España, un puñal en la soberanía argentina en Malvinas
Por
AgendaMalvinas
«Las empresas pesqueras españolas colaboran en la consolidación británica en Malvinas»
Como Medea la esposa de Jasón, las
empresas pesqueras españolas son funcionales a los intereses británicos
en Malvinas, permitiendo su consolidación en las Islas, en perjuicio de
la Argentina. Un felicidio de la llamada “Madre Patria”.
* Dr. César Augusto Lerena
El pasado 4 de diciembre de 2020 abrió las disertaciones del Seminario “Un abordaje sobre la Pesca Sustentable” el Andaluz Don
Javier Garat, Sec. Gral. de la Confederación Española de Pesca
(CEPESCA); Pte. de la Coalición Internacional de la Asociación Pesquera
(ICFA) y Pte. de Européche; quien se refirió, a la necesidad de
efectuar una pesca sostenible de modo de asegurar las especies, el
ambiente marino y mejorar las condiciones de trabajo. Una exposición
cuidada que pudo haber sorprendido a la mayoría de los técnicos y
estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad
FASTA, ambas de la Mar del Plata; ciudad que, como sabemos, es el
principal puerto pesquero argentino, donde se desembarcan más del 50% de
las capturas nacionales; pero, no alcanzó a convencer a algunos
asistentes que conocen la pesca depredadora e ilegal (INDNR) que
realizan los buques pesqueros españoles en la costa occidental africana
y, en el Atlántico Sudoccidental.
Frente a esta disertación, Don Javier parecía representar a
Greenpeace u otra ONG ambientalista, más que a los intereses empresarios
pesqueros de la Unión Europea (en adelante U.E.), lo que me obligó a
preguntarle: Señor Garat, ¿Cómo se concilia su mensaje, con
la pesca ilegal que realizan -desde al menos 1989- los españoles en
Malvinas, donde se extraen 250 mil toneladas de recursos pesqueros en
ese territorio argentino, cuando la propia O.N.U. en 1976 por Res. 31/49
instó al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante
el R.U.) a no innovar respecto a la situación imperante en el área? A lo que Javier contestó: «los españoles no pescan ilegalmente en Malvinas»;
desconociendo, lo que la U.E. entiende pesca INDNR, ya que bastaría que
esos buques españoles pesquen en Malvinas sin permiso ni cuota
argentina para calificarla así. En especial, teniendo en cuenta, que
España reconoce la soberanía argentina en Malvinas; que su gobierno
tiene obligación como Estado de Bandera de controlar que sus buques no
violen el derecho internacional y, cumplir con las exigencias del Reg.
(CE) 1005/2008 del Consejo del 29/09/2008 y modificatorios y, el Reg.
(UE) 2017/2403 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12/12/2017 y
ampliatorias, sobre gestión sostenible de las flotas pesqueras
exteriores.
Repreguntado Garat sobre ¿Qué origen tienen los productos capturados en Malvinas y desembarcados en Vigo? contestó: «operando con bandera española, según la legislación internacional, el origen es español». Al respecto, diría Diego Maradona, sobre el experimentado y vende humo de Don Javier: “me la dejó picando”. Traduzco: los
barcos españoles, con bandera española, pescan en forma ilegal en
territorio argentino (Malvinas) y no solo nos roban nuestros recursos,
sino que luego los ingresan a Vigo, los reprocesan y comercialización en
toda la U.E. como de origen español. Esto es lo que se llama “traceability trout”
(trazabilidad trucha, para los argentinos) ya que no están garantizadas
todas las exigencias del Reglamento de la U.E. sobre Pesca INDNR, en
especial sus ítems 7, 10 y 11, ya que no existiendo acuerdo con la
Argentina no está garantizado el origen, la certificación, los
eventuales transbordos, el uso de puertos y por supuesto los controles,
etc.
¿Quién se beneficia con todo esto, además de a los depredadores españoles? El
R.U., que ha subsistido en Malvinas por la pesca (John Barton, director
ilegal de Pesca en Malvinas, 2012); fundamentalmente con las 1.887
licencias otorgadas a buques españoles (más las concedidas a las
sociedades mixtas británico-españolas) entre 1989 y 2019, cuyos
productos finales, no solo compiten con las empresas argentinas, sino
también con las españolas radicas en Argentina.
El Orador multifacético y encantador de serpientes Garat, podría
convencer a los empresarios europeos o argentinos sobre cómo proteger
los negocios de España; pero no darnos clase sobre la sostenibilidad de
las especies, la protección del medio marino o el cuidado de los
trabajadores en la pesca, ya que -como veremos- los buques españoles
pescan en forma ilegal en el Atlántico Sur y, por tanto, contaminan el
mar y, a pesar de que la O.I.T. ha entendido, que «la pesca es una ocupación peligrosa en comparación con otras actividades»
España todavía no ha ratificado el Convenio C188 sobre el trabajo en la
pesca (2007, núm. 188) y, por el contrario Argentina ya lo ratificó el
15/9/2011.
Los buques españoles en el Atlántico Sur operan en forma ilegal y,
ello, queda de manifiesto por diversas cuestiones formales (de origen,
etc.) pero, se manifiesta con toda intensidad cuando se capturan
recursos migratorios de un Estado ribereño en situación de desarrollo
sin acordar con éste, como indica el preámbulo y varios artículos de la
CONVEMAR, la Ley 24.922 de Argentina y, por supuesto, cuando son
licenciatarios ilegales en Malvinas, incumpliendo con lo previsto en la
Res. ONU 31/49 y las normas vigentes de la República Argentina.
Los españoles son depredadores. Las “Patentes de Corso”
las utilizaron tanto los buques ingleses como españoles, ambos piratas
y, en la versión moderna, los barcos pesqueros españoles debieran ser
calificados como piratas cuando capturan sin acuerdo de Argentina en
alta mar (CONVEMAR, Art. 101, inc. ii; Artículos 4º; 21º inc. o) y, 22º
de la Ley 24.922) los recursos migratorios originarios (los peces son
semovientes) de la ZEE Argentina o cuando pescan en Malvinas sin permiso
ni cuota argentina (Ley 24.922 Art. 2º; 21º inc. h) y o); 23º al 27º y
Ley 26.389 Art. 27 bis), como ya hemos dicho. Esto para aclararle a
Javier “Paz y Bien” Garat y para algunos participantes
del Seminario, tal vez poco acostumbrados, a la terminología ecológica,
que las empresas españolas pueden estar realizando para sus intereses
económicos y comerciales una “pesca sustentable” pero no llevan adelante una “pesca sostenible” de
modo de asegurar la disponibilidad a perpetuidad de las especies,
teniendo en cuenta la integralidad del ecosistema y las necesidades de
los países menos desarrollados, como claramente lo indica el Preámbulo
de la CONVEMAR «…los problemas de los espacios marinos están
estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto
(…) Teniendo presente (…) los intereses y necesidades especiales de los
países en desarrollo…».
A modo de introducción efectuaré un breve relato sobre los navieros y
pescadores españoles desde el Virreinato del Río de la Plata hasta
nuestros días, que demuestra en forma inequívoca el carácter “predador” de los españoles y, también, de su sociedad con el R.U.
En 1713 en Madrid, España firma con Inglaterra el Tratado de Asiento
de Negros, la importación de negros y el Navío de Permiso. Las
producciones de Europa se compensan con materias primas y cueros del
Virreinato y, junto con el tráfico permitido, surge el ilegal de
contrabando de géneros, alcoholes y esclavos. En los años de escasez y
hambre en España; la creciente proletarización; el aumento de conflictos
con Francia; la aprobación en 1778 del «Reglamento y los Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias»
y, con el fin de impulsar la agricultura, España autoriza el comercio
con las colonias que, favorece a los españoles productores, mayoristas y
exportadores. Ya en 1787, en el comercio de cueros a Europa se utilizan
los mismos barcos que traen esclavos de África a Montevideo y, de ahí a
Buenos Aires, Potosí, Paraguay y Valparaíso, y luego son llevados al
Alto Perú y, por el Real Permiso de España, se autoriza a la Compañía de
Filipinas la introducción en barcos ingleses con bandera española y dos
años después y, renovada en 1791, con el objeto de aumentar la mano de
obra esclava, se autoriza a los españoles y extranjeros a comercializar
negros libres de impuestos.
Nos dice la investigadora de la Universidad de Oviedo Dra. Alicia Laspra Rodríguez en su trabajo «La intervención británica en España durante la guerra de la independencia: ayuda material y diplomática»
que, desde 1808 y hasta 1815 España recibió de Inglaterra casi 10
millones de libras esterlinas y cientos de millones de esa misma moneda
en armamento, pertrechos y suministros bélicos de todo tipo; una ayuda
británica a fondo perdido para que la acompañase en su pelea con Francia
¿Tendrá alguna asociación ello con la Revolución de Mayo de 1810 y nuestra declaración de independencia en 1816? Además de moderar la autonomía de las colonias españolas ¿qué
motivo llevó a la pérfida falange de Albión a incidir sobre la Asamblea
del XIII para eliminar del himno nacional argentino a aquellas estrofas
antiespañolas? “…Coronada su sien de laureles Y a su planta rendido un
León…”, etc.
El contrabando en el Río de la Plata es muy importante en 1808, pero
se incrementa en forma notoria por los buques británicos al año
siguiente, entre otras cosas, por el Tratado de tarifas preferenciales
con España, luego de “libre comercio” y el Tratado que
firma el Príncipe Regente de Brasil con Gran Bretaña, todo bajo pretexto
de dar salida a los frutos de América y proveerla de víveres y demás
efectos europeos (¡!). Nada que hoy no ocurra, donde vemos que, aunque
tengamos Astilleros en la Argentina, España nos vende buques construidos
con ingentes apoyos económicos, garantías del Fondo de Garantías
Navales y líneas de avales del ICO de la U.E. y en paralelo sus empresas
pesqueras extraen ilegalmente recursos originarios del Mar Argentino,
mientras que, las exportaciones de las empresas radicadas en la
Argentina sean o no de capitales nacionales, se les cobra aranceles a
los productos con valor agregado. Es decir, negocios sustentables para
los españoles e insustentables para la Argentina. De esta sustentabilidad nos habla Don Garat.
El historiador hispanista británico Paul Preston (La Vanguardia, Félix Badia, 10/5/2020) nos explica que «Al
final de la segunda guerra mundial, los aliados consideraron que España
tenía un régimen fascista que no se desnazificó, por lo tanto, no
recibieron ayuda del plan Marshall, contrario a lo que ocurrió con
Alemania e Italia» Pese a ello, el gobierno argentino ayudó a
los españoles a alimentarse, contrario -me recordaba un amigo del Puerto
de Vigo- a lo que hicieron los franceses con los españoles, que los
tuvieron como refugiados en virtuales campos de concentración. La
Argentina recibió más de dos millones de españoles emigrantes (por
razones económicas), exiliados (por razones políticas) y refugiados (por
guerras) entre 1860 y 1950, intelectuales y analfabetos; instruidos y
sin oficio, de todas las políticas (carlistas, progresistas,
republicanos, anarquistas, comunistas, liberales y franquistas) y, en la
pesca en Argentina hicieron dinero, al igual que la colectividad
italiana.
Llegó 1982, la guerra y el boicot europeo a la Argentina, frente
al cual y, a pesar de Gibraltar; los lazos y, la deuda histórica con
nuestro país, España “solo balbucea” (El País,
30/4/1982); puede más su interés de integrarse a la CEE y a la OTAN; su
historia imperial y, la alianza casi a ciegas con Estados Unidos. Hecho,
que, como veremos, España repetiría durante el Tratado de Lisboa.
Como no podía ser de otra manera, la declaración conjunta en 1989
entre Argentina y el R.U. se firma en España; país que, a esta altura,
ha perdido toda neutralidad. Allí se concretan los odiosos y execrables
“Acuerdos de Madrid” con grave perjuicio para el país, donde subyacen
diversas presiones económicas para que Argentina pueda retomar el
comercio con la Comunidad Europea, entre ellas, la firma del Acuerdo
Pesquero con Europa que se concreta en 1994; Acuerdo, que nunca alcanzó
el área de exclusión pesquera (FICZ) en Malvinas establecida por los
británicos, dejando en claro, la voluntad de España de no enemistarse
con el R.U. En ese entonces, España tenía gran parte de su flota
parada con motivo de su ingreso efectivo a Europa (1986). La Argentina
firmó ese Acuerdo, por el cual, los empresarios españoles apoyados por
la (entonces) C.E.E. colocaron en forma muy favorable sus buques
congeladores en la Argentina y produjeron la más importante depredación
de merluza que se recuerde, dónde -según Walter Castro- “se perdieron treinta mil empleos” y el gobierno inició por primera vez en la actividad el otorgamiento de subsidios al empleo.
Hoy, son varias las empresas de capital español radicadas en el país
que ocupan los lugares más altos en las exportaciones argentinas, aunque
sufren el riesgo país, la inflación, el costo interno, etc. También las
hay, quienes como «la empresa española Pescapuerta que habría cedido
sus activos en 2015 (Reg. Púb. Com. Insp. Gral. Justicia, Chubut,
19/8/2015) a la empresa Estrella Patagónica (Continuidad Jurídica por
cambio de denominación social. Dra. Marlene del Río) y con ello
violarían la Ley 26.389 a partir de que el buque “Falcon” inicie sus
capturas en Malvinas en 2021, situación, que se vendría repitiendo desde
hace cinco años sin ningún tipo de sanciones para los cuatro barcos
congeladores con los que esta última opera en el caladero argentino:
“Anabella M”; “Carolina P”; “Mara l” y, “Pescapuerta V”; los que según
el art. 2º de la misma Ley (que reformó el 28º de la Ley 24.922)
deberían haber caducado automáticamente, a partir de las operaciones en
Malvinas del Buque “Venturer” de la sociedad mixta Pescapuerta-Petrel
Fishing (Diario Jornada, Chubut, 2015)» (#PuertodePalos, Roberto
Garrone, 3/12/2020).
Javier Garat, en representación de los intereses españoles y europeos nos viene a hablar de “sustentabilidad” ¿Qué
opinará sobre esta escandalosa forma que tiene una empresa española
para llevar adelante una pesca sustentable (¿?), obteniendo cuotas de
captura en forma simultánea en la Argentina y licencias ilegales
británicas en un territorio argentino ocupado en forma prepotente por el
R.U.? ¿Es ésta la forma que los españoles cuidan los recursos en
Gibraltar; en las aguas comunitarias; en las británicas; en las costas
de África occidental y en el Atlántico Sudoccidental? Bueno, Don Javier, esto aquí se llama pesca ilegal. Sobre
este caso y toda la potencial pesca INDNR española se debería
investigar y aplicar en forma urgente en la Argentina la Ley, el
Ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá; el Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca Luis Basterra; el secretario de Malvinas,
Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus; el Gobernador de la Provincia
de Tierra del Fuego Gustavo Melella; el Consejo Federal de Pesca y el
Subsecretario de Pesca Carlos Liberman y, me gustaría saber, cómo el
bueno de Don Javier, nos “hace el cuento” sobre la pesca sostenible de los buques españoles y, al final su disertación, lo aplaudimos alegremente.
Si hay una cosa que no se les puede negar a los españoles es que son
consecuentes en sus apoyos: En el año 2005 los ciudadanos votaron sobre
la aprobación del texto constitucional de la Unión Europea (el Tratado
de Lisboa). El R.U. solicitó la incorporación como “Territorios británicos de Ultramar a Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida Argentina”. Adivinen ¿Cómo votó España? Así es, ¡a favor de incorporar nuestros territorios como británicos en Europa! Y esto ¿Qué significó para las extracciones ilegales españolas y británicas en Malvinas?
Además de varios beneficios impositivos y de subsidios: que desde hace
15 años ingresan a la U.E. sin pagar arancel alguno, mientras que
nuestras capturas habilitadas, además de todo tipo de derechos
nacionales deben pagar aranceles para importarse a la U.E. y, muy
especialmente, cuando se trata de productos argentinos con valor
agregado. Ahora, con motivo del Brexit sin libre comercio y ante la
posibilidad de tener que pagar aranceles de entre el 6 y el 18%, los
británicos ilegales en Malvinas quieren extender los beneficios a toda
la U.E. a cambio de otorgarles cuotas en nuestras Malvinas. A propósito
de ello, Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca de Vigo nos dice: “Tenemos los mayores pesqueros de la flota de Galicia allí”. Por
cierto, los españoles, los isleños británicos y las sociedades
británico-españoles son los mayores beneficiarios de las licencias
ilegales.
A esta altura deberíamos preguntarnos ¿por qué las empresas
españolas propician la construcción de un puerto pesquero en Malvinas
consolidando en éstas a quienes les ocupan Gibraltar? ¿por qué destinan
sólo el 3% de sus buques arrastreros a aguas comunitarias y el 97% a los
caladeros externos (entre ellos, el Atlántico Sur) donde realizan pesca
INDNR? ¿Por qué se resisten los empresarios españoles a colocar cámaras
a bordo? ¿Por qué los empresarios españoles están preocupados con la
logística en Uruguay? ¿Por qué el sector pesquero español tiene gran
preocupación frente al Brexit si solo pesca unas 9.000 toneladas en
aguas británicas del total de las 922.564 toneladas que dicen que
captura? y, ¿por qué esas empresas españolas no se acogen al mismo
régimen que las empresas españolas radicadas en la Argentina o acuerdan
con ésta conforme lo prevé la CONVEMAR?
Está claro, los españoles son los mejores socios de los británicos. Son los que le han permitido ser “sustentables” (no pescar en forma sostenible) a los británicos en Malvinas. Los representados por Don Javier Garat, quien promueve “consuma español”,
una política absolutamente proteccionista y nacionalista en detrimento
de los productos pesqueros de exportadores, como Argentina. No aclara,
si el origen al que refiere es de la pesca de buques españoles en aguas
comunitarias; en Marruecos, Namibia o el Senegal, o las capturas
ilegales de especies migratorias argentinas en la Alta Mar, en la ZEE en
el GAP o en el territorio marítimo argentino de Malvinas.
Este dirigente cree, que los productos elaborados en terceros países
no reúnen el estándar de calidad de los españoles y, que la estrategia
de la Comisión Europea «reducirá drásticamente la productividad
de la industria pesquera del Viejo Continente y condenaría a Europa a
incrementar notablemente las importaciones de productos de terceros
países, alejados de los estándares ambientales, sociales y de seguridad
europeos, para alimentar a los ciudadanos de la Unión Europea». Sinceramente,
Don Javier, debería disculparse con la industria pesquera argentina y
los españoles radicados en Argentina por estas declaraciones y,
desmentir este exabrupto especulativo.
Por un lado, es conocido que las aguas del Atlántico Sur son
ambiental y sanitariamente más aptas que las comunitarias. Por otra
parte, la Argentina aplicó sistemas de aseguramiento pesquero (HACCP,
ISO y otros) antes que España y, es un exportador de calidad a los
mercados más exigentes del mundo. España es el segundo comprador
(después de China) de productos pesqueros argentinos con 78 mil
toneladas anuales por 388 millones de dólares (2019); cuenta con
certificaciones de la U.E., la FDA y USDA de Estados Unidos, Japón y
otros 50 países. Es muy probable que sea argentino el calamar de la
Plaza Mayor de Madrid, la merluza a la bilbaína o los langostinos de
cuanta paella no valenciana se consume en España. ¿y la seguridad española?
Se refirió a ésta el dirigente español en el Seminario del Instituto
Marítimo Español (mayo/2020) y en el Seminario organizado por las
Universidades UTN y UFASTA (diciembre/2020). Es notable el concepto
feudal de Don Javier: nos habla de proteger a los trabajadores de la
pesca, a pesar de que España todavía no ratificó el Convenio de la OIT
C188 “sobre el trabajo en la pesca” y, sin embargo,
países que él considera alejados a sus estándares como Marruecos,
Namibia o el Senegal, donde los buques españoles explotan los recursos,
ya lo han ratificado -al igual que Argentina- para proveer mejor calidad
y seguridad laboral a sus trabajadores.
Supongo que la “sustentabilidad a la española” a
la que refiere Don Javier, no solo está referida a vender buques;
capturar en forma ilegal o no los recursos, al menor costo posible;
oponerse a las medidas de protección del recurso y medio ambiente (por
ej. la eliminación de buques de arrastre) o el establecimiento de AMP;
promover el consumo de pescado (lo apoyamos); sino también, a asegurarse
que los productos pesqueros que se importen se transformen en España.
Los sindicalistas argentinos muy agradecidos, el trabajo nacional se
regala a los países desarrollados -a pesar del 13,1% de desocupación
argentina- para que los españoles no vayan al paro.
Ya en 2020, los españoles, con Don Garat a la cabeza, están muy
preocupados por cuidar nuestros recursos y son perseverantes al
respecto. La Argentina no ratificó el Acuerdo de Nueva York porque,
además de ser una delegación de la administración inadmisible en las
Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (en adelante OROP) de
nuestros recursos originarios y migratorios en el Atlántico
Sudoccidental, sería violar la Cláusula Transitoria Primera de la
Constitución Nacional; pero, como ya me he referido en cinco anteriores
artículos (Lerena, César “Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur”
3/6/20; 5/6/20; 10/6/20; 12/6/20 y 16/6/20) Don Javier se dedica a dar
clases de sustentabilidad a la española y, promover Convenios con una
ignota ONG OPRAS (Una suerte de OROP), conformada por directivos
mayoritariamente de empresas extranjeras agrupadas en las Cámaras
sectoriales CAPECA y CAPA que firmaron con la Cámaras Españolas ANAMER y
CEPESCA un Acuerdo de conservación y explotación de los recursos
pesqueros del Atlántico Sur (¿?). ¿Qué pretensión tendría la
citada OPRAS y las Cámaras Argentinas? ¿Sustituir al Consejo Federal de
Pesquero en la fijación de la política pesquera en el Atlántico Sur? Bueno, OPRAS, seguro. Basta leer los Acuerdos. Ahora, ¿las Cámaras Españolas?
Se supone que deberían limitarse a promover acuerdos con la Argentina,
como Estado ribereño, para capturar en la Alta Mar las especies
migratorias originarias de la ZEE Argentina. Por cierto, esos Acuerdos,
son impresentables porque les permiten a los españoles seguir pescando
graciosamente en Malvinas. ¿o es una estrategia británica para hacerles de tapón a los chinos?
Esto de OPRAS no es casual, Don Javier está a favor de las OROP. En Roma (11/9/19) junto a la ICFA, abordó «la
gestión de las Áreas Marinas Protegidas, la Pesca ilegal (INDNR) y las
negociaciones de la BBNJ (Biodiversity Beoyond National Jurisdiction) y
subrayó la importancia de garantizar que este proceso no anule los
esfuerzos de las OROP» y, «…como ya las defendió en
reiteradas ocasiones, (las OROP) son los instrumentos más adecuados para
gestionar las poblaciones de peces transzonales y altamente
migratorias, así como las de otras especies asociadas».
Hablando en criollo, Don Garat, está a favor de una organización donde
los Estados de Bandera (entre ellos el español) contarían con mayoría de
votos por sobre los Estados Ribereños (Argentina y Uruguay) en el
Atlántico Sudoccidental. Además, de facilitar el intento, del R.U. de
ingresar a las OROP por su ocupación ilegal en Malvinas. No me imagino a
España oponiéndose a esta pretensión y, mucho menos a Don Javier,
oponiéndose a los intereses de sus mandantes, los empresarios españoles
que pescan ilegalmente en Malvinas.
¿Están verdaderamente los españoles preocupados por la sostenibilidad de los recursos y la pesca ilegal?
Veamos que dice este dirigente que los representa, a pesar de contar
con el Fondo Europeo de Pesca y la Fundación Biodiversidad y, pese, a
que más de 50 científicos acreditados del mar le pidieron a la U.E. que
actúe para poner fin a la sobrepesca, Javier Garat se manifestó
contrario al proyecto de reducir las capturas en la U.E., eliminar en
forma progresiva las redes de arrastre e ir hacia la pesca selectiva y
dijo: «el sector rechaza la propuesta de la CE de Biodiversidad de eliminar gradualmente la pesca de arrastre de fondo», lo que remató, la Consejera del Mar Rosa Quintana: «(los
españoles) solo destinan el 3% de sus buques arrastreros a pescar en
aguas comunitarias y el 97% restante los destinan a caladeros externos
(entre ellos el Atlántico Sur), donde 193 buques de gran porte efectúan
el 58% de las capturas». Es decir, el preocupado por cuidar el
recurso Don Javier, probablemente promoverá el envío a África occidental
o al Atlántico Sur lo que la U.E. rechaza; degradando, depredando y
dificultando las operaciones de los pesqueros argentinos. Por cierto,
también se opone a las Áreas Marítimas Protegidas (AMP) diciendo: «cerrar
el océano a la pesca entra en conflicto con objetivos fundamentales del
desarrollo sostenible, tales como aumentar la seguridad alimentaria y
reducir la pobreza» (chan-chan). Lo que propone el amigo Don
Javier se llama sostenibilidad débil. Debería saber, que la
sostenibilidad no solo es económica y social; también es biológica,
ambiental y cultural; por lo cual, bajo justificación de reducir el
hambre o la pobreza no se puede agotar un recurso de tercera generación,
ya que «la generación actual toma prestados los recursos a las generaciones venideras» (Brundtland, ONU, 1987). Garmendia y colaboradores (2010) considera «sostenibilidad
fuerte, a la que se preocupa por la salud del ecosistema, la que
asegura la sostenibilidad de los recursos, del ambiente y los
asentamientos humanos a perpetuidad» y la sustentabilidad empresaria y laboral.
También debiera conocer Don Javier, que las AMP tienen distinto tipo
de reservas y, entender, que un Estado ribereño, para el caso, tiene
facultades para imponer reservas, restricciones y vedas (no
necesariamente establecer AMP) para asegurar la reproducción, el desove y
el desarrollo de sus especies migratorias. Los empresarios son meros
concesionarios de un recurso del Estado.
La política de la sostenibilidad de la U.E. «…llevará a España a la gestión de licencias extranjeras» manifiesta
Don Javier. Suena, vamos por la pesca en Malvinas y en el Atlántico Sur
y, si ello fuera necesario, nos disfrazamos de corderos, OPRAS, OROP o
lo que fuera.
En esa sociedad británica-española, el R.U. tiene como aliado
estratégico a Chile y España construye una sociedad con Uruguay, donde
buques españoles utilizan sus puertos, como apoyo para sus operaciones
en Malvinas y en alta mar, cuyos ingresos económicos en favor de la
economía uruguaya generan vínculos que favorecen los intereses
británicos. Argentina, mientras tanto, no avanza en la natural sociedad
rioplatense; en la necesaria con Chile para favorecer la integración del
área Antártica y bioceánica y, en la impostergable relación con Brasil,
no solo comercial, sino para consolidar la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur”.
En cualquier caso, los españoles son funcionales a los británicos, ya
que en esta sociedad británica-española, han entendido que a partir del
Brexit la disputa se dará en los mares, fortaleciéndose el Commonwealth
y los territorios insulares, en especial los del Atlántico Sur. Una
estratégica geopolítica, militar, de proyección Antártida y manejo del
transporte y el comercio, que como consecuencia del aumento de cargas de
100 a 400 mil toneladas de los super-contenedores, transitan
obligatoriamente al pacífico por el Estrecho de Magallanes, ante la
imposibilidad de utilizar el canal de Panamá. ¿La Autoridad Argentina?
Pese a todas las recomendaciones de la OMC, la producción pesquera
española está subsidiada, contrario a la Argentina que sufre una fuerte
carga impositiva. Según EuropaAzul (7/7/2020) «Los gobiernos del
mundo gastan alrededor de 35 mil millones de dólares en subsidios
pesqueros cada año (…) investigaciones recientes del Prof. de Economía
Oceánica y Pesquera de la Universidad de Columbia Dr. Rashid Sumaila,
indican que la U.E. es uno de los cinco subsidiadores más grandes del
mundo y según Fernández Monge aproximadamente el 54% de los subsidios
son perjudiciales».
Don Javier ha hecho un destacado esfuerzo para ello: «las
ayudas del Fondo Europeo son importantes para financiar el trabajo,
afrontar la falta de ventas y el almacenamiento, aunque sería necesaria
más ayuda para fomentar el consumo del pescado español, como ha hecho
Francia».
Respecto al Brexit, contraria a la posición argentina, que busca
aislar a Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Antártida de la
U.E., España busca mantener su pesca en aguas británicas y en las aguas
de Malvinas. En prueba de ello, Javier cuida el interés de los españoles
y sus socios británicos. El 22 de enero de 2020 se reunió en Madrid con
la Secretaria de Pesca del Ministerio de APyA Alicia Villauriz, a la
cual -alineado con la European Fisheries Alliance (EUFA)- le manifestó
su interés de mantener: «…el acuerdo de libre comercio; el
reparto de la pesca entre el RU y UE.; el acceso a las aguas británicas
(donde pescan unos 80 buques españoles) y la continuación de la gestión
en los stocks compartidos…».
El felicidio de la llamada “Madre Patria” nos
debiera llamar a la reflexión. Ya pasaron 204 años desde que nos
independizamos de la monarquía española y de toda otra dominación
extranjera. Ha llegado el momento de que los argentinos -y en especial
nuestras Autoridades- le hagan notar a los españoles que somos un país
libre y soberano, comenzando a actuar para evitar la pesca ilegal de los
buques españoles y de los demás depredadores.
