La criminal desinversión en defensa de la democracia argentina

La política de Defensa de la última década

Las fuerzas armadas se encuentran en una situación de abandono. El Estado tiene la obligación de facilitarles los recursos e insertarlas en el esquema institucional, no como enemigos encubiertos, sino como una herramienta fundamental del poder estatal. 

Por Horacio Sánchez Mariño.
El autor es coronel (R) del Ejército Argentino- Veterano de la Guerra de Malvinas. Oficial de Estado Mayor.




Las fuerzas armadas sufrieron transformaciones muy importantes en las últimas décadas. Estas fueron el resultado de los esfuerzos de autoridades civiles y militares para dejar atrás las secuelas de la dictadura militar, la derrota de Malvinas y las rebeliones carapintadas. Sin embargo, es escasa la atención que la Defensa ejerce sobre la investigación académica, como bien remarca Máximo Badaró, uno de los pocos profesionales dedicados a investigar el tema (Historias del Ejército Argentino. 1990-2010: democracia, política y sociedad, Buenos Aires, Edhasa, 2013). En efecto, son contados los investigadores y algunos de ellos desempeñaron cargos en el gobierno, cuestión que afecta la ecuanimidad científica. Entonces, lo poco que se conoce de la Defensa se presenta a la sociedad civil de manera sesgada. Es posible hacer un balance de los doce años kirchneristas con la certeza de que la Defensa es uno de enormes problemas que el presidente debe solucionar.

Con la llegada de Kirchner, las fuerzas armadas volvieron a los primeros planos después de muchos años de escasa visibilidad. Los gestos iniciales de un presidente políticamente débil se caracterizaron por la sobreactuación para ganar prestigio y poder a costa de un sector que había desparecido de la vida política. Desde la purga de altos jefes militares, nunca ocultó sus obsesiones. Luego, vino la ociosa mise en scene con los cuadros del Colegio Militar y el acto en la ESMA, donde desconoció los dignos esfuerzos de sus antecesores. A partir de allí, las agresiones gratuitas a los militares se convirtieron en una práctica normal. El uso político de los uniformados se realizó detrás de una máscara de mando firme que no conllevaba ningún riesgo ni podía ser contestada por quienes se rigen por una disciplina rigurosa, con acento en el respeto a las autoridades constitucionales.

Sin embargo, más allá de los rituales humillantes, la Defensa nacional, función de origen constitucional, fue tristemente abandonada. En esta área encontramos un sello de esas administraciones: la impostura de predicar políticas progresistas y aplicar ajustes ortodoxos. En efecto, detrás de aquella épica simulada, el porcentaje del Producto Bruto Interno destinado a la función Defensa descendió del 1,5 al 0,7 en doce años, mientras el crecimiento económico duplicó el Producto en el período de Néstor Kirchner. Los gastos de Defensa no acompañaron el incremento del PBI, sino que fue llevado a valores ínfimos del Presupuesto Nacional. Es entendible que estos gastos no se incrementen en períodos de estancamiento económico o recesión, pero en un marcado crecimiento la explicación reside en la decisión de mantener ajustada la variable.

Como resultado de esta desinversión no pasó demasiado tiempo para que los accidentes fatales empezaran a multiplicarse. Aviones desplomados, barcos incendiados, la captura de las fragata Libertad, el hundimiento de la Santísima Trinidad, hasta el fiasco de las campañas antárticas, estos episodios evidencian la desidia, improvisación y falta de profesionalismo de los funcionarios. Los salarios militares, históricamente bastardeados, profundizaron su caída en términos reales, manteniéndose la fórmula del menemismo de pagar suplementos en negro. Los militares, sin embargo, soportaron el maltrato, sin perder en ningún momento la disciplina.

 Como resultado de esta desinversión no pasó demasiado tiempo para que los accidentes fatales empezaran a multiplicarse

Derechos humanos

El Poder Ejecutivo tomó el tema de los derechos humanos y lo convirtió en un eje de la política de Defensa, postergando otras cuestiones. Esto se implementó debido a circunstancias políticas excepcionales. Cuando Néstor Kirchner, un gobernador de una provincia pequeña que nunca se había ocupado del tema llegó al poder con el 22 % de los votos, debió asumir muy debilitado y casi sin aliados. Entonces, formó una alianza con ONG, antiguos cuadros de la guerrilla, periodistas e intelectuales de izquierda que venían bregando por la colocación del tema del juzgamiento de los militares en la agenda política. Éstos se convirtieron en aliados incondicionales del gobierno, estableciendo una coalición sólida. Las organizaciones no gubernamentales bregaron permanentemente por el juzgamiento y el gobierno de Kirchner abrió esa posibilidad. El Estado impulsó los juicios, involucrando al Ministerio de Defensa junto a la secretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Procuración Fiscal.

Los Kirchner nunca habían demostrado sensibilidad hacia el tema, pero la política de derechos humanos se convirtió en una estrategia abierta para ganarse a los sectores progresistas. ¿Quién podría oponerse? ¿Quién, en su sano juicio, defendería a los militares? Así, se impulsó la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y se inició la persecución penal por hechos de la década del setenta. En una sociedad democrática, una política pública establecida por un gobierno legítimo no puede ser discutida, pero tratándose de acciones que inciden directamente sobre la disciplina y la cohesión de instituciones esenciales del Estado, como son las Fuerzas Armadas, las consecuencias deben ser tenidas en cuenta. La tergiversación de lo ocurrido en aquella década se manifestó en un relato innoble.

La implementación de esta política favoreció el desprestigio de las instituciones armadas e instaló la sospecha sobre sus integrantes, tanto por las acciones llevadas adelante como por su impacto mediático.

Un equipo antropológico desarrolló un trabajo de campo, cuyas conclusiones reflejaron la realidad del bajo estado moral, el desánimo y la falta de expectativas del personal militar, destacando los severos problemas presupuestarios y salariales. Lamentablemente, este estudio se ocultó convenientemente. Luego, se realizaron algunas breves actividades académicas, de cuyo resultado se presentó un plan de reforma educativa militar.

El plan educativo fue aprobado por decreto y puesto en vigencia directamente. La reforma se focalizó en la búsqueda de la "ciudadanización" de los militares, dejando de lado el saber esencial que consiste en prepararse para la guerra. Las actividades operacionales se minimizaron y el equipamiento nunca se tuvo en cuenta; los conocimientos básicos como el tiro, la navegación o el vuelo pasaron a segundo plano. A tal punto la ideología predominó que las tropas designadas para integrar fuerzas de paz no podían entrenarse en combate urbano, ya que jóvenes recién egresados de la universidad que nunca vieron un soldado de cerca dictaminaron que esas operaciones no estaban autorizadas por la ley de Defensa.


Las tropas designadas para integrar fuerzas de paz no podían entrenarse en combate urbano. Foto: archivo DEF.

Al mismo tiempo, se implementó una política maccartista en el Ministerio que, con la excusa del control civil y los derechos humanos, buscaba el disciplinamiento por el temor. Los ascensos fueron digitados en las sombras desde ese organismo, apoyados por organizaciones no gubernamentales de aceitados vínculos con órganos de inteligencia estatal. En un libro laudatorio de la política kirchnerista, Marcelo Saín lo expresa cándidamente: "No fueron pocos los hechos recientes que mostraron cierta proclividad a apoyar la gestión ministerial o algunas decisiones centrales de la misma en 'asesores militares y de inteligencia' de poca monta." (Los votos y las botas, Buenos Aires, Prometeo, 2010, página 243).

A muchos oficiales se les negó el ascenso en purgas impropias de una república democrática, donde debe privilegiarse el mérito. Como ejemplo de la perversidad de esta política, muchos oficiales fueron relegados en su ascenso por portación de apellido. Como dice en voz alta Badaró: "Los criterios privilegiados para evaluar los pedidos de ascensos fueron las afinidades políticas, la formación técnica y las trayectorias profesionales, en algunos casos, los vínculos familiares de los candidatos con militares que habían actuado en la última dictadura militar" (página 47). Desde la Modernidad se estableció el principio de no vincular a los hijos con los hechos de los padres, por lo que estos actos reñidos con la justicia deben ser rectificados alguna vez.

Estas decisiones no fueron accidentales. El honor mismo como concepto, fue erradicado por el kirchnerismo. Con el objetivo de terminar con instituciones que supuestamente pertenecían a una visión aristocrática de la vida militar, se eliminaron los tribunales de honor. Cualquier institución profesional tiene un tribunal de ética y la tradición indica que los mismos nacieron de la ética sanmartiniana, de fuerte peso cultural en el universo castrense. El abandono del honor militar llevó un mensaje de tolerancia ante las conductas deshonrosas; sin embargo, estas éticas indoloras de la posmodernidad no se ajustan a instituciones donde rigen imperativos categóricos, empezando por el cumplimiento del deber y la disposición de dar la vida por la Patria. Llamativamente, al eliminar los tribunales de honor, abrieron correos electrónicos para recibir denuncias anónimas.

La pobreza como castigo

Por otro lado, la situación salarial empeoró paulatinamente. El estigma de la postergación salarial no se modificó y durante largos períodos un gran porcentaje de los militares se mantuvo por debajo de la línea de la pobreza. El pago de sumas no remunerativas al personal en actividad fue nuevamente instalado. Esta política violaba toda normativa laboral y acarreó numerosos juicios, creando una maraña de fallos judiciales. A instancias del gobierno, con los salarios militares y de seguridad se incrementaron los desequilibrios de una situación cada vez más compleja. Uno de los resultados fue una rebelión de elementos de Gendarmería y Prefectura.

En uno de los períodos se negaron aumentos durante diecinueve meses. Badaró considera que "para muchos militares, sobre todo para los más jóvenes, el aumento de esta precariedad redundó en una mayor conciencia de su igualdad de estatus y con la mayoría de los ciudadanos argentinos también afectados por crisis económicas e institucionales. Los avances en el reconocimiento de esta igualdad de estatus simbólico y moral entre Ejército y sociedad constituyen una vía de ciudadanización de los militares" (página 211). Esta original idea se opone al origen mismo del concepto de ciudadanización iniciado en la Revolución Francesa, donde los hombres eran considerados ciudadanos por el hecho de integrar las tropas que defendían a Francia. La visión del autor parece decir que la ciudadanía llega con la precarización y con una pérdida de derechos.


El porcentaje del PBI destinado a Defensa descendió del 1,5 al 0,7 en doce años. Foto: Fernando Calzada.

La Defensa Nacional ha sufrido un serio deterioro que debe ser revertido, a riesgo de permanecer en estado de indefensión. Recordemos la finalidad de la Defensa, especificada en la Ley correspondiente: "Garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y la capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes". Es hora de revertir el abandono de instituciones fundamentales de la Nación. Si el Estado decide contar con Fuerzas Armadas tiene la obligación de facilitarles los recursos e insertarlas en el esquema institucional, no como enemigos encubiertos sino como una herramienta fundamental del poder estatal. Las Fuerzas Armadas que hoy trabajan silenciosamente, disciplinadas y cohesionadas merecen la oportunidad de vivir un período de tranquilidad, cerca de la sociedad civil, de donde salen sus integrantes y que en su mayoría los respeta y aprecia.