Polémica por las 18 áreas de explotación cerca de Malvinas

Polémica por concesión de 18 áreas para la explotación petrolera offshore cerca de Malvinas

Se publicó en el Boletín Oficial la resolución que hace oficial la concesión de 18 áreas para la explotación petrolera offshore, sin siquiera tomar en cuenta las presentaciones provinciales y judiciales que llamaban a revisar a quienes se les iba a concesionar determinadas áreas. En Tierra del Fuego impulsan distintas acciones de amparo que van desde la cuestión de la soberanía por la presencia de una firma británica hasta el riesgo ambiental y para la actividad económica.

Laura Colazo y Victoria Vuoto, candidatas a legisladoras provinciales por el Partido Verde, expresaron su “enérgico rechazo y repudio” al proceso público iniciado por el Gobierno de Mauricio Macri para la exploración de tres cuencas de la plataforma marítima continental argentina en busca de gas y petróleo. Como se viene denunciando, hoy se podría adjudicar a empresas británicas o con capitales y lazos británicos áreas marítimas para la exploración petrolera en clara violación de las leyes vigentes que prohíben esto.

En el marco de la visita del canciller Jorge Faurie a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la Senadora de la Nación Miriam Boyadjian le expresó la preocupación de los fueguinos a raíz de trascendidos sobre la concesión de áreas para la exploración de hidrocarburos en zonas de nuestro Mar Argentino adyacentes a Malvinas, territorio usurpado por el Reino Unido.

La semana pasada la Senadora presentó un Proyecto de Comunicación solicitando información sobre el tema. El Dr. Juan Manuel Vicente, secretario del juzgado federal de Río Grande, comprometió una pronta respuesta ante el amparo colectivo ingresado ayer, para frenar la adjudicación de áreas off shore a petroleras británicas.

Infografía confeccionada por el OETEC en base a la Secretaría de Energía. Las banderas señalan las áreas ganadas por Tullow, sea como parte de un consorcio como individualmente. Los escudos del gobierno kelper, en tanto, identifican las áreas ganadas por Equinor. Fuente: oetec.org.

A través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó la adjudicación de bloques de la plataforma marítima para el desarrollo de la explotación petrolera.

De acuerdo a la Resolución 276 de la secretaría de Energía que conduce Gustavo Lopetegui, tras el concurso se adjudicaron 18 áreas offshore que quedaron en manos de empresas y consorcios de empresas, entre las que se cuentan la estadounidense Exxon Mobil,la francesa Total, la británica Tullow, la noruega Equinor, YPF y la holandesa Shell.

También se declaró “desierto” el concurso en relación a otras áreas que no recibieron oferentes.

Las adjudicaciones no quedaron exentas de cuestionamientos. Es que la presencia de una firma británica con una concesión en cercanías de las Islas Malvinas no es sólo materia de polémica, sino además de presentaciones judiciales que abarcan la cuestión de la soberanía.

La 1ra presentación colectiva la encabezó el intendente de la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego) y candidato a gobernador, Gustavo Melella, quien este miércoles 15/05 pidió una acción de amparo ante el Juzgado Federal de esa ciudad.

“Lo que está ocurriendo es muy grave. El Gobierno Nacional ha asumido una postura de desentenderse de la cuestión de soberanía y cumplir los puntos del nefasto acuerdo Foradori Duncan, en el cual el Gobierno Nacional se compromete a despejar cualquier traba para el desarrollo británico en el Atlántico Sur”, aseguró.

De acuerdo a la prensa local, el amparo es contra el decreto 872, que es el que convocó a concurso público internacional para adjudicar permisos de exploración y explotación del ámbito Costa Afuera Nacional.

Al respecto, Juan Vicente, secretario del Juzgado Federal de Río Grande, sostuvo en declaraciones periodísticas: “Lo primero que hay que analizar es si existe la situación de peligro inminente, y si se requiere de una previa vista al Estado nacional o no. Calculo que el fiscal federal, ante la premura del caso, se expedirá de inmediato para que podamos tomar una decisión de fondo sobre la medida cautelar”.

Melella, por su parte, dijo que “nos estuvieron asesorando la exEmbajadora en Londres Alicia Castro y organizaciones vinculadas a la cuestión Malvinas para llevar a cabo esta presentación judicial en defensa de nuestra soberanía y de nuestros recursos naturales”.

“También se está pidiendo una medida cautelar de no innovar con el objeto de frenar el efecto ejecutorio de este decreto e impedir la adjudicación de los permisos a empresas que tienen vinculaciones con el gobierno ilegítimo británico de Malvinas. Creemos que esto es un impacto directo contra los derechos soberanos argentinos sobre nuestras islas”, subrayó.

Según denunció el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), Tullow, adjudicataria de 3 áreas, tuvo licencias otorgadas por el gobierno kelper en la Cuenca Malvinas Sur y su directora hasta 2018, Anne Drinkwater, en paralelo, “asesoró al gobierno colonial isleño en hidrocarburos, elaborando para sus autoridades una hoja de ruta para el sector hasta el 2018”. La OETEC agrega que la ejecutiva luego pasó a la noruega Equinor, tras el concurso argentino, que se hizo de 4 áreas en soledad y de otras en asociación con otras firmas, entre ellas, YPF. 2 de las áreas obtenidas se encuentran en la Cuenca Oeste.

“Entre las dos cuencas existe continuidad geológica, con lo cual los resultados de la exploración bajo el paraguas del Concurso N°1 serán determinantes para la campaña prospectiva al sur y este de las Malvinas, por cierto, en manos de Rockhopper”, firma que se quedó con las licencias británicas de Tullow, advierte la OETEC.

Por su parte, el gobierno fueguino también hará una presentación, según se informó este viernes. La gobernadora Rosana Bertone incorporó la cuestión ambiental y el impacto que la actividad petrolera tendría en la industria pesquera.

Desde el Ejecutivo fueguino sostuvieron que la decisión se funda en el riesgo que estas actividades supondrán para la industria pesquera y los recursos naturales argentinos y en la arbitrariedad manifiesta en la omisión de llevar a cabo los estudios de impacto ambiental exigidos por la legislación vigente.

Asimismo, se solicitará que tomen intervención los estamentos de control del Estado y todos aquellos que puedan ver afectada sus actividades reguladas dentro de la Zona Económica Exclusiva llevando a cabo la realización de las audiencias públicas correspondientes en las Comisiones respectivas del Congreso de la Nación.

En tanto, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, adelantó vía la red social Twitter que “vamos a presentar un amparo para ir en contra de esta decisión, ya que a nosotros siempre nos van a encontrar en el mismo lugar, defendiendo una Patria justa, libre y sobre todo soberana”.

“Nuevamente el gobierno nacional ataca nuestra soberanía con la adjudicación de áreas de exploración de gas y petróleo de la plataforma continental argentina a empresas británicas. No podemos permitir que se siga ignorando la legislación nacional que protege nuestros recursos naturales. No podemos mirar hacia otro lado mientras las petroleras británicas siguen explorando y explotando en la plataforma continental argentina”, disparó Vuoto en sendos tuits.

Laura Colazo y Victoria Vuoto, candidatas a legisladoras provinciales por el Partido Verde, expresaron su “enérgico rechazo y repudio” al proceso público iniciado por el Gobierno de Mauricio Macri para la exploración de tres cuencas de la plataforma marítima continental argentina en busca de gas y petróleo. Como se viene denunciando, hoy se podría adjudicar a empresas británicas o con capitales y lazos británicos áreas marítimas para la exploración petrolera en clara violación de las leyes vigentes que prohíben esto.

“Consideramos que es un nuevo capítulo en la larga lista de acciones de entrega de soberanía que ha tenido la gestión de Mauricio Macri”, expresó la concejal de Río Grande en referencia a las áreas que se adjudicarían a dos compañías cuestionadas por sus vínculos con el gobierno británico y la administración de las islas, en vulneración a la soberanía argentina.

Colazo señaló que “es un nivel inédito la ofensa que esto significa a nuestra soberanía nacional a la vulnerabilidad de esta zona, y a la Constitución Nacional en cuanto a nuestros legítimos reclamos sobre Malvinas”.

La dirigente del Partido Verde remarcó la importancia de la cuestión ambiental teniendo en cuenta que “la protección de los recursos naturales es una cuestión estratégica para el desarrollo de nuestro país y nuestra región patagónica”. Y apuntó a la necesidad de “comprender la verdadera magnitud del conflicto y de los recursos que están en juego: “En cuanto a los recursos petroleros representa una de las regiones más prometedoras del mundo y por otro lado es una de las grandes regiones pesqueras de importancia global” dijo considerando que “la pesca ilegal, no controlada es una de las mayores amenazas a la biodiversidad marina en todo el mundo, estos recursos están siendo depredados de forma ilegal y unilateral desconociendo los tratados firmados”.

En tanto la actual Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia, Victoria Vuoto, expresó que es un “escándalo en términos de discusiones de soberanía la entrega de offshore a empresas británicas”.

En ese sentido afirmó que “entendemos que el Congreso de la Nación debe avanzar en la prohibición de la explotación en manos de empresas británicas mientras siga en pie la usurpación de Malvinas y la Legislatura provincial declarar persona no grata a Mauricio Macri”.

En el marco de la visita del canciller Jorge Faurie a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la Senadora de la Nación Miriam Boyadjian le expresó la preocupación de los fueguinos a raíz de trascendidos sobre la concesión de áreas para la exploración de hidrocarburos en zonas de nuestro Mar Argentino adyacentes a Malvinas, territorio usurpado por el Reino Unido. La semana pasada la Senadora presentó un Proyecto de Comunicación solicitando información sobre el tema.

“Nos interesa que nos aclare acerca de la participación de diferentes empresas, entre ellas tres empresas británicas que se han adjudicado licitaciones de la Secretaría de Energía para realizar la exploración de hidrocarburos en zonas cercana a las usurpadas por el Reino Unido. Esto nos preocupa mucho a los fueguinos y nos enteramos todo por los medios”, le hizo saber la senadora al canciller Faurie.

La senadora también preguntó acerca del impacto sobre los recursos naturales en el área a explorar.

El canciller admitió que se han concedido licencias de exploración en aguas del Mar Argentino, y que esto se encuentra entre las facultades de la Secretaría de Energía. “Se han presentado una serie de empresas que son conglomerados de gran envergadura, entre ellas British Petroleum, Shell y Tullow”, aseguró.

“La zona en cuestión está vinculada con la Cuenca de Malvinas, de modo que estaremos atentos y pidiendo la información pertinente para garantizar la confidencialidad de la prospección geológica que estas empresas realicen y para garantizar la defensa de nuestra soberanìa”, señaló Boyadjian.

Amparo colectivo: “Previo a expedirnos tenemos que correr vista al fiscal federal”, advirtió el Dr. Vicente

El Dr. Juan Manuel Vicente, secretario del juzgado federal de Río Grande, comprometió una pronta respuesta ante el amparo colectivo ingresado ayer, para frenar la adjudicación de áreas off shore a petroleras británicas.

“La presentación se formalizó ayer, cerca del mediodía, por la vía de un amparo que solicita una medida cautelar, con relación al acto administrativo realizado en la cuenca Malvinas. A partir de ayer está siendo trabajado por el juzgado”, informó a Radio Nacional Ushuaia.

“Nosotros somos cautelosos al momento de brindar información sobre el contenido de la presentación y cuáles son los argumentos, porque el trámite nos exige que, previo a expedirnos con relación a esto, tenemos que correr vista al fiscal federal, para que opine si el juzgado es competente para intervenir y otras circunstancias que hacen a este pedido”, explicó, descartando que pueda dictarse sentencia hoy mismo, cuando se adjudican las áreas.

“No queremos hablar del contenido de esta petición por una cuestión de respeto, y no queremos que le llegue por radio antes que el expediente. Hubo bastante interés y nos consultaron en el transcurso de la semana si se había realizado la presentación o no”, resaltó.

Respecto de los plazos para definir el amparo, dijo que “la materia escogida es la vía del amparo, y se utiliza cuando hay una acción inminente que puede producir un daño. Hay que analizarlo con premura, en pocos días el fiscal nos va a estar contestando y vamos a tener que ir viendo cuál es el nivel de peligro inminente sobre esto para tomar una medida. Justamente la acción de amparo es una vía expedita, rápida, para tratar de impedir que se consagre un daño. Es una medida rápida y no se va a extender demasiado”, afirmó.

Consultado acerca de si, además, deben correr vista al Estado nacional, que es el demandado, indicó que “por las últimas modificaciones en amparos contra la administración, hay que analizar si se trata de medidas cautelares que requieren de una vista a la administración, o si por el contrario la urgencia requiere que se aplique la medida sin una vista. Es algo que vamos a analizar y hay dos posibilidades, que se corra traslado al Estado nacional para que conteste esta medida, o se dicte sentencia obviando esto”.

“No queremos adelantar una opinión al respecto, pero la premura del caso va a llevar a analizar los tiempos de cuándo se consagraría este acto de adjudicación. En el transcurso de estos días vamos a tener novedades de cómo va a ser el accionar”, manifestó.

“Lo primero que hay que analizar es si existe la situación de peligro inminente, y si se requiere de una previa vista al Estado nacional o no. Calculo que el fiscal federal, ante la premura del caso, se expedirá de inmediato para que podamos tomar una decisión de fondo sobre la medida cautelar”, concluyó.

Pareciere que al señor Secretario de Energía de la Nación la Constitución Nacional y las leyes que nos rigen, no son válidas cuando a retribuciones económicas o financieras o de negociados se refieren el Señor Gustavo Lopetegui hace caso omiso de los amparos judiciales existentes en el Juzgado Federal de Río Grande, y acompañando la definición injuriosa del Canciller Jorge Fauri de que “el tema Malvinas es para los fueguinos como el de la yerba mate para los misioneros…”, se tomó el tema como si la Argentina fuere una empresa y él el CEO y no un funcionario del Poder Ejecutivo que debe responder a la Constitución Nacional en el artículo que otorga soberanía sobre las áreas hidrocarburíferas y de minerales a las provincias, y como su desconocimiento pareciere total no entiende (o se hace el que no entiende y sabe) que la Provincia de Tierra del Fuego es además de las Islas del Atlántico Sur y del mar argentino que las circunscribe.

La Justicia Federal de Río Grande debe ponerse los pantalones largos y anular definitivamente estas mamarrachadas llevadas a cabo por este mal funcionario nacional, y como en otras áreas defender los derechos de los ciudadanos que no es otra cosa que defender al Pueblo y a la Patria misma. (Ing. Juan Esteban Ivanoff Tzvetcof - ICIMISS)

03/06/2019 #NUESTROMAR