Monte Longdon: La salvaje batalla

Situación previa: Las buenas relaciones entre Thatcher y la junta

Negociaciones secretas por Malvinas y venta de armas: las relaciones estrechas de Margaret Thatcher con la dictadura argentina antes de la guerra 

Hasta cuatro días antes del desembarco argentino en las islas, el agregado militar británico en Buenos Aires estaba ofreciendo a la aeronáutica una flota de bombarderos. Tanto los gobiernos laboristas como el de la conservadora aprovisionaron a las fuerzas armadas que les declararían la guerra con sus propios recursos


Por Gabriela Esquivada || Infobae
gesquivada@infobae.com


  Antes del 2 de abril de 1982, Gran Bretaña promovió el comercio y vendió a la dictadura argentina armas que luego se utilizaron contra las fuerzas británicas.

En un club privado de Londres, tomando el té en una vajilla exquisita, la historiadora Grace Livingstone se sorprendió cuando un ex ministro de Margaret Thatcher le dijo:

—No pensamos mucho en las violaciones a los derechos humanos.

Se refería a lo que sucedía en Argentina durante la dictadura, mientras la primera ministra mantenía cordiales relaciones diplomáticas y hacía negocios con ella, al punto que tres días antes de que comenzara la Guerra de Malvinas, un funcionario intentó venderle armas a la aeronáutica.

—Era la Guerra Fría —le recordó el hombre.


La profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge quedó impresionada por la franqueza del ex funcionario. Pensó que esas declaraciones serían fundamentales para su libro sobre las relaciones estrechas de la entonces primera ministra británica con un gobierno militar que sembró un país de centros clandestinos de detención y que luego, en un acto cuya motivación política todavía se discute, usó las mismas armas que le había comprado a los ingleses para combatirlos en el Atlántico Sur, ignorando sus propuestas secretas de un acuerdo de entrega de la soberanía de las islas a cambio de un arrendamiento posterior a largo plazo.

“Pero cuando le escribí luego, para pedirle permiso para citar sus palabras exactas, se negó”, siguió Livingston su relato sobre el ex funcionario conservador.

 


Dado lo difícil que es obtener registros fieles de la memoria, sea por el paso del tiempo como por la necesidad de los políticos de presentar su mejor perfil a la historia, Livingstone recurrió a los registros contemporáneos: es decir, los documentos que antes, durante y poco después de la guerra de 1982, el gobierno conservador clasificó como secretos. Así, en los Archivos Nacionales, nació su libro Gran Bretaña y las dictaduras de Argentina y Chile, 1973-1982, que dos años después de su salida se reeditará en marzo en el Reino Unido.

“No sólo brindan la descripción más completa de la venta de armas británicas al régimen, lo cual presenta pruebas de que los ministros violaron sus propios criterios sobre derechos humanos, sino que también traza los lazos politicos y militares entre Gran Bretaña y la junta. Ni el gobierno laborista ni el conservador impusieron sanciones al gobierno militar antes de la invasión de las islas Malvinas en 1982. Ambos promovieron el comercio y vendieron armamento que luego se utilizó contra las fuerzas británicas", sintetizó la autora.

Se suponía que, luego de que en 1979 -tardíamente si se piensa que la ola de golpes militares en el Cono Sur comenzó en 1973- la corona impusiera normas que restringían la venta de armas, se podían negar permisos de exportación cuando se creyera que los productos británicos “se podían usar en la represión interna o representaban una amenaza para las islas Malvinas”.

De hecho, se negaron algunos. Pero no los más importantes: “Las órdenes potencialmente más grandes se aprobaban porque el Ministerio de Asuntos Exteriores quería promover las exportaciones británicas, del mismo modo que quisieron los ministros laboristas y la conservadora”.

¿El resultado? "Parte de este equipo militar se desplegó luego contra las fuerzas británicas en la guerra de Malvinas, incluidos dos destructores Tipo 2, helicópteros Lynx y misiles tierra-aire Sea Dart”.


 
Margaret Thatcher tuvo buena relación con la dictadura, pero también los gobiernos laboristas que la precedieron. (Ling/Evening News/Shutterstock)

Pinochet es fascista, los argentinos son raros

El peronismo es un factor clave en las diferentes perspectivas que los británicos tuvieron ante el dictador Augusto Pinochet en Chile y ante los militares que tomaron el gobierno en Argentina, con una junta inicial conformada por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti. Mientras el arco del centro a la izquierda criticaba el derrocamiento de Salvador Allende, “el Partido Laborista consideraba que el peronismo era similar al fascismo y no lamentaba la destitución del gobierno corrupto y represivo que encabezaba la viuda de Juan Perón”, explicó Livingstone.

Es cierto que los gobiernos laboristas que gobernaron el Gran Bretaña entre 1974 y 1979 fueron débiles y necesitaban de una delicada trama de alianzas, pero también lo es que Chile “se percibía como un caso transparente de un gobierno socialista elegido democráticamente expulsado por un dictador fascista” mientras que “el movimiento laborista apenas advirtió el golpe en Argentina en 1976”.

Otra diferencia clave, subrayó, fue que “el Partido Comunista Argentino no se opuso al golpe; esto desorientó al Partido Comunista Británico, que había sido una fuerza de importancia en la Campaña de Solidaridad con Chile”. Como la Unión Soviética era “un importante socio comercial de la junta militar argentina”, la confusión se extendió también a quienes no profesaban fe en Moscú. "Por eso las actitudes ante el régimen no cabían claramente en las líneas de la Guerra Fría”.

La dictadura de las juntas militares argentinas no generó amplios movimientos de solidaridad en Europa al comienzo, como Chile: “Del mismo modo que los activistas británicos estaban confundidos por la compleja escena política argentina, que no se podía explicar fácilmente dentro de las líneas de la Guerra Fría, también en Europa había una falta de conciencia de los hechos en Argentina, al menos hasta finales de los setentas, cuando las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a llamar la atención del mundo sobre las desapariciones masivas”, justificó la autora.

Chile mereció sanciones; Argentina, en cambio, recibió un rápido aval.

 
La primera junta militar argentina: Emilio Massera, Jorge Videla y Orlando Agosti. (Getty)

Londres esperaba el golpe de estado de 1976, pero no podía saber la fecha exacta. Y el 23 de marzo envió un mensaje a la Cancillería argentina para ofrecer una conversación secreta sobre Malvinas. “Por eso la prioridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, al conocer el derrocamiento de Isabel Perón, fue reconocer al régimen ‘en cuanto fuera factible’ para asegurar que los nuevos líderes militares de Argentina no hicieran pública la comunicación secreta británica”.

El ministro de Estado laborista, Ted Rowlands, firmó la aprobación sin mayor demora. “Apenas dos días después de que asumieran los militares, el gobierno británico dio reconocimiento formal al regimen e informó al ministro de Relaciones Exteriores argentino que Gran Bretaña esperaba ‘mantener relaciones cercanas y amistosas’”.

Una cuestión de ideas y una cuestión de negocios

El programa económico de José Martínez de Hoz fue del agrado de Thatcher, ya que ambos profesaban el neoliberalismo, y el mismo funcionario de Videla describió sus políticas como “muy similares a aquellas que procura la primera ministra”. Menos obviamente, también gustó a los laboristas. Era bueno para los negocios: “En total, Martínez de Hoz hizo cuatro visitas al Reino Unido durante los años de la dictadura, tanto durante los gobiernos laboristas como durante el conservador”, contabilizó la investigación. “Fue agasajado por ejecutivos de empresas como British Aerospace (hoy BAE), GEC, Shell, Rolls-Royce y Plessey”.

Cayó muy bien en el Foreign Office, algo que se sumó a la actitud positiva de los diplomáticos británicos de carrera, que a diferencia de los funcionarios elegidos le habían dado la bienvenida al golpe argentino como a todos los demás. “En este periodo de la Guerra Fría —siguió Livingstone— tenían profundas sospechas de la radicalización en el país y en el extranjero. Los principales empresarios británicos compartían estas actitudes y criticaban cualquier política que pudiera ‘arruinar la atmósfera’ a aquellos que querían invertir o comerciar con estas dictaduras”.



 
Distintos documentos muestran las conversaciones secretas entre los británicos y los argentinos sobre Malvinas.

La trama social en la que circulaban estos poderosos del establishment económico y político era estrecha, incluso restringida a un puñado de barrios londinenses como Belgravia y Mayfair. También en los destinos, señaló el libro, la fuerza de la gravedad social tendía a unir a “embajadores y personal de la embajada” con “un entorno aún más cerrado”, que comprendía la comunidad británica de negocios y los argentinos y chilenos de la clase alta.

En eso James Callaghan no fue diferente a Thatcher.

“En el caso de Argentina, el laborismo no intentó imponer sanciones duras contra la junta, así que una vez más hubo escaso conflicto en el proceso de establecimiento de políticas; no obstante, cuando los políticos laboristas consideraron medidas por la situación de derechos humanos, el Ministerio de Asuntos Exteriores aconsejó moderación y advirtió sobre los peligros que correrían las relaciones comerciales y políticas", siguió la autora. En consecuencia “las políticas de los gobiernos laborista y conservador hacia la junta argentina no fueron marcadamente diferentes”. Ninguno impuso un embargo de armas o cualquier tipo de sanciones económicas hasta el 2 de abril de 1982, cuando el dictador Leopoldo Galtieri ordenó el desembarco en Malvinas.

Armas británicas para los argentinos

“El gobierno de Thatcher promovió el comercio con Argentina más vigorosamente que lo que habían hecho los laboristas, y envió dos ministros en visitas al régimen militar, lo cual condujo a un aumento en el comercio y las ventas de armas a la Argentina durante los conservadores”, detalló la historiadora. Thatcher también cerró el exilio político a todos los latinoamericanos y volvió a designar un embajador británico a Buenos Aires en 1979, aunque en realidad el retiro del anterior no había sido —como en Chile— por cuestiones vinculadas a las violaciones a los derechos humanos, sino antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y “a instancias del gobierno argentino durante un momento de tensión” sobre Malvinas.


El primer ministro laborista James Callaghan con el presidente estadounidense Jimmy Carter. (US National Archives)

Aunque Gran Bretaña había pasado de tener una suerte de “imperio informal”, como citó la autora la denominación habitual a comienzos del siglo XX, en países como Argentina, hacia la década de 1980 la presencia británica en los mercados latinoamericanos se contrajo hasta el 1,2 por ciento. Con una excepción: “La industria de las armas”, escribió Livingstone. “Durante los setentas, Gran Bretaña fue el segundo proveedor de armamento en América del Sur, con el 25% del total, detrás del 29% de los Estados Unidos, el líder del mercado”.

Destacó: “Era un mercado tan lucrativo que el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió gran presión del Departamento de Comercio e Industria, el área de ventas del Departamento de Defensa y las empresas británicas para permitir el comercio de armas con los regímenes militares del Cono Sur a pesar de las preocupaciones por los derechos humanos y la amenaza potencial a las Malvinas”.

Los agregados militares británicos en Buenos Aires eran impulsores denodados de los productos, por sus “vínculos estrechos con los fabricantes de armas”: según la investigadora, “constantemente hacían lobby para la venta de barcos de guerra, vehículos blindados, aeronaves y municiones”.

Destacó: “Apenas tres días antes de la invasión argentina, el agregado militar británico en Buenos Aires hizo una cita para reunirse con el secretario general de la fuerza aérea argentina para tratar de venderle bombarderos”.

Cuatro días antes del comienzo de la guerra

Thatcher vendió helicópteros Lyns, un destructor Tipo 42 y misiles Sea Dart al gobierno de Roberto Viola; sus antecesores Harold Wilson y Callaghan vendieron otro destructor Tipo 42, más helicópteros Lynx y más misiles Sea Dart además de 100 misiles tierra-aire Seacat y Tigercat, un sistema de misiles antiaéreos Blowpipe y 77 ametralladoras para el ejército, la armada y la policía, según detallan los documentos.



 
Es mayo de 1982, apenas unos días antes del desembarco inglés en el estrecho de San Carlos. Una unidad de comandos de la Compañía 601, al mando del mayor Mario Castagneto, aborda un helicóptero para controlar los alrededores del estrecho. Uno de los comandos carga en su espalda un misil tierra-aire Blow Pipe con el que fueron derribados varios aviones y helicópteros ingleses. Foto: Eduardo Farré.

La restricción de ventas de armas que se pudieran usar contra la ciudadanía argentina o contra las islas Malvinas chocaba con una orden de Thatcher a sus ministros: “Debemos hacer un esfuerzo más decidido para vender más equipamiento de defensa en el exterior”. La contradicción se resolvía caso por caso.

Livingstone halló un ejemplo en el material clasificado: en 1981 el titular del Departamento para América Latina del Foreign Office, Robin Fearn, recomendó que se permitiera la venta de kits para adaptar las armas Oerlikon dentro de blindados argentinos: “Estos vehículos tienen claras implicaciones para los derechos humanos y podríamos ser criticados si nos involucrásemos en cualquier etapa de su construcción o montaje. Sin embargo, es improbable que nuestra participación se conozca alguna vez”.

Con la invasión argentina a las islas quedaron pendientes varios pedidos que Thatcher había avalado: un bombardero RAF Vulcan, varios blindados Centaur, un tanque de guerra Vickers, otros ocho helicópteros Lynx, un torpedo Stingray, un equipo de vigilancia aérea Linescan y aviones Canberra, entre otros. En realidad, el agregado militar británico había trabajado en ventas hasta el 29 de marzo de 1982.

Ese día escribió a Londres que durante la primera semana de abril se iba a encontrar con el secretario general de la fuerza aérea argentina para hablar sobre un bombardero aéreo. Los aeronáuticos, dijo, estaban “interesados en adquirir un escuadrón de bombarderos durante" la década de 1980. Se alegró porque “la relación con BAE indudablemente ha mejorado”.

Soberanía y política interna

La continuidad entre laboristas y conservadores y laboristas también se verificó en la discusión sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur. Los laboristas no tenían una posición unívoca pro devolución ni pro independencia.




El HMS Sheffield, impactado por las fuerzas argentinas en el Atlántico Sur el 6 de mayo de 1982.

Aunque el conflicto databa desde 1833, cuando Gran Bretaña desafió la posesión argentina de las islas, desde 1965 se había convertido en un tema internacional porque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había solicitado a las dos partes que llegaran a un acuerdo. Ya en 1953 el entonces presidente Juan Perón había propuesto que Argentina le comprara las islas a la corona, sin suerte.

Laboristas y conservadores llevaron una nueva propuesta a la dictadura: un acuerdo de arrendamiento posterior (leaseback) por el cual Gran Bretaña le transferiría la soberanía de las islas a Argentina a cambio de una renta inmediata de largo plazo. “Tanto James Callaghan como Margaret Thatcher eran escépticos ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con Argentina, pero ambos acordaron, a regañadientes, explorar la opción del leaseback. El gobierno de Thatcher llegó tan lejos que sostuvo conversaciones secretas con los argentinos sobre el arrendamiento posterior”.

¿Por qué a regañadientes? Porque nadie estaba dispuesto a “gastar capital político impulsando en el Parlamento un acuerdo con Argentina”, explicó la investigación. “A pesar de aprobar en principio la opción del leaseback, ambos gobiernos dieron marcha atrás cuando enfrentaron oposición de los miembros del parlamento (MP), los isleños y quienes los apoyaban”. Sobre este punto la historiadora analizó “actas de reuniones de gabinete, correspondencia interna de políticos y funcionarios y diarios de políticos” y halló que “la perspectiva de una tormenta parlamentaria y la acusación de abandono de los isleños” representaban un costo político demasiado alto por un asunto que podía seguir los tiempos de la diplomacia.

Otra jueza que rompe las pelotas con el pasado

Militares deberán responder si en Malvinas enterraron y estaquearon soldados

Diario Uno




La jueza federal de la ciudad de Río Grande, Mariel Borruto, indagará entre el 5 y 6 de diciembre a cuatro ex militares, por hechos que incluyen haber ordenado o ejecutado el enterramiento y estaqueamiento de un grupo de soldados que habían carneado una oveja para soportar la situación de hambruna y frío que a las que fueron sometidos durante la Guerra de Malvinas.

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Los primeros cuatro ex integrantes de las Fuerzas Armadas que fueron citados a declarar (de un total de 18 imputados) son Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino y Gustavo Adolfo Calderini.

Según testimonios que obran en el expediente, el ex mayor Garde y el ex subteniente Gassino aparecen vinculados a un episodio ocurrido "aproximadamente el 1 de mayo de 1982", cuando "comenzó a evidenciarse (en las tropas argentinas) la falta de armamento, vestimenta adecuada y alimentación", lo que hizo que "muchos soldados bajaran de peso y que incluso algunos sufrieran desnutrición".

En ese contexto, un grupo de seis conscriptos ingresó a la propiedad de un habitante de la isla y se llevó una oveja a la que después carnearon y se la comieron.

"Los primeros días recibíamos comida, pero después dejaron de traernos. Incluso no teníamos agua. Empezamos a pasar hambre", describió uno de los conscriptos denunciantes.

Ese mismo soldado contó que cuando la sustracción de la oveja fue conocida por oficiales argentinos, dispusieron un castigo.

Investigan a oficiales y suboficiales por maltratos a soldados

Investigados por crímenes de lesa humanidad, 18 oficiales y suboficiales serán indagados en Tierra del Fuego.

La Justicia de Tierra del Fuego citó a declaración indagatoria a 18 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, acusados de torturar a soldados durante la Guerra de Malvinas.



Ellos son: Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva, Gustavo Adolfo Calderini, Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur y Raúl Antonio Linares.

El juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, decidió citarlos en función de “cuantiosos elementos probatorios” que “permiten sospechar la comisión de delitos”. La causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra ocurrida en 1982.

El fiscal federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) solicitó en mayo de este año la “detención e indagatoria” de 26 militares. El juez Calvete, quien actúa como juez subrogante de la causa, solo hizo lugar a 18 declaraciones, y en lugar de las detenciones dispuso que se notifique personalmente a cada uno de los imputados en sus respectivos domicilios, antes de establecer la fecha en que deberán presentarse en Tierra del Fuego.

El caso todavía tiene pendiente una discusión judicial paralela, acerca de si se trata de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no sujetos a prescripción. El juzgado de primera instancia y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideraron que son crímenes de lesa humanidad, pero aún resta por resolver un recurso de queja presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal.

De acuerdo a la Fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas “habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos ‘estaqueamientos’ y ‘enterramientos’- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida”. Desde el CECIM sostienen que en la causa hay 105 hechos de torturas denunciados y 95 militares mencionados.

Con información de Clarin

Chagos: Sobre por qué hay que erradicar a todos los kelpers

Litigio desde hace 50 años

El archipiélago que Londres compró para echar a sus habitantes y alquilárselo a EE.UU.

Se trata del archipiélago de Chagos, en el océano Índico. Hay 10.000 personas que quieren volver a su tierra, Londres se opone y la Corte Internacional de Justicia decidirá.



El archipiélago de Chagos, en el océano Índico. Hay 10.000 personas que quieren volver a su tierra, Londres se opone (REUTER)

Clarín

El archipiélago de Chagos es un territorio británico del océano Índico objeto de litigio internacional desde 1965, cuando Londres lo adquirió y expulsó a los habitantes para luego arrendar una isla para una base militar estadounidense.

Situadas al sur de las Maldivas, las Chagos fueron descubiertas por los portugueses en el siglo XVI pero estuvieron deshabitadas hasta que Francia las colonizó en el siglo XVIII, cuando fueron llevados allí esclavos africanos para cultivar palmeras cocoteras.

En 1814 fueron cedidas al Reino Unido, que las unió en 1903 a la colonia de Isla Mauricio. Tras la abolición de la esclavitud en 1834, trabajadores indios llegaron al archipiélago y se mezclaron con los primeros habitantes.



Los habitantes de Chagos antes de ser expulsados.

Solo tres de las 55 islas Chagos están habitadas: la principal, Diego García; Salomon y Peros Banhos.

En 1965, Londres compra las Chagos por tres millones de libras a las instituciones semi autónomas de Mauricio y las transforma en una nueva entidad: el British Indian Ocean Territory. El archipiélago siguió bajo control británico después de la independencia de Isla Mauricio, tres años después.

En 1966, Reino Unido firma un contrato a 50 años con Estados Unidos autorizando a ese país a utilizar Diego Garcia con fines militares.

Entre 1968 y 1973, cerca de 2.000 chaguenses, descritos en un cable británico de la época como "algunos Tarzanes y Viernes", fueron progresivamente expulsados del archipiélago. En un primer momento, a los chaguenses que habían ido a Isla Mauricio de viaje o con fines médicos se les prohibió volver a sus casas. El resto de la población fue expulsada sin contemplaciones a Isla Mauricio o las Seychelles entre 1971 y 1973.

Desde entonces, alegando razones de seguridad, las autoridades británicas prohíben cualquier visita a las Chagos sin una autorización especial de por medio, por lo que para los chaguenses volver a sus islas natales es algo imposible.



En Chagos vivían 2.000 personas que fueron expulsadas del lugar.

La base de Diego Garcia fue de una importancia estratégica considerable para Reino Unido y Estados Unidos durante la guerra fría, especialmente durante la caída de Saigón o la victoria de los Jemeres Rojos en Camboya, que redujeron las capacidades militares de Washington en el sureste asiático, mientras la marina soviética extendía su influencia por el océano Índico.


Tras la revolución iraní de 1979, Estados Unidos amplía la base para albergar allí a más navíos de guerra y bombarderos pesados.

Diego Garcia jugó un importante papel en las dos guerras que Estados Unidos llevó a cabo en Irak (1990-1991 y 2003-2006) y en los bombardeos estadounidenses en Afganistán en 2001.

En 2016, el acuerdo de cesión de Diego García a Estados Unidos fue prolongado veinte años, hasta 2036.



Chaguenses protestan este lunes frente a la Corte Internacional de Justicia en La Haya (AP).

Tras su expulsión, los chaguenses iniciaron varios procedimientos judiciales. El primero, interpuesto en 1975, terminó en 1982 con el pago de 4 millones de libras por parte de Reino Unido y la concesión de tierras por valor de un millón de libras.

En 2007, una corte de apelación británica autorizó a los chaguenses a volver a sus casas, pero el fallo fue anulado por la Cámara de los Lores un año después.

En noviembre de 2016, el gobierno británico confirmó su oposición a la reinstalación de los chaguenses "por razones de viabilidad, de interés en materia de defensa y de seguridad y por el costo para los contribuyentes británicos".



La Corte de Justicia de la Haya que se expedirá sobre el caso (AP).

En la actualidad, habría unos 10.000 chaguenses y descendientes suyos, repartidos por Isla Mauricio, las Seychelles y Reino Unido.

En 2010, los británicos presentaron un proyecto de reserva marina para que las islas Chagos estuvieran deshabitadas, excepto Diego Garcia. Unos cables diplomáticos divulgados por Wikileaks mostraron que el proyecto era, sobre todo, una forma para atajar las aspiraciones de los chaguenses a volver a sus islas natales.



La base militar de Estados Unidos en la isla Diego García (National Archives and Records).

El parque fue declarado ilegal en 2015 por un tribunal internacional de arbitraje.

Isla Mauricio considera que el proceso de descolonización dirigido por Reino Unido, que le otorgó su independencia en 1968 tras haberla separado de las Chagos, violó el derecho internacional. Reivindica, además, su soberanía sobre el archipiélago y el derecho a reinstalar allí a sus antiguos habitantes.

En junio de 2017, la asamblea general de Naciones Unidas adoptó una resolución presentada por Isla Mauricio para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dé su opinión sobre el caso. Tras unas audiencias públicas del 3 al 5 de septiembre, la CIJ publicará una "opinión consultiva" sobre el tema.

Agencia AFP.

La criminal desinversión en defensa de la democracia argentina

La política de Defensa de la última década

Las fuerzas armadas se encuentran en una situación de abandono. El Estado tiene la obligación de facilitarles los recursos e insertarlas en el esquema institucional, no como enemigos encubiertos, sino como una herramienta fundamental del poder estatal. 

Por Horacio Sánchez Mariño.
El autor es coronel (R) del Ejército Argentino- Veterano de la Guerra de Malvinas. Oficial de Estado Mayor.




Las fuerzas armadas sufrieron transformaciones muy importantes en las últimas décadas. Estas fueron el resultado de los esfuerzos de autoridades civiles y militares para dejar atrás las secuelas de la dictadura militar, la derrota de Malvinas y las rebeliones carapintadas. Sin embargo, es escasa la atención que la Defensa ejerce sobre la investigación académica, como bien remarca Máximo Badaró, uno de los pocos profesionales dedicados a investigar el tema (Historias del Ejército Argentino. 1990-2010: democracia, política y sociedad, Buenos Aires, Edhasa, 2013). En efecto, son contados los investigadores y algunos de ellos desempeñaron cargos en el gobierno, cuestión que afecta la ecuanimidad científica. Entonces, lo poco que se conoce de la Defensa se presenta a la sociedad civil de manera sesgada. Es posible hacer un balance de los doce años kirchneristas con la certeza de que la Defensa es uno de enormes problemas que el presidente debe solucionar.

Con la llegada de Kirchner, las fuerzas armadas volvieron a los primeros planos después de muchos años de escasa visibilidad. Los gestos iniciales de un presidente políticamente débil se caracterizaron por la sobreactuación para ganar prestigio y poder a costa de un sector que había desparecido de la vida política. Desde la purga de altos jefes militares, nunca ocultó sus obsesiones. Luego, vino la ociosa mise en scene con los cuadros del Colegio Militar y el acto en la ESMA, donde desconoció los dignos esfuerzos de sus antecesores. A partir de allí, las agresiones gratuitas a los militares se convirtieron en una práctica normal. El uso político de los uniformados se realizó detrás de una máscara de mando firme que no conllevaba ningún riesgo ni podía ser contestada por quienes se rigen por una disciplina rigurosa, con acento en el respeto a las autoridades constitucionales.

Sin embargo, más allá de los rituales humillantes, la Defensa nacional, función de origen constitucional, fue tristemente abandonada. En esta área encontramos un sello de esas administraciones: la impostura de predicar políticas progresistas y aplicar ajustes ortodoxos. En efecto, detrás de aquella épica simulada, el porcentaje del Producto Bruto Interno destinado a la función Defensa descendió del 1,5 al 0,7 en doce años, mientras el crecimiento económico duplicó el Producto en el período de Néstor Kirchner. Los gastos de Defensa no acompañaron el incremento del PBI, sino que fue llevado a valores ínfimos del Presupuesto Nacional. Es entendible que estos gastos no se incrementen en períodos de estancamiento económico o recesión, pero en un marcado crecimiento la explicación reside en la decisión de mantener ajustada la variable.

Como resultado de esta desinversión no pasó demasiado tiempo para que los accidentes fatales empezaran a multiplicarse. Aviones desplomados, barcos incendiados, la captura de las fragata Libertad, el hundimiento de la Santísima Trinidad, hasta el fiasco de las campañas antárticas, estos episodios evidencian la desidia, improvisación y falta de profesionalismo de los funcionarios. Los salarios militares, históricamente bastardeados, profundizaron su caída en términos reales, manteniéndose la fórmula del menemismo de pagar suplementos en negro. Los militares, sin embargo, soportaron el maltrato, sin perder en ningún momento la disciplina.

 Como resultado de esta desinversión no pasó demasiado tiempo para que los accidentes fatales empezaran a multiplicarse

Derechos humanos

El Poder Ejecutivo tomó el tema de los derechos humanos y lo convirtió en un eje de la política de Defensa, postergando otras cuestiones. Esto se implementó debido a circunstancias políticas excepcionales. Cuando Néstor Kirchner, un gobernador de una provincia pequeña que nunca se había ocupado del tema llegó al poder con el 22 % de los votos, debió asumir muy debilitado y casi sin aliados. Entonces, formó una alianza con ONG, antiguos cuadros de la guerrilla, periodistas e intelectuales de izquierda que venían bregando por la colocación del tema del juzgamiento de los militares en la agenda política. Éstos se convirtieron en aliados incondicionales del gobierno, estableciendo una coalición sólida. Las organizaciones no gubernamentales bregaron permanentemente por el juzgamiento y el gobierno de Kirchner abrió esa posibilidad. El Estado impulsó los juicios, involucrando al Ministerio de Defensa junto a la secretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Procuración Fiscal.

Los Kirchner nunca habían demostrado sensibilidad hacia el tema, pero la política de derechos humanos se convirtió en una estrategia abierta para ganarse a los sectores progresistas. ¿Quién podría oponerse? ¿Quién, en su sano juicio, defendería a los militares? Así, se impulsó la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y se inició la persecución penal por hechos de la década del setenta. En una sociedad democrática, una política pública establecida por un gobierno legítimo no puede ser discutida, pero tratándose de acciones que inciden directamente sobre la disciplina y la cohesión de instituciones esenciales del Estado, como son las Fuerzas Armadas, las consecuencias deben ser tenidas en cuenta. La tergiversación de lo ocurrido en aquella década se manifestó en un relato innoble.

La implementación de esta política favoreció el desprestigio de las instituciones armadas e instaló la sospecha sobre sus integrantes, tanto por las acciones llevadas adelante como por su impacto mediático.

Un equipo antropológico desarrolló un trabajo de campo, cuyas conclusiones reflejaron la realidad del bajo estado moral, el desánimo y la falta de expectativas del personal militar, destacando los severos problemas presupuestarios y salariales. Lamentablemente, este estudio se ocultó convenientemente. Luego, se realizaron algunas breves actividades académicas, de cuyo resultado se presentó un plan de reforma educativa militar.

El plan educativo fue aprobado por decreto y puesto en vigencia directamente. La reforma se focalizó en la búsqueda de la "ciudadanización" de los militares, dejando de lado el saber esencial que consiste en prepararse para la guerra. Las actividades operacionales se minimizaron y el equipamiento nunca se tuvo en cuenta; los conocimientos básicos como el tiro, la navegación o el vuelo pasaron a segundo plano. A tal punto la ideología predominó que las tropas designadas para integrar fuerzas de paz no podían entrenarse en combate urbano, ya que jóvenes recién egresados de la universidad que nunca vieron un soldado de cerca dictaminaron que esas operaciones no estaban autorizadas por la ley de Defensa.


Las tropas designadas para integrar fuerzas de paz no podían entrenarse en combate urbano. Foto: archivo DEF.

Al mismo tiempo, se implementó una política maccartista en el Ministerio que, con la excusa del control civil y los derechos humanos, buscaba el disciplinamiento por el temor. Los ascensos fueron digitados en las sombras desde ese organismo, apoyados por organizaciones no gubernamentales de aceitados vínculos con órganos de inteligencia estatal. En un libro laudatorio de la política kirchnerista, Marcelo Saín lo expresa cándidamente: "No fueron pocos los hechos recientes que mostraron cierta proclividad a apoyar la gestión ministerial o algunas decisiones centrales de la misma en 'asesores militares y de inteligencia' de poca monta." (Los votos y las botas, Buenos Aires, Prometeo, 2010, página 243).

A muchos oficiales se les negó el ascenso en purgas impropias de una república democrática, donde debe privilegiarse el mérito. Como ejemplo de la perversidad de esta política, muchos oficiales fueron relegados en su ascenso por portación de apellido. Como dice en voz alta Badaró: "Los criterios privilegiados para evaluar los pedidos de ascensos fueron las afinidades políticas, la formación técnica y las trayectorias profesionales, en algunos casos, los vínculos familiares de los candidatos con militares que habían actuado en la última dictadura militar" (página 47). Desde la Modernidad se estableció el principio de no vincular a los hijos con los hechos de los padres, por lo que estos actos reñidos con la justicia deben ser rectificados alguna vez.

Estas decisiones no fueron accidentales. El honor mismo como concepto, fue erradicado por el kirchnerismo. Con el objetivo de terminar con instituciones que supuestamente pertenecían a una visión aristocrática de la vida militar, se eliminaron los tribunales de honor. Cualquier institución profesional tiene un tribunal de ética y la tradición indica que los mismos nacieron de la ética sanmartiniana, de fuerte peso cultural en el universo castrense. El abandono del honor militar llevó un mensaje de tolerancia ante las conductas deshonrosas; sin embargo, estas éticas indoloras de la posmodernidad no se ajustan a instituciones donde rigen imperativos categóricos, empezando por el cumplimiento del deber y la disposición de dar la vida por la Patria. Llamativamente, al eliminar los tribunales de honor, abrieron correos electrónicos para recibir denuncias anónimas.

La pobreza como castigo

Por otro lado, la situación salarial empeoró paulatinamente. El estigma de la postergación salarial no se modificó y durante largos períodos un gran porcentaje de los militares se mantuvo por debajo de la línea de la pobreza. El pago de sumas no remunerativas al personal en actividad fue nuevamente instalado. Esta política violaba toda normativa laboral y acarreó numerosos juicios, creando una maraña de fallos judiciales. A instancias del gobierno, con los salarios militares y de seguridad se incrementaron los desequilibrios de una situación cada vez más compleja. Uno de los resultados fue una rebelión de elementos de Gendarmería y Prefectura.

En uno de los períodos se negaron aumentos durante diecinueve meses. Badaró considera que "para muchos militares, sobre todo para los más jóvenes, el aumento de esta precariedad redundó en una mayor conciencia de su igualdad de estatus y con la mayoría de los ciudadanos argentinos también afectados por crisis económicas e institucionales. Los avances en el reconocimiento de esta igualdad de estatus simbólico y moral entre Ejército y sociedad constituyen una vía de ciudadanización de los militares" (página 211). Esta original idea se opone al origen mismo del concepto de ciudadanización iniciado en la Revolución Francesa, donde los hombres eran considerados ciudadanos por el hecho de integrar las tropas que defendían a Francia. La visión del autor parece decir que la ciudadanía llega con la precarización y con una pérdida de derechos.


El porcentaje del PBI destinado a Defensa descendió del 1,5 al 0,7 en doce años. Foto: Fernando Calzada.

La Defensa Nacional ha sufrido un serio deterioro que debe ser revertido, a riesgo de permanecer en estado de indefensión. Recordemos la finalidad de la Defensa, especificada en la Ley correspondiente: "Garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y la capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes". Es hora de revertir el abandono de instituciones fundamentales de la Nación. Si el Estado decide contar con Fuerzas Armadas tiene la obligación de facilitarles los recursos e insertarlas en el esquema institucional, no como enemigos encubiertos sino como una herramienta fundamental del poder estatal. Las Fuerzas Armadas que hoy trabajan silenciosamente, disciplinadas y cohesionadas merecen la oportunidad de vivir un período de tranquilidad, cerca de la sociedad civil, de donde salen sus integrantes y que en su mayoría los respeta y aprecia.

Esclavos pescadores en las Malvinas

Esclavos del océano



  Por Diego Martínez - Página 12
“No había ningún observador a bordo, tirábamos pescado y basura libremente”, cuenta un tripulante indonesio frente a cámara. “Era más fácil tirar en las Malvinas”, apunta otro. Las voces de los pescadores las tomó en la selva de Indonesia el documentalista neocelandés Guye Henderson, quien los entrevistó en sus casas e incluyó los testimonios en el documental Esclavos del océano, que presentó el año pasado. “Cuenta abiertamente cómo destruyen el ecosistema, cómo depredan, cómo tiran aceite fuera de borda o destruyen los arrecifes de coral desde ocho barcos coreanos que operan con licencia de Malvinas”, resume Milko Schvartzman.

“Un cuarto de la captura suele tirarse. Tirábamos el pescado dañado por las rocas de coral en la red, lo tirábamos sin dudarlo porque ningún observador lo veía”, explica el joven. “Tirábamos la basura así como las redes dañadas, especialmente si había algún barco detrás. Eramos ocho barcos coreanos de la misma compañía, tres arrastreros (léase que operan con red de arrastre) y cinco para calamar.” “Sólo nos quedábamos con el mejor y más grande pescado a bordo, tirábamos libremente el pez pequeño o dañado, no hay policía que vigile”, destaca.

“Cuando capturábamos mucho, unas veinte toneladas eran descartadas, aproximadamente un cuarto de la captura”, relata el segundo pescador. “Descargábamos, dependiendo de la captura, después de seis o siete días. Toma unos dos días para llegar al puerto de Malvinas”, apunta. “La principal razón para tirar el calamar es porque teníamos una captura más reciente y usualmente la anterior se ponía en mal estado”, explica. “El alimento en el mar ha declinado porque hay demasiados barcos arrastreros, por ello en los dos últimos años capturábamos calamar flaco. Escuché que la causa es porque los arrastreros han dañado y arrancado el arrecife, han dañado las áreas de alimentación de los peces. Los arrastreros suelen operar once meses al año, pescan dañando mucho el arrecife, el cual es atrapado y arrancado por las redes”, señala. “El aceite usado es vertido al mar directamente desde la sentina. En las Malvinas lo hacíamos en secreto, cuando el barco estaba a más de diez millas de la costa. Vertíamos el aceite cuando el mar estaba agitado. El motor cerca de la hélice también perdía, por lo que vertíamos aceite todos los días. Nos tomaba una hora al día, a veces lo hacíamos dos veces porque los sellos de la hélice perdían.”

–¿La policía los descubrió alguna vez?

–No, nunca.

–¿Y a algún otro barco?

–No, nunca.

–¿Cuántos barcos pescan en esa zona?

–En alta mar, unos trescientos.

ARA: Enfermeras abusadas en la BNPB

La historia jamás contada de las enfermeras abusadas durante la Guerra de Malvinas

Por: Juan Pablo Parrilla jparrilla@infobae.com

Infobae revela por primera vez los casos de violación y maltrato físico y psicológico que sufrieron las mujeres que participaron del conflicto bélico, cuyas historias fueron silenciadas y olvidadas. La mayoría de las víctimas eran menores de edad. Sus testimonios

Ya no son invisibles. La última dictadura militar y los sucesivos gobiernos democráticos sepultaron la historia de las mujeres que participaron de la Guerra de Malvinas, pero un libro las sacó del letargo. Su publicación animó a muchas a contar parte de lo que desencadenó pesadillas, estrés postraumáticos y adicciones: los abusos a los que fueron sometidas. Las violaciones, las golpizas y el maltrato psicológico que sufrieron. Infobae revela por primera vez algunos testimonios del horror durante el horror.

"Lo que más me costó entender es que ellas creían que estaba bien, que se lo tenían que bancar", confiesa en una entrevista con Infobae Alicia Panero, cuyo libro Mujeres Invisibles recuperó la silenciada historia de las mujeres que participaron de la Guerra de Malvinas.

El libro, publicado el año pasado, no trata el tema de los abusos, porque sencillamente no se sabía que habían ocurrido. "Me decían que habían vivido cosas feas, pero yo me imaginaba cuestiones propias de la guerra y de la época", explica Panero. Pero en marzo de este año una de las víctimas por primera vez contó que la acosaron sexualmente. No buscaba un reconocimiento, sino liberar un recuerdo hasta entonces reprimido. Y con el tiempo aparecieron más.

Hasta ahora se conocen seis casos de abuso sexual, físico y psicológico, y se presume de un séptimo.Todas eran aspirantes de entre 17 y 21 años que habían ingresado a la Marina como estudiantes de enfermería, que se desempeñaban en la Escuela de Sanidad del Hospital Naval de Puerto Belgrano y que atendieron a los heridos durante la Guerra de Malvinas. Y todas apuntan contra dos superiores: el teniente José Italia y el suboficial José Vivanco.

Claudia Patricia Lorenzini fue la primera en contar su dolor, luego de recuperarse de una adicción de dos décadas al alcohol. Con sólo 15 años, había ingresado en 1981 a la Armada en el marco de un curso no tradicional para mujeres de quinto año del secundario con experiencia en enfermería en el ámbito civil. Viajó al sur desde La Plata junto a otras tres adolescentes.

"'Aspirante Lorenzini, venga, vamos a ir a que se pruebe su uniforme de gala', me decía (el teniente Italia). Y yo me subía a su cupé Fiat celeste. 'Vos me gustas. Yo te voy ayudar, pero no tenés que decir nada a nadie porque te puede costar la baja. Además no te creerían', me advertía. Y sus manos comenzaban a meterse debajo de mi chaqueta de fajina. Luego me besaba, y llevaba mi mano a su miembro, mientras acariciaba mis entrepiernas. Sucedió muchas veces", recuerda.

"Para mí era parte de la instrucción. ¿Mis sentimientos? No sé, parecía un juego, pero puedo aseverar que me causaba temor. Cada vez que él aparecía me producía un gran malestar, me irritaba su presencia. Mis manos se abrían y cerraban con mucha transpiración, me mordía los labios. Cuando comenzó la guerra solía verme con él, pero con menos frecuencia. Me ha llevado al (buque hospital) Bahía Paraíso a mí sola para trasladar algo, y de paso aprovechaba", añade.

El tiempo pasó. Pero como Patricia "no aguantaba más", decidió detallarle su martirio a otra aspirante que era un poco mayor, quien a su vez le contó a otra compañera. La historia, al parecer, escaló. Y un día la mandaron a llamar sus superiores.

"Había unos cuantos hombres con jinetas importantes. Me parece que estaba el director de la Escuela de Sanidad Naval, (Ricardo) Arieu. Me preguntaron si era cierto lo del teniente Italia y les dije que sí. Estaba re asustada. Me preguntaron quién más lo sabía y les dije que (la aspirante tucumana) Marcela Baldiviezo. Me preguntaron cómo se dieron los hechos y les conté. También les dije que tenía todo escrito en mi diario íntimo. Me lo confiscaron y mandaron a buscar a Baldiviezo. Me hicieron salir y al rato me llamaron. Me dijeron: 'Usted va a ser dada de baja de esta institución. El motivo que va a decir es que extraña mucho a su mamá'", señala Patricia. Y por supuesto, la amenazaron. "Ojo con contarle esto a alguien, ni a su madre, o con contar lo que vio con respecto a los heridos o a los simulacros. Recuerde que sabemos dónde están sus familiares, qué hacen y dónde trabajan. También recuerde que el servicio de contrainteligencia va a estar permanentemente detrás suyo. Bueno, ahora firme estos papeles", le sugirieron.

Claudia Patricia Lorenzini.

Otros tres casos de abuso sexual que se conocen hasta ahora, aunque sus víctimas no quieren que trasciendan sus nombres porque ni sus parejas saben lo que padecieron. Una de ellas tenía 19 años. Al igual que el resto, culpa a Italia y a Vivanco. Pero aclara: "Es una pesadilla que me llevaré a la tumba. Prefiero olvidar y tratar de pasar lo mejor posible lo poco o mucho que me queda de vida".

Su testimonio también es desgarrador. "A mí me cagaron la vida", sentencia. "Me vejaron y violaron en la habitación donde se guardaban las valijas y los bolsos que teníamos cuando ingresamos, pagado al baño", recuerda. La pesadilla duró unos meses, hasta que pidió la baja.

Hay otro caso que se sospecha, pero que difícilmente pueda ser probado, ya que la víctima falleció. Sin embargo, sus compañeras creen que fue abusada. "Italia la volvió loca, hasta que terminó pidiendo la baja", comentan. A su vez, Alicia Panero cree que deben haber más, pero que todavía no se animaron a contarlo. "La mayoría, hasta ahora, me buscaron a mí, porque hice el libro. Pero cada una tiene sus tiempos", precisa.

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables está trabajando en una presentación integral ante el Gobierno. "Se podría hacer una denuncia penal, pero al margen de que habría que buscar testigos y obligar a las víctimas a revivir todo, sería muy difícil de comprobar un delito, si es que no está prescripto. Pero por lo menos esperamos que haya un reconocimiento, porque el Estado tenía la tutela de estas chicas que fueron abusadas", reflexiona Panero.

"Queremos que se investigue el tema –insiste–, porque la mayoría de las chicas eran menores de edad y el Estado estaba a cargo de ellas. Aun así, primero las sometió al trabajo con heridos de guerra sin las herramientas necesarias y después padecieron el maltrato, la violencia psicológica y sexual, la violencia de la institución. Y encima nunca las reconocieron por lo que hicieron. Es raro que ningún organismo de derechos humanos haya pedido algún informe sobre esto".

El sometimiento no fue sólo sexual. También hubo maltratos físicos y psicológicos. Uno de los testimonios que incluirá la presentación de Fundeps es el de Nancy Susana Stancato, que junto a Patricia se sumó al grupo desde La Plata, también con escasos 17 años. Una publicidad televisiva la motivó a estudiar enfermería. "Soñaba con ingresar a la Armada para escapar del control de mis padres. Nunca imaginé lo que estaba por vivir", repasa.

Una frase la acompañó durante todo el "periodo selectivo preliminar" o PSP: "Queremos mujeres militares, no muñecas vestidas de uniforme". Fue lo primero que escuchó cuando llegó a Puerto Belgrano en medio de una lluvia feroz que recuerdan todas las aspirantes.

La historia de Nancy podría ser la de cualquiera de los conscriptos a los que les pagaron su esfuerzo con humillaciones y olvido. Hace poco le preguntaron si alguna vez la habían maltratado y lo negó. "En esa época no había derechos del menor, violencia de género y demás. Hoy, 33 años después, me doy cuenta de que sí", revierte. Y apunta tres casos puntuales. "Si bien ni me quejo de la instrucción militar, puedo recordar muy bien que por saludar con la muñeca doblada mi instructor me pegó con una tabla, lo que me causó una fisura. Estuve un tiempo con una férula y vendaje. En otra oportunidad, estando de imaginaria en la puerta del alojamiento, en vez de saludar como nos habían enseñado ('Buenas tardes, suboficial, Nancy Stancato, aspirante naval de primer año, rol 117'), sólo dije 'Buenas tardes, suboficial', y ante mi saludo, el suboficial me dio una trompada en el pecho que dejó marcada por varios días un rosario que me habían regalado. También recuerdo que me quejaba porque me dolía la cabeza y yo decía que era porque extrañaba el mate, hasta que un día, la misma persona me llenó la boca de yerba con una cuchara y me dejó en posición de firme por mucho tiempo. Y fui testigo de patadas por hacer mal las lagartijas o por rendirse por no poder más".

Luego llegó la guerra. Todas señalan lo mismo. Primero, antes de que empiecen las batallas, llegaron los primeros soldados del frente con pie de trinchera. Después, arribaron los sobrevivientes del crucero General Belgrano. Y sobre el final, los chicos desgarbados, desnutridos, arruinados. "Son tantas las cosas que no recuerdo y las que recuerdo y no quiero, como los gritos, los llantos de los amputados, los 'me quiero morir', 'no quiero volver así a mi casa', 'no quiero ser una carga para mi familia', los llantos silenciosos, las miradas sin vida", repasa Nancy en su crudo relato.

Su baja fue tan denigrante como la de Patricia y también por motivos que nada tuvieron que ver con su desempeño. Fue a principios de 1983, supuestamente por robar yerba y azúcar del cuartel. La realidad era otra. Había cometido un pecado capital en el mundo castrense: cuestionar. La acusaron de traición a la patria y la amenazaron con matarla y hacer desaparecer a sus padres.

Hace mucho tiempo lo narró en una entrevista. Indicó: "Había unos containers de los que se bajaba un montón de ropa, golosinas y cigarrillos que habían sido donados. Yo pregunté por qué no estaban en las islas y me dijeron que allá no eran necesarios. Pero cuando empecé a recibir a los chicos, vi el grado de desnutrición que tenían. Eran piel y hueso. Hasta se peleaban por una galletita. Todo eso hizo un crack en mi cabeza y lo comenté. Protesté, insulté, pero en mi alojamiento, entre aspirantes y cabos. Nunca a un superior. Igual me llevaron al director Arieu, junto con otras personas que ni me acuerdo, y me dijeron que cometí traición a la patria y que iban a pensar si me hacían una corte marcial y que me podían fusilar. Me dio mucho miedo. En esa época, además, desaparecía gente. ¡Y yo tenía 18 años recién cumplidos! Así que después de 3 días me prohibieron hablar de esto. Y se dejó correr la voz de que robé yerba y azúcar, algo que era muy común. Después me volvieron a llamar, me dijeron que no me iban a fusilar, me hicieron firmar un montón de papeles y me dijeron que si hablaba de Malvinas, mis viejos iban a desaparecer. Nunca más hablé de la guerra".

Soldados, "torturas" y depresión

El 58% de los excombatientes sufre de depresión, uno de cada 10 ha tenido pensamientos suicidas
Heridas abiertas de la guerra de las Malvinas
Un grupo de excombatientes de las Malvinas denunció a militares por torturar soldados durante la guerra. Pidieron que fueran sentenciados por crímenes de lesa humanidad.
Por: El Espectador





Hace unos días, la Corte Suprema argentina rechazó la solicitud de que lo militares fueran sentenciados por crímenes de lesa humanidad. El cronista y excombatiente Roberto Herrscher explicó a la revista Anfibia por qué estos crímenes no deberían prescribir.

“Sí, soy un excombatiente de la guerra de las Malvinas. Pero no, no es esa la razón por la que estoy indignado. La Corte Suprema de nuestro país le da la espalda al grito de justicia de los veteranos de La Plata. Y en este pedido de justicia por las torturas cometidas contra soldados por sus jefes en Malvinas, aun los que no habían nacido en 1982 deberían sentir como propia la causa de esos chicos de los pozos de zorro en los montes alrededor de Puerto Argentino que, cuando llegaron las tropas británicas, ya estaban quebrados”.

Roberto Herrscher dice además que el caso presentado por los integrantes de la asociación de veteranos, CECIM de La Plata, tiene que generar reflexión en todos los ciudadanos argentinos. Primero, porque los aproximadamente 10.000 soldados que fueron enviados a pelear a las Malvinas no tenían oportunidad de ganar contra el ejército británico, pues la operación fue sumamente mal planeada. Los ingleses se habían preparado para pelear en sus incontables guerras contra ejércitos diversos, además estaban armados y vestidos para combatir bajo las inclemencias del frío intenso.

Testimonios que han quedado plasmados en documentales y reportajes como Los chicos de la guerra de Daniel Kon e Iluminados por el fuego de Edgardo Esteban, se evidencia que los soldados eran maltratados por sus jefes. Herrscher, por ejemplo, nunca había tenido un fusil en sus manos, cuando llegó a las Malvinas le entregaron uno y le dijeron que no podía gastar munición practicando, tampoco le explicaron cómo debía cuidarlo. Su fusil se encasquetó con el agua de mar y nunca funcionó. Posiblemente si se hubiera tenido que defender con él, habría perdido la vida.

Los británicos tenían gafas de visión nocturna y fusiles con miras infrarrojas. Los argentinos tenían hambre, agotamiento, estaban metidos en pozos inundados y no veían nada. Los mandaron a pelear como con vendas en los ojos. Sin embargo, la denuncia que llegó a la Corte Suprema no fue por la falta de preparación y la desigualdad con la que evidentemente peleaban los jóvenes soldados argentinos. Fue por las torturas, los tratos humillantes y degradantes a que fueron sometidos por sus propios superiores.

El CECIM pedía que un grupo de oficiales y suboficiales fueran sentenciados por crímenes de lesa humanidad. Los oficiales y suboficiales acusados no se defendieron negando las acusaciones, solo dijeron que esos delitos ya habían prescrito. Los abogados de la asociación de veteranos respondieron que los delitos no podían prescribir porque eran hechos de lesa humanidad, iguales a las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. El caso se enredó cuando se dijo que los soldados por ser militares estaban en una situación distinta, no obstante ellos realmente eran civiles que fueron obligados a vestir uniforme para defender a su país en esa guerra.

“Para limitarse solo al caso más frecuente: atar de pies y manos a un muchacho debilitado por el hambre y el frío, sujetando sus ataduras a estacas clavadas en el piso, dejarlo así acostado sobre el fango helado durante horas, inmovilizado y sin ninguna protección contra el clima inhóspito del Atlántico Sur, hasta que estuviera al borde de la muerte por enfriamiento, para así, con el pretexto de castigarlo, intimidar a él y al resto de la tropa es en sí una forma de maltrato incuestionablemente cruel, brutalmente inhumano e intencionadamente degradante; una de las formas de maltrato, en fin, para las que reservamos el término ‘tortura’”. Esas fueron las palabras del procurador Luis Santiago González Warcalde, cuando defendió la teoría de que eran crímenes de lesa humanidad ante la Corte, y que por esa razón no podían prescribir.

Herrscher dice que tuvo suerte de que sus superiores lo trataran a él y a sus compañeros con mucha humanidad, pero sostiene que no puede asumirse que el tratamiento a los soldados es una suerte de lotería, algunas veces bien y otras con mal. Algunos de los veteranos interesados desde hacía mucho tiempo en interponer la denuncia tenían dudas de hacerlo porque consideraban que podría ser visto como deshonroso acusar a héroes de la patria, personas que inclusive murieron defendiendo el país. Sin embargo si Argentina ahora está bajo una democracia le corresponde actuar como tal y dar una lección sobre el sufrimiento soportado por sus soldados.

Tal vez Malvinas siempre fue lo que se vio en el momento de la transición a la democracia: el último, el peor, el más significativo crimen de una dictadura atroz. Después se conoció cómo trataron a los enemigos a los soldados del ejército contrario que cayeron en manos de oficiales y suboficiales argentinos. Pero no se podía esperar otra cosa, cuando sus propios hombres fueron víctimas de torturas y maltratos.

Los excombatientes quedaron profundamente decepcionados de lo que pasó en las Malvinas, de lo que fue como experiencia personal y nacional, pero hoy 33 años después también experimentan la profunda decepción que les causó el fallo de la Corte Suprema, que les dice en nueve líneas que esos delitos están prescritos y que ya nada se puede hacer, que fue en el marco de un conflicto en el que ellos también eran combatientes. ¿Pero entonces quién le responde a los veteranos que pelearon una guerra perdida a la que los mandó con ojos vendados la dictadura? Según un estudio oficial realizado en 2012, el 58 por ciento de los exsoldados sufre de depresión y tres de cada 10 reconoce haber tenido pensamientos suicidas.

¡Torturas las pelotas!

La Corte Suprema cerró una investigación sobre torturas en Malvinas y los ex combatientes se movilizan

El máximo tribunal desestimó la posibilidad de investigar las torturas y vejámenes que sufrieron soldados argentinos durante la guerra por parte de sus superiores, según informó el Centro de Ex Combatientes de La Plata.

Telam

Así lo estableció la Corte en una resolución de tres párrafos, fechada el pasado 19 de febrero, y firmada por el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti; y los integrantes del cuerpo, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.

Para los veteranos platenses, se trata de "una nueva imposición de silencio para los ex combatientes de Malvinas" y denunciaron que los jueces "han cometido un grave error jurídico", por lo cual convocaron a una rueda de prensa para mañana a las 13 en las puertas de Tribunales, donde presentarán un pedido de revocatoria y aclaratoria de la resolución.

"Con esta resolución, la Corte nos aplica la misma imposición de silencio que impuso la dictadura al regreso" Según establece la resolución de la Corte, "las decenas de denuncias de los colimbas que sufrieron vejámenes, tortura y aberraciones en la guerra de Malvinas no se deben investigar", dijo a Télam Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del CECIM de La Plata y titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes.

La Corte notificó la sentencia al CECIM de La Plata, que presentó el recurso, y de esta manera "clausuró la posibilidad de investigar la comisión de crí­menes de lesa humanidad cometidos por oficiales y suboficiales en perjuicio de soldados conscriptos", indicó el CECIM en un comunicado firmado por su titular, Mario Volpe.

Con más de 120 denuncias de torturas, estaqueamientos, violaciones y otros tratos inhumanos, la causa por violaciones a los derechos humanos contra los soldados que combatieron en la guerra de 1982 se inició en el 2007 en el juzgado federal de Río Grande.

"Con esta resolución, la Corte nos aplica la misma imposición de silencio que impuso la dictadura al regreso. Con esta resolución, la justicia argentina retrocede en lo que hemos avanzado en materia de derechos humanos, donde somos un ejemplo a nivel internacional", dijeron los ex combatientes.

Recordaron además que la decisión de la Corte va en contraposición a lo dictaminado en agosto de 2012 por el entonces procurador subrogante Luis González Warcalde, quien señaló que las denuncias comprendían "graves violaciones a los derechos humanos" y estableció líneas para considerarlos como delitos de lesa humanidad.

En el largo proceso judicial iniciado en 2007, distintos organismos de derechos humanos acompañaron la presentación de los ex combatientes, presentándose como 'amicus curiae' ante la Corte, como la Comisión Provincial por la Memoria, la agrupación Hijos y la DAIA, que asistió a los soldados de origen judí­o que fueron torturados en Malvinas.

"Redactar las tres lí­neas de la fórmula les llevo a los 'Supremos' el módico lapso de tres años, negando así­ las voces de los soldados que sufrieron vejámenes y aberraciones en la guerra de Malvinas llevada adelante por una decisión de la dictadura cívico militar", concluyeron los ex combatientes.

En ese marco, señalaron que no retrocederán "en las conquistas en materia de derechos humanos" y agregaron: "No descansaremos hasta que se investigue a todas y cada una de las personas sospechadas de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos".