Las trece derrotas de Malvinas.
Parte 2: la sostenida entrega del Mar Argentino a Gran Bretaña
En la PARTE 1 nos referimos a las derrotas argentinas 2º a 4º y 13º de la posguerra de Malvinas. Aquí nos referiremos a las derrotas 5º a 12º. La primera derrota, mal que nos pese, ya todos la conocemos, fue el 14 de junio de 1982 cuando Benjamín Menéndez firmó la rendición de los argentinos en Malvinas.
Dr. César Augusto Lerena
La
quinta derrota argentina fueron los acuerdos con Gran Bretaña para asegurar que el calamar llegara en su migración a Malvinas. En noviembre de 1989 elevé al presidente Menem el Plan Nacional Pesquero 1990-1992 y, las siete herramientas básicas que lo integraban destinadas a promover un cambio profundo en la actividad, la explotación y la plena ocupación de los espacios marítimos. Uno de esos programas era secreto porque se considera estratégico y se denominaba “La explotación de todos los recursos de calamar disponibles”, un boicot biológico. Consistía en reducirle en forma drástica la explotación del calamar a los ingleses en Malvinas, su principal sostén económico, el 71% del presupuesto de Malvinas.
El programa tenía en cuenta que la captura total del calamar en el Atlántico Sudoccidental era en 1988 de unas 700 mil toneladas, con un valor equivalente al doble de las exportaciones anuales argentinas de ese año. De esa cantidad, solo 22 mil toneladas correspondían a capturas argentinas, y el resto a buques japoneses, coreanos, taiwaneses, polacos, españoles, rusos, uruguayos y otras banderas, muchos de los cuales, lo hacían con licencias otorgadas por los ingleses.
El Programa preveía que las embarcaciones argentinas o extranjeras acordadas pescarían todo el calamar, de modo de evitar su llegada al área de pesca de Malvinas de los buques bajo licencia inglesa y obtener beneficios industriales para las empresas nacionales. Nuestro Plan, estuvo en manos de Menem el 6 de noviembre de 1989, este lo consultó al Canciller Cavallo y, la Cancillería, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Pesca y sus asesores, lejos de adecuarlo o discutirlo, hicieron todo lo contrario, acordando con los ingleses, entre otros con el «charteo del calamar» que presentado como un programa de promoción de negocios empresarios, en realidad acordaba los volúmenes de captura de esta especie por parte de los argentinos y de los licenciados por el Reino Unido.
No fue una resolución soberana, sino un acuerdo en diciembre de 1992 con el gobierno británico, donde la subsecretaría de pesca argentina otorgaba un máximo de 45 permisos y un cupo total de capturas de hasta 220 mil toneladas de calamar, por partes iguales. Lo mismo se repetiría en noviembre de 1993 cuando Di Tella y Hurd firmaron otro Acuerdo para la temporada de 1994, mientras, insólitamente, los ingleses -con autorización argentina- pescaban por debajo de la latitud 45°S, a través del otorgamiento de licencias a 80 buques extranjeros.
La explotación del calamar a través del charteo dio para todo, incluso para varias causas penales, derivadas de cuestiones aduaneras y reembolsos, pero la presión británica no cesó y el gobierno vedó la captura de esta especie a partir del 1 de junio de 1994 al sur del paralelo 43º asegurándole al Reino Unido que este molusco vital llegase a Malvinas. Pero ¿de dónde salieron los fundamentos para esta medida del gobierno argentino?: de la VII Reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur reunida en Buenos Aires el 18/19 de noviembre de 1993 con la participación de representantes ingleses y en el compromiso del titular del INIDEP que, en la reunión del subcomité científico señaló: «las autoridades argentinas adoptarán las medidas de administración apropiadas para la conservación del recurso». La misma Comisión, que el actual gobierno ha revitalizado, después que el 6 de diciembre de 2005 se dejó sin efecto cuando los ingleses otorgaron licencias pesqueras por 25 años, en una clara demostración de la actitud depredadora con la que pescan.
La
sexta derrota argentina fue la negociación del «acuerdo del Gallinero” o de «la Medialuna». Gran Bretaña necesitaba, no solo impedir la pesca argentina en el área y reivindicar sus supuestos derechos, sino también, tener bajo control, a los buques que operaban bajo licencia inglesa en el «Pigpen» inglés. El R.U. ocupa las Islas; explota los espacios marítimos, genera a través de la pesca el más importante ingreso de las Islas y promueve acciones relativas a la conservación de los recursos en la región para asegurarse los recursos. Todo ello se consolida con las erróneas políticas de los funcionarios argentinos, alguna de las cuales ya hemos mencionado.
Molestaba para ese entonces a los ingleses, la pesca clandestina de buques chinos, taiwaneses, coreanos, japoneses, etc. que, desde altamar, avanzaban sobre Malvinas para pescar calamar y otras especies y competían con las licencias que otorgaba Inglaterra. Por tal motivo, presionó sobre la Cancillería Argentina, quien acordó en 1990 con el R.U. cooperar en la prohibición conjunta de la pesca en un área -con forma de medialuna- cuyos límites fueron definidos por ambas partes, denominada en inglés FOCZ (Falkland Outer Conservation and Management Zona). El «Acuerdo del Gallinero», como llamamos, por darle al zorro el cuidado del gallinero, de protección conjunta de los recursos pesqueros consolidó la posición británica en Malvinas, al evitar interferencias a «la ruta del calamar» y otras especies, por parte de buques extranjeros no licenciados por el Reino Unido.
No hubo «tire y afloje». No es de gaucho decirlo; pero, hubo apriete inglés y afloje argentino.
La
séptima derrota argentina fue el acuerdo del 28 de noviembre de 1990 de conservación conjunta argentino-británica de los recursos marítimos argentinos en el Atlántico Sur. Gran Bretaña conocía, la dependencia biológica del recurso que migraba del mar continental argentino hacia el área de Malvinas e inició una acción destinada a sensibilizar la opinión pública -y también a los ambientalistas, biólogos y, diplomáticos de Cancillería- respecto a que los buques extranjeros sobrepescaban el recurso. No se referían a las licencias otorgadas por ellos, que también lo hacían y, trataron, con este pretexto, de concertar una conservación conjunta con Argentina desde Chubut hasta la Antártida.
Esta argumentación pública, era falsa, ya que lejos de reducir las capturas en el área de exclusión de Malvinas, las aumentaba en 1989 con relación al año anterior. Años antes la FAO ya había informado que «había un desorden general en las pesquerías del sur», atribuido en gran medida a la actividad de Inglaterra, ya que había atraído gran cantidad de buques extranjeros a la región.
No obstante, se estableció una Comisión de Pesca del Atlántico Sur, para evaluar la situación de los recursos pesqueros a la altura de la Península de Valdez (Latitud 45ºS), por encima del Golfo de San Jorge de Chubut hasta debajo de las Islas Sándwich del sur y la Antártida Argentina (Latitud 60ºS), es decir ya no en la zona de exclusión de Malvinas, sino frente a los mares de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Antártida. El propio experto inglés, Robin Churchill, nos decía: «el gobierno británico, si bien está preparado para levantar la FICZ a favor de un régimen multilateral, en la práctica no querrá hacerlo, para no perjudicar la economía de los isleños», dejando en claro, que bajo la supuesta vocación ecologista, los británicos necesitan conocer el ecosistema de la región, para tener más certeza sobre el futuro del recurso.
Entonces, la Subsecretaría de Pesca puso a disposición del acuerdo los buques Oca Balda y Holmberg del INIDEP para que conozcan en detalle nuestros recursos; algo, que muchos países consideran un secreto de Estado; pero en el caso de la Argentina adquiría una gravedad mayor, en razón, de la explotación ilegal de nuestros recursos por parte de Gran Bretaña.
Nuestro país les prestó tecnología, conocimiento, la biología, concentración, stock, sistemas migratorios e interrelación de las especies, etc. información que es sustancial para la economía de Malvinas y, en ello intervinieron nuestros más prominentes científicos, de los que el Reino Unido carecía en Malvinas.
Ahora, el gobierno reedita estos trabajos conjuntos a partir del pacto Foradori-Duncan suscrito el martes 13 de septiembre de 2016. Los ingleses no son ecologistas inocentes. No solo desean conocer sus recursos, sino también, conociéndolos, regularlos, a partir de las normas autoimpuestas desde la CONVEMAR.
La
octava derrota argentina fue la imposición unilateral y la ocupación ilegal del GAP. En 1994 el R.U. produjo unilateralmente la ampliación de un espacio llamado "GAP", por fuera de las 200 millas marinas ya ocupadas alrededor de Malvinas, con el argumento de proteger el calamar de la pesca furtiva de buques extranjeros, entendiéndose también que lo hacían buques argentinos dentro de su Z.E.E Argentina. Un área de 1.400 Km2 al noroeste de Malvinas que se enajenaron. Ni esta decisión prepotente ni el otorgamiento de licencias de pesca en las Georgias del Sur y Sándwich del Sur, violatorio del régimen multilateral de la Convención sobre Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCMLAR), justificó a la Cancillería la ruptura de los Acuerdos de Madrid, y se limitó a una tibia queja.
La
novena derrota argentina fue la desactivación del INIDEP, el default científico y la intervención de la investigación. En 1977 se creó el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que es desde hace años una de las Instituciones más prestigiosas del país en materia de investigación. Siempre ha sido materia de discusión si la investigación debe subordinarse a la política o ésta debe ajustarse a los límites impuestos por la investigación. Ni una ni otra. El gobierno debería tener un plan, y éste requerir de la investigación y la información necesaria para instrumentarlo. Pero el plan no puede violar reglas básicas de la naturaleza. La pesca, es un recurso natural renovable, pero agotable, requiere de prácticas destinadas a dar sustentabilidad al ecosistema, para evitar, no solo la desaparición del recurso, sino el deterioro del propio medio en el que interactúa.
Los gobiernos han puesto en default e intervenido el INIDEP desde 1989 a la fecha. No tuvieron en cuenta las Capturas Máximas Permisibles a la hora de otorgar permisos y cuotas de pesca y aprobaron la sobrepesca; autorizaron la transferibilidad de las cuotas y el mayor esfuerzo pesquero; designaron directores del INIDEP carentes de idoneidad al servicio de las políticas de turno, tales como transferir la independencia de fijar los rendimientos máximos sostenibles, no garantizaron la autonomía en la decisión científica.
Firmaron Acuerdos internacionales sin disponibilidad de excedentes, extranjerizando en muchos casos las capturas; transfirieron conocimientos científicos sensibles a buques extranjeros que pescaron clandestinamente en el mar argentino y a los ocupantes ilegales en Malvinas; redujeron los recursos de la institución dificultando la investigación; impidieron o no promovieron la interacción con la actividad privada nacional; devaluaron la actividad científica; fueron co-responsables de que los buques de investigación no navegaran por años y, también de las consecuencias derivadas del mal manejo del recurso, como el establecimiento de emergencias pesqueras por décadas, vedas y paradas de buques, etc. La reciente medida de este gobierno de intervenir el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en lugar de echar al director por su inhabilidad para conducir administrativamente la ciencia es muy preocupante y, demuestra la propia incapacidad del gobernante.
La ciencia, como la pintura o la literatura no se puede intervenir, de otro modo, no hay investigación independiente y, sin investigación independiente no hay cuidado de los recursos para asegurar la captura, la industria y el empleo nacional a perpetuidad. Se puede intervenir un puerto, pero no se puede intervenir el conocimiento y la imaginación de un investigador.
Contrario a lo que sería promover la creatividad de los investigadores y utilizar todas las herramientas disponibles para confluir en un Plan Nacional Pesquero, que acompañe y aproveche la potencialidad del científico, la Subsecretaría de Pesca no ha hecho otra cosa que desestabilizar al INIDEP, precarizar a los investigadores y ponerlos en fila, como si fueran meros amanuenses.
Ninguna Empresa, puede programar su actividad con semejante imprevisión, pero, lo que es más grave aún, la investigación del INIDEP es una información sensible. En la pesca los recursos son migratorios y pueden estar al alcance de terceros países o buques extranjeros que ingresan a nuestro territorio, como ha venido ocurriendo. Frente a una política errática y de complacencia hacia la ocupación británica en Malvinas, lo que ocurre en el INIDEP no es una cuestión casual. Hay ineptitud o intencionalidad y aquí aplica aquello, de que “el pescado se pudre por la cabeza”.
La
décima derrota argentina fueron las negociaciones con Gran Bretaña, el Acuerdo Pesquero con la Unión Europea, el Tratado de Lisboa y la Ley de Pesca 24.922. Todos los gobiernos -sin excepción- extranjerizaron la pesca y, con ello, el Atlántico Sur y el litoral marítimo. Hace 50 años todas las empresas eran nacionales y, hoy, siete de las diez principales empresas exportadoras son extranjeras, como producto de la aplicación del mismo modelo pesquero por parte de todos los gobiernos desde 1970 a la fecha.
No nos referiremos a los negociados que se produjeron en las asociaciones destinadas a obtener los permisos de pesca, sino al descontrol del mar argentino que se inició con el Acuerdo Pesquero con la U.E., que ya estaba en los planes de Dante Caputo antes que los propios Acuerdos con la URSS, pero que concretó Cavallo con el apoyo de las sucesivas subsecretarías de pesca. Se emparentaron militares, radicales, justicialistas y macristas en la extranjerización del Atlántico Sur, debilitando nuestra posición frente a Malvinas a la par de depredar el recurso.
Las zonas que se asignaron a los buques comunitarios en el Acuerdo no alcanzaron el área de Malvinas e, inclusive, en el caso del Calamar, se asignó la captura de una subpoblación que no migra al Archipiélago. El Acuerdo, aprobado por la Ley 24.315 del 20 de abril de 1994 estuvo precedido, por el que firmara esa Comunidad con la República Africana de Gambia, que había logrado su independencia de Gran Bretaña en 1965, sin embargo, éste se ejecutó «bajo la soberanía o jurisdicción de Gambia»; pero con la Argentina, por presión del Reino Unido se omitieron las palabras soberanía y jurisdicción para limitar a nuestro país, ajustándose el Acuerdo a la CONVEMAR que la Argentina todavía no había ratificado. Un Acuerdo, cuya «política pesquera comunitaria» (Common Fisheries Policy) ya había fracasado en la propia Comunidad Europea, a partir de 1984, con stocks agotados, baja rentabilidad, excesiva flota, etc.
Era inadmisible un Acuerdo mientras la Unión Europea, incluía en su proyecto de Constitución como Territorios de Ultramar a las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida; donde expresaba que «la asociación deberá, de manera prioritaria, contribuir a favorecer los intereses de los habitantes de dichos países y territorios y su prosperidad de modo que puedan alcanzar el desarrollo económico, social y cultural al que aspiran”. Era igualmente inaceptable un Acuerdo que incluyera los buques españoles; conocidos depredadores en el Atlántico Noroeste y principales pescadores de Malvinas con licencia inglesa, que ya venían pescando clandestinamente, según la FAO, unas 100 mil toneladas en aguas argentinas desembarcadas año tras año en España, como aún hoy.
El gobierno reformó el Estado por Ley 23.696 y se efectuó la desregulación Portuaria, Marítima y Pesquera; estableció la libre contratación de puertos y buques, y con ello, la libre elección de banderas de conveniencia; esto, obviamente, fue una exigencia de los negociadores europeos para la firma del Acuerdo, junto a modificar el régimen jurídico que exigía la captura con buques nacionales y, facilitar el acceso de buques congeladores subsidiados a los españoles que, quebraron la industria nacional naviera y disminuyeron sensiblemente el empleo en tierra. Los Acuerdos incumplieron con casi todo lo acordado y, depredaron, denunciándose en 1998, pero, los españoles se quedaron entre nosotros, con el mercado y nuestros recursos.
Ya lo había dicho el Editor Harry Barry de Fishing News Inter: «viendo lo hecho por los españoles en Canada (NAFO) los argentinos deberían estar muy preocupados», y, aunque Cavallo y su par de Inglaterra John Major manifestasen que las relaciones habían mejorado, Gran Bretaña siguió ocupando Malvinas, nuestros territorios marítimos y explotando nuestros recursos, con un plan trazado que careció Argentina.
El acreditado especialista español en derecho marítimo José Luis Iriarte Angel, nos decía: «las empresas extranjeras con participación de armadores españoles, son un mecanismo que sirve de cobertura para que nuestros pesqueros puedan acceder a las aguas de los Estados de la nacionalidad de esas empresas, de esta manera bajo la cobertura jurídica de una sociedad extranjera, opera una sociedad que es prácticamente una sociedad española» y, por su parte, el acriollado español Joaquín Fernández López nos decía sobre los viajes a Vigo de los funcionarios argentinos: «El subsecretario acaba de realizar el viaje político del mayor despropósito jamás conocido.
Lo califico sólo así, pues no quiero entrar en juicio de valor ni en planteamientos de honorabilidad, ni conductas; pero sí debo decir, que la ingenuidad en política es inadmisible». ¿Y los ingleses?, no parecía que les hubiera modificado sus consignas este Acuerdo. A fines de 1993 extendieron la Zona de Exclusión de las Islas Georgias y Sándwich del Sur y a mediados de 1994 la medialuna del este de Malvinas.
La Ley de Pesca 24.922 consolidó la extranjerización y concentración, entregándoles el recurso y la política pesquera a un grupo reducido de empresarios, muchos extranjeros, que ponen el negocio, por sobre los intereses nacionales de sustentabilidad, vigilancia, radicación, valor agregado y empleo.
La
décima primera derrota argentina fue el llamado Pacto Foradori-Duncan firmado el martes 13 de septiembre de 2016 por el entonces Secretario Carlos Foradori y, ratificado por los sucesivos Cancilleres Malcorra y Faurie, quién junto al ministro británico, Alan Duncan, declararon respecto al Atlántico Sur: «…adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos» manteniendo viva la “fórmula del paraguas”, con la oposición de todo el Congreso Nacional y las distintas fuerzas vivas del país y, muy especialmente por el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Se reedita la Comisión de Pesca de la que ya nos hemos referido y autoriza un nuevo vuelo semanal desde Malvinas. Esta nueva propuesta británica de hacer vuelos a San Pablo, a la que la Cancillería le habría agregado una escala mensual en Córdoba, no se basa en ningún espíritu integrador, sino a la necesidad de las Islas de abrir nuevos negocios en américa con motivo del Brexit -pero no con Argentina- donde las Malvinas perderían su condición de Territorio de Ultramar en la U.E. y, con ello, todas las ventajas arancelarias y de libre comercio en ese bloque.
El vuelo a San Pablo, Córdoba, Malvinas y viceversa es sencillamente un disparate para los argentinos y de muchísima utilidad para los isleños. Un importantísimo pie en San Pablo y Gran San Pablo, con treinta millones de consumidores y, la puerta de acceso al resto de Brasil y el mundo; del mismo modo, que el vuelo a Córdoba les permitiría a los malvinenses hacer trasbordos a Lima, Santiago de Chile, Asunción, Santa Cruz de la Sierra, Panamá y Miami. Todos mercados de la Argentina continental y marítima.
Argentina, autorizando estos vuelos habrá fortalecido la situación económica de las Islas y, me animo a decir, que su situación será más sólida que antes del Brexit, ya que hasta el momento sus ingresos están mayoritariamente atados a los importadores europeos y, ahora, se distribuirán, además de a los países asiáticos, a nuestros socios políticos de América. Esta apertura les permitirá acceder a una diversidad de intercambios comerciales mucho más rica, pero, lo que es más grave, debilitará nuestra posición latinoamericana en los organismos internacionales del acordado aislamiento de Malvinas hasta la negociación de la soberanía.
A este nuevo vuelo se le agrega el apoyo logístico que tiene Malvinas en los puertos de Uruguay, la construcción de un nuevo puerto en las Islas, el abastecimiento marítimo con Montevideo y Punta Arenas y la promoción de nuevas sociedades españolas en Malvinas, todas cuestiones sobre las que no ha hecho absolutamente nada la Cancillería Argentina.
La
décima segunda derrota argentina es el anuncio de Acuerdos pesqueros con China y Rusia durante la Cumbre del G20 realizada en la ciudad de Buenos Aires. La promoción de nuevos acuerdos pesqueros con Rusia y China, anunciados durante la Cumbre del G20 realizada en la ciudad de Buenos Aires durante 30/11 y 1/12 de 2018 es sencillamente la extranjerización total del Atlántico Sur. Ningún país serio y con capacidad de control de su territorio se hubiera atrevido a tanto.
Ya pescan en el Atlántico Sur y en la Z.E.E. Argentina o adyacente a ella (los recursos migratorios o asociados) con o sin licencia inglesa, embarcaciones españolas, taiwanesas, coreanas, japonesas, neozelandeses, noruegas, polacas, rusas, chilenas, sudafricanas, uruguayas, británicos, chinas, etc. Esta apertura internacional de mar argentino provocará, no solo la quiebra de las empresas radicadas en el continente argentino, la depredación del recurso y la pérdida del empleo argentino, sino la internacionalización del Atlántico Sur y el fortalecimiento inglés en Malvinas en su área de exclusión, con la colaboración argentina, que no cesa de declarar «áreas marinas protegidas» que, bajo consignas ambientalistas protegen el recurso del que se abastecen los buques licenciados por Malvinas.
Es notable el esfuerzo que por complacer las necesidades de los ingleses hacen todos los cancilleres argentinos a costa de nuestro territorio y de los recursos pesqueros y energéticos nacionales. Las llaman «negociaciones distensivas con Gran Bretaña», en verdad se tratan de: «les damos todo lo que pidan, y algo más».
Tal vez todavía, no hemos visto lo peor y, aunque resulte difícil imaginarlo, ante tanta política de desacierto y entrega, es posible esperar nuevos pasos hacia la consolidación inglesa en Malvinas. Esperemos que la cláusula transitoria de nuestra Constitución Nacional no sea sólo un canto ilusorio, de igual modo que la frase «o juremos con gloria morir» de nuestro Himno Nacional. “Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.”
