continental argentino, que fue rechazado por los
isleños, en una nueva muestra de la errónea política argentina que hace saltos
al vacío sin red.
El propio lord Shackleton deja
traslucir el compromiso de los ingleses con los isleños: “no habrá
transferencia de soberanía contra sus deseos”, sin embargo, duda de las
capacidades británicas: «la
cuestión de la soberanía pende sobre nuestro informe como sucede con las
propias islas, y la falta de un arreglo bien podría inhibir el pleno desarrollo
de las islas». Pero, las sucesivas políticas argentinas de
promoción de un hipotético diálogo con los británicos, de cooperación
unilateral y de apoyo teórico de terceros países, descartaron toda acción
destinada a debilitar la situación económica y social de los isleños y, por el
contrario, mantuvieron la autorización de los vuelos de LATAM desde las islas a
Chile; no impidieron el tránsito de buques con las capturas ilegales de
Malvinas ni sancionaron a los buques extranjeros que pescan en Malvinas (Ley
24.922); no acordaron con Uruguay la prohibición del uso de sus puertos a los
buques que realizan pesca ilegal en la región, etc.
Claro, en materia pesquera, aún la
Argentina mantiene vigente el Acuerdo de Madrid I (17-19/10/1989) en especial
la decisión británica de mantener la “zona de conservación” (punto 6); el
“intercambio de informaciones, medidas de cooperación y medidas de
conservación” (punto 10) y el Acuerdo de Madrid II (14-15/02/90) en particular
del punto 7 (Informe del “Grupo de Trabajo argentino-británico sobre pesca”,
Paris 18-19/12/1989); intercambios de informes pesqueros, exploración de
posibilidades de cooperación y conservación; el punto 8 (establecimiento de un
“Grupo de Trabajo sobre Asuntos del Atlántico Sur”); el punto 11 (factibilidad
y conveniencia de un Acuerdo General de Cooperación) y, complementariamente, el
punto 12 (Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones) y el punto 13
(eliminación visado para ingresar al territorio del otro) que no contempló la
eliminación de visa para el ingreso al territorio argentino de Malvinas.
El Reino Unido
entendía como “no vinculante” el Informe Shackleton, sin embargo, éste pareció
ordenar todas las acciones posteriores de la Cancillería Argentina y no se
entiende que pese a las violaciones del Reino Unido de la Res. 31/49 de las
Naciones Unidas, los Acuerdos de Madrid sigan vigentes.
“Nada se produce
por generación espontánea” (Louis Pasteur, 1862).
