Nicolás Márquez - Infobae
Las organizaciones que se arrogan la exclusividad de velar por los derechos humanos han tenido la sórdida habilidad de imponer no una discutible visión de la historia sino un dogma de Fe, el cual nadie puede cuestionar y todo aquel que lo contradiga cae preso de un linchamiento mediático, judicial o político.
Una vez más retomamos a la polémica sobre "los 30 mil desaparecidos", y el protagonista de la misma fue el director de la Aduana Juan José Gómez Centurión, cuyas recientes declaraciones relativas al último gobierno militar que más enfadaron a los grupos que detentan el monopolio del bien fueron tres afirmaciones siguientes:
1) "No fueron 30 mil los desaparecidos". 2) "No hubo un genocidio". 3) "Lo ocurrido en los años 70 fue una guerra".
Desconocemos el motivo de tanta ira por parte de sus detractores y lamentamos la pusilanimidad del gobierno actual, quien obligó a Gómez Centurión a pedir disculpas por el sólo hecho de opinar ajustándose a la verdad. Vamos por partes.
1) Del último listado gubernamental y oficial de desaparecidos actualizado por la Secretaría de Derechos Humanos en marzo del 2006 (presidencia de Néstor Kirchner) se confirmó que la cifra real de desaparecidos durante el Proceso de Reorganización Nacional fue la siguiente: 6.809 (datos luego detallados en la edición del libro Nunca Más publicada ese mismo año por Eudeba).
2) La Convención de Ginebra suscripta el 9 de diciembre de 1.948 tipifica el término "genocidio" en su art.2° y allí se define que es:
"la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal"
En consonancia, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1.998 define el "genocidio" en su artículo 6 y allí se nos dice lo siguiente:
"se entenderá por ´genocidio´ cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal".
Las circunstancias definidas, obviamente no se dieron durante el conflicto militar contra el terrorismo en nuestro país, puesto que desde ninguna óptica se intentó efectuar ninguna destrucción a grupos étnicos, raciales, ni religiosos, sino a bandas terroristas (fundamentalmente a Montoneros y al ERP –Ejército Revolucionario del Pueblo) que operaban en el país desde mucho antes de la existencia del último gobierno militar, en el afán de asaltar el poder del Estado.
En efecto, durante el trágico desencuentro de los años 70 las Fuerzas Armadas combatieron a los integrantes de dichas organizaciones no por lo que eran, sino por lo que hacían. Que esa guerra iniciada mucho antes del 24 de marzo de 1976 haya contado con irregularidades muy graves por parte de las Fuerzas Armadas no desnaturaliza en absoluto el carácter contrainsurgente de la misma y la condición de desaparecido no convierte al terrorista en inocente.
Podría argumentarse que muchos de los desaparecidos no eran guerrilleros sino simples ciudadanos pacíficos que portaban ideas solidarias, pero los hechos históricos parecieran desmentir esta romántica versión del pasado: basta con saber que Montoneros tuvo al menos 5500 bajas y el ERP 1500, a las que cabe sumar las padecidas por bandas terroristas de menor envergadura como FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), FAR (Fuerzas Armadas revolucionarias) u OCPO (Organización Comunista Poder Obrero).
Va de suyo que no descartamos la existencia de muertos inocentes y ajenos a estas organizaciones en tan trágico período, pero lo que sí resulta evidente es que estas desdichadas situaciones constituyeron la excepción y no la norma, excepciones que por otra parte se registran toda vez que se produce una guerra civil de carácter irregular.
Y aquí viene la tercera afirmación de Gómez Centurión que enardeció a los mismos sectores que en esta materia detentan el acaparamiento de la ética pero que semanas atrás despidieron al dictador crónico Fidel Castro como si éste hubiese sido un baluarte de la paz y los derechos humanos: ¿lo vivido en los años setenta fue una guerra?
3) "Coincido con Videla, fue una guerra" declaró el máximo jerarca Montonero Mario Firmenich en reportaje concedido a Javier Vigo Leguizamón. Afirmación que no sólo se haya fundada por el sinfín de hechos objetivos que registra nuestra historia reciente, sino en lo establecido por la sentencia de la Cámara Federal que en 1.985 juzgó a la Junta Militar en la famosa Causa 13. El fallo, entre otras cosas, determinó:
"En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria…»; «algunos de los hechos de esa guerra interna habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar…»; «…no hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra, pues ambas partes son bélicamente iguales»; «…como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado".
Que lo dicho por Gómez Centurión se ajuste a sobrados argumentos históricos, jurídicos o políticos no implica necesariamente que el dicente y funcionario de la Aduana sea portador de la verdad revelada, pero sí implica que no dijo nada irresponsable, sus afirmaciones se hallan respaldadas por documentos oficiales y de fácil acceso, y que por otra parte, es hora de que terminemos con la hipocresía de vivir bajo el yugo de una falsa libertad de expresión, en la cual toda opinión que se insubordine al arbitrario catecismo progresista deba ser sancionado, aunque lo dicho sea comprobadamente cierto, como en el caso que nos ocupa.
Es autor es abogado, docente y escritor. Su último libro se titula "El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Ideología de Género o Subversión Cultural" (Ed. Grupo Unión)
