La pesca ilegal podría desencadenar un conflicto diplomático

La pesca ilegal en las Islas Malvinas podría desencadenar un grave conflicto diplomático

Escenario Mundial






Una fundación argentina especializada en la pesca sostenible ha lanzado una advertencia acerca del creciente conflicto diplomático entre Argentina y el Reino Unido a raíz de la pesca ilegal en las aguas cercanas a las disputadas Islas Malvinas.

La Fundación Latinoamericana de Sustentabilidad Pesquera, también conocida como FULASP, ha presentado una denuncia oficial que resalta el incremento de barcos pesqueros ilegales operando durante la temporada de veda en las proximidades de las Islas Georgias del Sur, utilizando licencias británicas ilegales.

La denuncia hace hincapié en la urgente necesidad de poner fin a la concesión indiscriminada de permisos de pesca por parte del gobierno británico en la zona de exclusión. Cabe mencionar que esta zona está regulada desde 1982 por la Comisión CCMALR, encargada de la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, la cual está compuesta por 26 países miembros, incluyendo Argentina y el Reino Unido.

La FULASP ha comenzado negociaciones con las autoridades de la CCRVMA para presentar una solicitud respaldada por un informe que combina datos de acceso público y privado, así como información satelital. Según la fundación, esta actividad ilegal no solo pone en peligro los esfuerzos de conservación en Argentina, sino que también tiene graves repercusiones en la economía y las comunidades costeras.

En las aguas que rodean las Islas Malvinas, casi la mitad de la pesca total de Argentina se realiza ilegalmente por embarcaciones con licencias otorgadas por el gobierno británico. La pesca representa alrededor del 60% de los ingresos de las Islas Malvinas, lo que las sitúa entre las diez regiones con mayor PIB per cápita en todo el mundo.

Raúl Cereseto, presidente de la FULASP, ha dado a conocer que el Reino Unido otorga un gran número de licencias de pesca en las Islas Malvinas, lo que ha resultado en la creación de un sistema de extracción ilegal. Esta actividad ilegal tiene un impacto significativo en la economía argentina y en las comunidades costeras.

La denuncia también destaca la falta de comunicación entre Argentina y el Reino Unido con respecto al marco legal para la explotación pesquera, lo que ha llevado a la necesidad de establecer límites y políticas de pesca en la región. La FULASP advierte que esta actividad ilegal tiene graves repercusiones ambientales, económicas y sociales, afectando tanto la pesca en la región como el equilibrio del ecosistema en el Atlántico Sudoeste, lo que a su vez afecta directa e indirectamente a diversas especies marinas.

A pesar de las dificultades, la FULASP insiste en abordar el problema y busca soluciones que permitan controlar la pesca ilegal y garantizar la sostenibilidad en la región, mientras que el conflicto de soberanía persiste a largo plazo.